Frente a recientes acusaciones sobre el funcionamiento de los comedores escolares en la Provincia del Chaco, la diputada provincial Pía Cavana presentó información y documentación detallada que respalda la continuidad y eficiencia del servicio.
La exministra señaló que, ”hasta el año 2023 operaban 1.768 servicios de comedores escolares, beneficiando a 252.500 niños y niñas de entre 4 y 14 años, con una inversión cercana a los 8 mil millones de pesos anuales por parte del Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y el Gobierno nacional.
En el año 2023, la implementación del servicio se formalizó mediante el Decreto 391, con una inversión de $5.741.061.200, y el Decreto 1270, que ratificó el Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, con una inversión adicional de $2.077.993.900.
Los fondos fueron administrados a través del Concurso Público Nº 15/2022 para 341 escuelas, garantizando así el inicio sin demoras de los comedores escolares en marzo de 2023 en las localidades del Gran Resistencia y Sáenz Peña. En más de 40 localidades se firmaron convenios para que los municipios se encarguen de las compras y entreguen los alimentos a las escuelas, mientras que en el resto de las localidades se adquirieron productos de comercios locales, supermercados de la región, y pequeños y medianos productores, todos ajustados a los precios establecidos por el Estado”, precisó.
Cavana también compartió el menú nutricional diseñado por la Unidad de Seguimiento Nutricional del entonces Ministerio de Desarrollo Social, que se ofrecía a los alumnos.
Cabe recordar que, desde el inicio del ciclo lectivo tras el receso invernal, diputados del Frente Chaqueño y del Frente Integrador presentaron una solicitud de intervención ante la Defensoría General, la Defensoría del Pueblo y el IDACH. Informaron denuncias sobre el mal estado de los alimentos y relatos de docentes rurales que mencionaban que los niños sufrían desmayos, descomposición y somnolencia en clase debido a la falta de una alimentación adecuada.
“La prioridad es clara: afrontar la crisis social. La demanda alimentaria creció y la asistencia del Estado disminuyó o, en algunos lugares, desapareció. Necesitamos que se garantice lo básico, que es la alimentación adecuada de los niños y niñas. Ese es su derecho y es el deber del gobierno asegurarlo”, enfatizó la diputada.
Además, Cavana defendió la gestión de los comedores escolares durante su mandato: “Funcionaban, aunque con deficiencias debido al aumento de precios de los alimentos, pero nunca estuvieron suspendidos por más de cinco meses, ni siquiera durante la pandemia, cuando la crisis humanitaria era extrema”.
Por último, informó que la Defensoría General, la Defensoría del Pueblo y el IDACH actuaron de inmediato. La primera audiencia se llevará a cabo la próxima semana, donde todas las partes se reunirán para asegurar la reactivación de los comedores escolares.