En ese marco, el Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial del Chaco emitió un comunicado en el que reafirma su acompañamiento activo al compromiso internacional asumido por el Estado argentino en el caso Nº 13.596: “Encaje, Amanda y Familia”.
El caso se encuentra en trámite ante la CIDH en el marco del acuerdo de solución amistosa suscripto por Argentina el 12 de julio de 2021 y homologado mediante el Informe Nº 207/21. Dicho acuerdo contempla, entre otros puntos, la creación de un cargo específico de Defensor de Víctimas con dedicación exclusiva para la atención de víctimas de delitos.
Con la sanción de la Ley Nº 3114-J, el Ministerio Público de la Defensa ha desplegado diversas acciones institucionales para efectivizar este compromiso, entre las que se destacan:
- La remisión de un oficio, con fecha 14 de octubre de 2022, a la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo provincial, incluyendo en el presupuesto 2023 la propuesta de creación de Defensorías de Víctimas.
- Oficios dirigidos al gobernador (08/05/23), a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros (10/05/23), y al Ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons (sin respuesta).
- Proyecciones presupuestarias elevadas al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para los años 2023 y 2024, incluyendo la incorporación de las Defensorías de Víctimas.
- Solicitudes reiteradas al STJ para que inste al Poder Ejecutivo a avanzar con la implementación del compromiso, que obtuvieron como respuesta una resolución del presidente del cuerpo en ese sentido.
- Audiencias solicitadas y celebradas, entre ellas, la realizada el 8 de agosto de 2024 junto a familiares de las víctimas, sus representantes legales y el ministro de Justicia, Jorge Gómez.
A pesar de los esfuerzos realizados, desde la Defensoría General se informa que aún no se ha logrado una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades correspondientes. Sin embargo, se remarca que el Ministerio Público de la Defensa continúa brindando asistencia permanente a las víctimas de delitos, en cumplimiento de la Resolución Nº 5/2017, en consonancia con su misión institucional y con los estándares internacionales de derechos humanos.