En Tucumán, a los 25 despedidos de hace diez días en una obra de renovación de vías, en Burruyacu, se sumaron 24 en Famaillá, municipio en donde está en ejecución la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales, tarea que realiza la firma nacional Dycasa.
Además, esta semana será clave para saber qué sucederá con los 31 empleados de la empresa Conorvial que efectúa trabajos sobre la ruta provincial 307, en la zona de Tafí del Valle, tal como advirtió desde el gremio de la construcción, UOCRA. Para evitar desvinculaciones, ante el retraso de pagos y la amenaza de desfinanciamiento nacional, el gremio acordó con la empresa el anticipo de vacaciones que expiran en los próximos días.
En La Rioja se encendieron las alarmas hace una semana, cuando la firma Stornini SA envió telegramas a 50 obreros y tres días más tarde se repitió con otros 60. Todos prestaban servicios en la construcción del nuevo hospital público en el municipio de Chilecito, que se financia a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y que supone una inversión aproximada de $2.000 millones.
En esta provincia, de acuerdo con datos oficiales, hay 34 obras en ejecución que dependen, en gran medida, de partidas nacionales y que van desde la construcción de nuevas rutas y puentes, hasta viviendas. De acuerdo con la Cámara de la Construcción local, el porcentaje de trabajadores en las obras públicas es del 80%.
Córdoba tampoco quedó al margen de la incipiente ola de desocupación en la construcción pública. La empresa Luciano SA desvinculó a 40 empleados en los últimos días, de la obra autovía Río Cuarto-Holmberg que hace dos semanas ya se había paralizado. Según la UOCRA local, ya suman alrededor de 100 los despedidos en estas semanas. En este distrito, de acuerdo con cifras del Ministerio de Obras Públicas, en los últimos cuatro años la inversión nacional en infraestructura se tradujo en 973 obras y proyectos, con $195.262 millones de inversión. Cortar este flujo provocaría un alto costo, también social.
Viviendas
El pasado viernes no terminó bien en Salta, en la ciudad de Orán, debido a que 60 cesanteados de la empresa Vicente Moncho SA, que realiza obras en la Ciudad Judicial oranense, protestaron con un corte sobre la Ruta Nacional 50 porque el día anterior recibieron las notificaciones del cese de actividades y la desvinculación. La obra se paralizó. Según la dirigencia de la UOCRA, desde la empresa se señaló que por la inflación el presupuesto quedó desfasado y se teme que no haya más fondos nacionales. Esta semana volverían las protestas sobre la ruta, en el acceso sur de Orán.
En Catamarca, en declaraciones a medios de esa provincia, la presidenta de la Cámara de la Construcción, Anahí Díaz, admitió que se paralizaron algunas obras públicas, como las del programa nacional Casa Propia, ante la incertidumbre por el pago de certificados y la garantía de su continuidad. Se encuentran en ejecución 1.100 viviendas, están proyectadas otras 400, con presupuesto aprobado, y en total implican 3.000 puestos de trabajo. No descartó que pudiera haber despidos en los próximos días.
El gobernador Raúl Jalil recibió a Díaz en los últimos días para garantizar la continuidad de los fondos provinciales que nutren algunas obras pero que, por su dimensión, no pueden reemplazar a los recursos del Estado nacional. Las partes quedaron en reunirse tras la asunción del Milei, el próximo 10 de diciembre.
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