La investigación por presuntas irregularidades en comedores populares y supuestas extorsiones a beneficiarios de planes sociales para que concurrieran a movilizaciones tendrá también un capítulo en la Justicia Electoral.
El juez federal Sebastián Casanello evalúa “extraer testimonios” (formular una nueva denuncia) sobre la base de contenidos de chats aportados por cinco testigos, de los que se desprende una exhortación a votar en las últimas elecciones a candidatos del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).
El juez dispuso peritajes en los teléfonos secuestrados durante los allanamientos del lunes último, pero independientemente de eso cuenta con capturas de pantalla de chats en los que uno de los imputados, Gustavo Vásquez, llama a votar a la candidata a jefa de Gobierno Vanina Biasi.
En al menos dos oportunidades, Vásquez arengó en un grupo de Whatsapp a que los beneficiarios de planes sociales y comedores votaran a Biasi e incluso les exigió que se sacaran fotos al momento de emitir el sufragio.
En la parte penal de la investigación, los delitos que están bajo la lupa son los de “administración fraudulenta por abuso de confianza, extorsión y coacción”.
Fuentes judiciales aclararon, por otra parte, detalles sobre el supuesto hallazgo de 54 mil dólares en uno de los allanamientos.
En rigor, ello no ocurrió; sí hubo secuestro de dólares, por una cantidad aún no especificada con precisión, en varios allanamientos.
Los montos más importantes fueron hallados en sendos sobres, uno de los cuales contenía unos 20 mil dólares y la leyenda “sucesión”, y otro por una suma menor decía “ahorros Polo Obrero”.
El juez dispuso, además, incluir a cinco denunciantes en el programa de protección de testigos, a raíz de que sus nombres –que permanecían en el anonimato hasta que la Cámara Federal ordenó realizar los allanamientos- ahora son conocidos por todas las partes que ya designaron abogados y tienen acceso al expediente.
NA