La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dejó sin efecto la Resolución General 5607/2024, que dispuso la reclasificación tributaria de la actividad de influencers y streamers. La medida enfureció a algún sector de Casa Rosada y dio lugar al desplazamiento de la Dirección Ejecutiva del organismo a Florencia Misrahi, quien fue reemplazada por Juan Alberto Pazo.
Sin embargo, el paso en falso abrió una puerta inesperada porque un un grupo de creadores de contenido aprovechó el reconocimiento de su actividad como productiva y generadora de capacidad contributiva y lanzó su propia organización gremial. La presentación se hizo, dónde si no, en sus redes sociales.
”Ante el atropello de este gobierno contra los influencers, nos agrupamos en defensa de nuestros derechos”. Con estas palabras se anunció la creación del Sindicato de Influencers Agrupados (SIA) de la mano de un grupo de creadores de contenido para redes sociales que ya trabajaban conjuntamente en un proyecto llamado La Liga de la Justicia Social.
Aseguran que ”no tenemos líderes. Somos un grupo donde todos aportamos”, que en conjunto ”vamos a exigir el respeto de nuestros derechos”.
Efectivamente, con la Resolución General 5612/24 se abrogó la ya citada Resolución 5607. ”Con el objeto de reflejar correctamente las nuevas modalidades de negocio en el actual contexto económico y financiero, se estima necesario efectuar un nuevo análisis de las actividades a incorporar”, argumentó el nuevo funcionario.
El SIA vio en esta regulación la incorporación de los influencers al clasificador de actividades económicas que constituía un ”atropello” hacia ”un grupo tan precarizado y subestimado por el mercado laboral”. ”Merece que nos agrupemos y comencemos a exigir el respeto de nuestros derechos”, afirmaron.
El agrupamiento surge por ”la coyuntura política, social y económica” de Argentina para combatir ”los avances del neoliberalismo salvaje que volvió a azotar”.
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