“Sin tener en cuenta el fondo, el Tribunal suspende administrativamente la decisión del tribunal de distrito” de permitir la interrupción del embarazo qye amenaza su fertilidad y su vida, informó a última hora de ayer el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés), que representa a la mujer.
El fiscal general del estado, Ken Paxton, había presentado el jueves un pedido ante la Corte Suprema texana para dejar sin efecto la autorización judicial que horas antes le había otorgado a la mujer la jueza de distrito Maya Guerra Gamble para poder interrumpir su embarazo.
La mujer embarazada cuya vida corre riesgo tiene 31 años, dos hijos y reside en Dallas.
Al realizarse los estudios de rutina, supo que su hijo en camino tiene trisomía 18, una condición genética que podría ocasionar un aborto espontáneo o una corta sobrevivencia del menor.
Según sus médicos, el embarazo amenaza incluso su vida. Ella aún quiere ser madre y volver a embarazarse. Si sobrevive, su fertilidad puede verse afectada, dice su demanda.
La Corte Suprema precisó que el pedido de la mujer seguirá en el tribunal para su evaluación, pero que por ahora la suspensión se aplica también a Justin, esposo de Kate, y a la doctora Damla Karsan, quien auscultó a Kate y se ofreció a atenderla en el procedimiento. Las leyes de Texas también sancionan a quienes colaboren con el aborto.
“Si bien todavía esperamos que el Tribunal finalmente rechace la solicitud del estado y lo haga rápidamente, en este caso tememos que una justicia demorada sea una justicia denegada”, dijo Molly Duane, abogada principal del CRR.
“Estamos hablando de atención médica urgente. Ya tiene 20 semanas de embarazo. Esta es la razón por la que las personas no deberían de rogar por atención médica en un tribunal de justicia”, agregó.
El CRR reclama porque las excepciones médicas al aborto en Texas para cuando la vida de la madre está en riesgo no son claras y dejan a los doctores con las “manos atadas”. Por eso pidieron la intervención judicial.
La jueza Maya Guerra Gamble había dicho en el fallo que “la idea de que la señora (…) desea desesperadamente ser madre y que esta ley podría hacer que pierda esa capacidad, es impactante y sería un error judicial (no conceder su solicitud)”.
El caso es el primero de este tipo desde que en junio de 2022 la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo Roe v. Wade, que garantizó durante medio siglo a nivel federal el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos.
Tras conocer el fallo de la juez Guerra Gamble el jueves, el fiscal envió cartas a hospitales advirtiéndoles de las consecuencias “civiles y penales” que podrían sufrir si practicaban un aborto en sus instalaciones.
Además, Paxton calificó a la jueza de “activista” y dijo que abusó de su función al considerar que la mujer califica para una excepción médica. Su despacho consideró “subjetivas” las recomendaciones de la doctora Karsan para la realización de un aborto.
Los médicos de Texas hallados culpables de realizar abortos ilegales se enfrentan a hasta 99 años de prisión, multas de hasta 100.000 dólares y la revocación de su licencia.
El abogado del CRR, Marc Hearron, dijo el jueves que Paxton trata de “derribar el sistema legal” para que Kate y mujeres con casos similares “sigan sufriendo”.
La organización también lidera una demanda en nombre de 20 mujeres a las que se les negó el aborto en Texas pese a que tuvieron complicaciones severas de salud. En algunos casos, sus hijos nacieron muertos o sobrevivieron pocas horas tras nacer. Quienes pudieron, viajaron a abortar fuera de Texas.
El caso también está en la Corte Suprema de Texas, que debe pronunciarse sobre si fija con claridad las excepciones al aborto y bloquea algunas prohibiciones.
Fuente: Télam