La presidenta de los Jubilados y Pensionados de Corrientes, Leonarda “Pocha” Correa, manifestó que el traspaso “implicaría un total desconocimiento a la autonomía provincial”. Asimismo, agregó que una “armonización” significa, en esencia, “un cambio en la administración de los fondos jubilatorios, lo que genera temor a la pérdida de facultades y a las posibles modificaciones en las condiciones jubilatorias de los trabajadores estatales”.
“La autonomía provincial no puede ser utilizada para desconocer o vulnerar los derechos reconocidos a nivel nacional ni para actuar en contra de la Constitución o los tratados internacionales”, explicó. Asimismo, pidió “no menoscabar los derechos sociales que garantizan condiciones de vida digna para todos los ciudadanos, incluyendo acceso a educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad social”, entre otros.
En esa misma línea, el documento presentado a diputados, senadores y al ejecutivo, indica que “las provincias tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de estos derechos sociales dentro de sus territorios, pudiendo establecer políticas y regulaciones específicas para ello. Por ende, la autonomía provincial permite a las provincias adaptar la implementación de los derechos sociales a sus realidades particulares, buscando soluciones que se ajusten a las necesidades de sus habitantes”.
Además, la comisión directiva del Centro de Jubilados y Pensionados expresó la necesidad de que todos los candidatos a gobernador de la provincia se expresen en defensa de la autonomía del Instituto de Previsión Social Provincial, y de los derechos conquistados por los jubilados y pensionados de Corrientes.
Momarandu