El documento subraya que las muertes registradas reflejan prácticas sistemáticas de abuso, negligencia y falta de protocolos efectivos para garantizar la integridad de las personas detenidas o bajo custodia. Entre los casos destacados:
- Servicio Penitenciario: tres muertes (23%) se produjeron en contextos de encierro, incluyendo un caso de autolesión y dos por abandono de persona debido a la falta de atención médica adecuada.
- Policía de la Provincia de Corrientes: siete muertes (54%) ocurrieron bajo su jurisdicción. Cinco de estas muertes se dieron en operativos o detenciones, con patrones recurrentes de abuso como aprehensiones arbitrarias y suicidios en comisarías.
- Hospital de Salud Mental: dos muertes (15%) bajo custodia estatal se relacionaron con negligencia en la atención médica de personas internadas involuntariamente.
Patrones
El informe detalla que, en varios casos, las detenciones respondieron a situaciones de alteración del orden público, muchas veces vinculadas a problemas de salud mental o consumo problemático de sustancias. En particular, tres de las muertes bajo custodia policial se catalogaron como suicidios por ahorcamiento en comisarías dentro de las primeras 24 horas de detención.
Además, el reporte menciona un caso de atropellamiento por una partida policial en Goya, en el contexto de una crisis psicomotriz. Estas muertes reflejan la ausencia de protocolos de actuación adecuados para tratar situaciones de crisis y la falta de intervención efectiva por parte de los servicios de salud pública.
Críticas
El informe señala que, desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal de Corrientes, ha aumentado el uso discrecional del Código Contravencional para justificar detenciones arbitrarias. Estas prácticas, que incluyen aprehensiones sin control judicial inmediato, exponen a las personas a mayores riesgos de abuso y violencia.
Asimismo, se denuncia la falta de sanciones ejemplares ante casos de encubrimiento y abuso de poder dentro de las fuerzas de seguridad. Ejemplos como la desaparición del niño Loan Peña en la localidad de 9 de Julio y la implicación de altos funcionarios policiales en delitos graves evidencian un sistema permeado por la impunidad.
Recomendaciones
El informe concluye con un llamado a eliminar las facultades discrecionales de las fuerzas de seguridad para interceptar y detener personas sin control judicial. También se propone la elaboración de protocolos específicos para tratar situaciones de crisis vinculadas al consumo problemático de sustancias o trastornos psicosociales.
Finalmente, se exige mayor transparencia y rigor en la investigación de casos de abuso policial y complicidad institucional, como un paso necesario para garantizar la protección de los derechos humanos en Corrientes.
Momarandu