La protesta será el martes próximo. Consistirá en un abrazo al Ministerio de Salud de la Nación convocado por colectivos de pacientes, sociedades científicas y organizaciones gremiales de salud. Exigirán que se retrotraiga la resolución que disuelve las direcciones de HIV, TBC, lepra, hepatitis y otras patologías, así como el cumplimiento inmediato del fallo que ordena a la Dinadic la regularización inmediata de la entrega de medicación a pacientes oncológicos y con enfermedades de baja frecuencia.
El abrazo está convocado para este martes 14 de enero a las 13 horas en la puerta del Ministerio de Salud de la Nación. Las organizaciones convocantes exigen “el cese del ajuste brutal que el gobierno nacional está llevando adelante en materia de salud pública”.
“Si el gobierno nacional tuviera verdaderamente la voluntad de garantizar el derecho a la salud, en lugar de apelar a la decisión del juez de primera instancia, debería haber cumplido lo que éste le ordenaba: resolver en 10 días los centenares de trámites demorados en la Dadse, ahora a cargo de la Dinadic”, afirmó la Federación que nuclea a los Profesionales de la Salud (Fesprosa).
Vale recordar que el Ministerio de Salud disolvió en los últimos días varias de las direcciones que se encargaban de la asistencia a pacientes con distintas enfermedades que necesitan ayuda del Estado para continuar con sus tratamientos. Uno de los casos más resonantes fue la disolución de la Dadse, el organismo encargado de asistir a pacientes con enfermedades oncológicas y raras.
Luego de disolver el 30 de diciembre la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), el gobierno nacional creó la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic) para que asuma las funciones de la disuelta dirección.
Esta decisión se tomó en el marco de la medida cautelar del 30 de diciembre emitida por el juez Marcelo Bruno Dos Santos, del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2, en la cual obligaba a la Dadse a la entrega urgente de los medicamentos que tenían retenidos, so pretexto de estar realizando “auditorías”.
Según los registros que llevan las organizaciones vinculadas a la salud, las demoras ocasionadas por la determinación oficial generaron la muerte de 60 personas durante el año pasado, al verse interrumpidos sus tratamientos.
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