Las modificaciones al régimen de pesca vigente en el mar argentino, propuestas en la ley ómnibus que impulsa el oficialismo, pusieron a la ciudad de Mar del Plata, principal puerto pesquero del país, en estado de alerta y movilización.
La modificación propuesta de los artículos 26 y 27 habilita la licitación internacional de permisos de pesca dentro de las 200 millas de mar argentino, que constituyen un derecho soberano de las naciones reconocido hasta por la ONU.
Según los consultados, de aprobarse implicaría la competencia directa entre las empresas y pymes nacionales del sector con las grandes multinacionales, que ni siquiera estarían obligadas a descargar en puertos argentinos, y mucho menos a contratar tripulaciones argentinas o a radicar sus barcos en el país. El criterio sería estrictamente fiscal: el que ofrezca el monto mayor se queda con el permiso, sin importar a quién contrata, dónde procesa ni a quién vende.
Soberanía alimentaria y competencias provinciales
La norma además viola competencias provinciales, ya que la propia ley establece que la explotación de las primeras 12 millas corresponde a las provincias costeras. En el caso marplatense, son los clásicos barcos amarillos y naranjas, de hasta 20 metros de eslora y 6 de manga, que muchas veces venden en ferias, a pecios más bajos, con escasa o nula intermediación.
A la vez, el proyecto intenta avanzar sobre competencias propias del Consejo Federal de Pesca, que componen, además de funcionarios de los ministerios nacionales de Ambiente, Economía y Relaciones Exteriores, representantes de las provincias con litoral marítimo: Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Las consecuencias alcanzarían no sólo a los directamente involucrados en la actividad sino a la sociedad en su conjunto, al afectar también la soberanía alimentaria. Hoy el pescado funciona, muchas veces, como sustituto de la carne vacuna, cuyo precio local se acerca cada vez más al internacional.
Sin embargo, con esta norma si los barcos son extranjeros, los puertos y las plantas procesadoras también quedan desregulados y extranjerizados nada impedirá que los argentinos terminen pagando en dólares el pescado, igual que la carne.
Rechazo unánime
Sindicatos y cámaras empresarias del sector comparten el rechazo a las medidas y la voluntad de defender su actividad. En el mismo sentido se manifestó prácticamente todo el arco político local, con el diputado provincial de UxP por la quinta sección, Gustavo Pulti, a la cabeza.
El ex intendente es el autor del proyecto de declaración 3651/23, que además de rechazar la ley ómnibus exhorta a los cuerpos legislativos nacionales a actuar en consecuencia.
En diálogo con Buenos Aires/12, Pulti manifestó que “todo lo que mostró Milei en estos 20 días tiene el objetivo de convertir a la Argentina en un territorio sin normas ni límites, a favor de los mercados y desprotegiendo cualquier otro interés, nacional, ambiental o laboral. Ahora pretenden extender esa misma filosofía al mar”.
Aunque con menos contundencia, también los dirigentes de lo que hasta hace poco fue JxC se pronunciaron en el mismo sentido. El senador nacional Maximiliano Abad se expresó en un hilo de X: “La modificación propuesta por el PEN a la ley federal de Pesca va en el sentido contrario al de generar mayor empleo e inversión. Está clara la necesidad de que el gobierno convoque a los distintos sectores a los efectos de coordinar un crecimiento de la industria que proteja recursos, facilite la inversión y genere empleo”.
“Vamos a defender el trabajo marplatense, independientemente de quién sea presidente, y vemos que esto afecta el trabajo”, dijo ante medios marplatenses el secretario de Desarrollo Local de la gestión Montenegro, Fernando Muro.
¿Hacia una ciudad inviable?
Los números hablan por sí mismos. 60 mil familias marplatenses dependen de la actividad pesquera y otro número similar se desempeña en la actividad naviera, entre grandes astilleros como SPI o Contessi y también pymes: talleres, almacenes y estudios de diseño.
“Entre el personal embarcado, que son capitanes, conductores y marineros, y el de tierra, compuesto por guincheros, fileteros y administrativos, aportamos el 70 por ciento del PBI de la ciudad”, afirma Pablo Trueba, secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores.
“Tenemos más de mil afiliados. No sólo discutimos paritarias y condiciones de trabajo, sino que todos nosotros nos capacitamos en materia de política pesquera, para estar en condiciones de discutir con quien corresponda cuando sea necesario. Por eso te puedo decir, con pleno conocimiento, que ni Milei ni Mondino tienen idea de cómo funciona esto. Tienen una combinación de desconocimiento y soberbia”, define.
Y agrega que “por eso estamos todos del mismo lado, sindicatos y cámaras, no sólo en Mar del Plata, y lo mismo está pasando en las provincias patagónicas. Nuestras diferencias las arreglamos después, en otro momento. Ahora estamos juntos defendiendo el laburo”.
Mar del Plata tiene, desde hace años, y de manera estructural, la tasa de desempleo más alta del país. “Nosotros estamos a favor de la explotación de petróleo offshore justamente por eso, por el problema local de desempleo. La ciudad ya perdió su industria textil, la turística también tambalea, ¿justo ahora vamos a perder la pesquera?”, se pregunta.
“Que Patricia Bullrich se guarde su protocolo, porque acá vamos a resistir”, dice Trueba.
Triple desastre
Guillermo Carmona es diputado nacional mandato cumplido y fue hasta el 10 de diciembre secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería. Carmona, al analizar junto a Buenos Aires/12 las consecuencias que tendría la medida en caso de implementarse, habla de un triple desastre.
“Primero generaría un desastre socioeconómico, laboral, porque podrían ingresar buques de cualquier bandera y nacionalidad, con tripulaciones de cualquier nacionalidad, que ni siquiera estarían obligados a utilizar puertos argentinos. El pescado argentino no generaría ningún empleo ni actividad en el país. Luego, un desastre ambiental. Si pueden descargar en cualquier lado, en un buque madre, en Montevideo o incluso en Malvinas, ¿quién va a controlar el cumplimiento de las cuotas? Sería similar al charteo de buques que se habilitó en la década del noventa, pero mucho más grave”.
Pero, más allá de esto, Carmona observa una suerte de desastre geopolítico o soberano. “Nada impediría, por ejemplo, que una empresa que hoy pesca ilegalmente cerca de Malvinas licite y gane un permiso para pescar en aguas que hoy les están vedadas por ser infractoras al régimen nacional vigente. Esto debilitaría seriamente nuestros reclamos soberanos sobre Malvinas”.
Carmona, además, asocia otro articulo de la ley ómnibus, el 345, que autorizaría “la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda”, a la reciente reunión que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, mantuvo con el embajador estadounidense Marc Stanley, con vistas a que guardacostas de esa nacionalidad realicen el patrullaje contra la pesca ilegal.
“Los acuerdos que existen hoy entre la región y EEUU son estrictamente de cooperación y exploración científica y no de seguridad. Es una vieja ambición de EEUU, que gracias a la intervención conjunta de Brasil y Argentina, hasta acá, hemos logrado contener. Pero ahora vuelven a la carga”, explica, visiblemente preocupado.
Por último, recuerda que “para girar al legislativo un proyecto de estas características, se requiere dictamen previo de los organismos competentes del Estado nacional. Si hubo un dictamen de Cancillería, no consta en ningún lado. Pero, conociendo al personal técnico y de carrera, es al menos improbable que se pronuncien en tan poco tiempo, cuando está en juego el interés nacional”.
En el Concejo
El martes a las 13 está convocada una sesión especial en el Concejo Deliberante para repudiar la medida. Ya cuenta con el consentimiento de los ex socios de JxC, el radicalismo y el Pro y, por supuesto, del interbloque que Unión por la Patria conforma junto a Acción Marplatense y el Frente Renovador. Los sindicatos también se movilizarán.
La única excepción son los concejales libertarios, Luis Emiliano Recalt y María Cecilia Martínez. No hablan desde hace más de una semana y prefieren tuitear sobre otros temas, como si la modificación a la ley de pesca no existiera.
En las elecciones de octubre pasado, Guillermo Montenegro obtuvo la reelección tras imponerse a Fernanda Raverta a nivel local, y Sergio Massa se impuso sobre Javier Milei en primera vuelta. Sin embargo, en el balotaje, Milei venció a Massa por 55 a 45, un porcentaje muy similar al nacional. El presidente del Pro local, Emiliano Giri, encabezó el operativo de fiscalización libertario.
Página 12