El proyecto obtuvo dictamen en la Comisión de Acción Social y Salud Pública luego de hacerlo en la de Discapacidad pero, para que la emergencia pueda ser sancionada, necesita tratarse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Como esta se encuentra presidido por el oficialista José Luis Espert, la propuesta no es incluida en ninguna convocatoria, por lo que la oposición aprobó (con 126 votos a favor, 70 en contra y 15 abstenciones) el emplazamiento en ese espacio. Ahora Espert está obligado a citar el encuentro para el miércoles 23 de abril a las 12 horas.
El autor de la iniciativa, el bonaerense Daniel Arroyo (Unión por la Patria), planteó que “se ha desacomodado el sistema de prestaciones a las personas con discapacidad, que tuvo una caída profunda” y ejemplificó que un trabajador con discapacidad en talleres protegidos cobra $28.000 mensuales, monto que no tiene actualización desde febrero del 2023; “si seguimos con este ritmo de auditorías, que son necesarias que se hagan, se necesitan cinco años más para cubrir lo evidente” e indicó que hay 500.000 personas que aplicaron para la pensión pero solo accedieron 586 de ellas en los últimos 14 meses.
“La ley de emergencia plantea tomar de base los montos de diciembre del 2023 antes del 120% de devaluación, actualizar los valores hasta hoy y tomar eso como base para después actualizarlos mes a mes según la inflación. Es justicia, humanidad y racionalidad económica. Como no hay Presupuesto 2025, les pedimos que compensen partidas tomando como prioridad y obligación el tema de discapacidad”, añadió Arroyo. El financiamiento apunta al acompañamiento terapéutico, el acceso a medicamentos y las pensiones.
El emplazamiento de la emergencia en discapacidad fue respaldada por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y un sector amplio de Encuentro Federal. Los votos en rechazo llegaron desde el PRO y La Libertad Avanza, mientras que las abstenciones provinieron de diputados de la Unión Cívica Radical y de Encuentro Federal.
Obra pública
Previo al tratamiento del proyecto para personas con discapacidad, obtuvo apoyo general (141 a favor, 64 en contra y 1 abstención) un pedido de informe al Ejecutivo para conocer el “estado de situación de la obra pública en ejecución, financiada por el gobierno nacional, en cada una de las 24 jurisdicciones del país”. El tema fue incluido en la sesión luego de las ausencias consecutivas de los funcionarios del sector a las convocatorias a la Comisión de Obra Pública.
El santiagueño Bernardo Herrera (Unión por la Patria) fue el encargado de detallar los motivos del pedido en Diputados, considerando que el Gobierno “sin ningún tipo de análisis dispuso terminar con la obra pública y eso significa el abandono total en todo el país”. A partir de allí enumeró que existe un estado de emergencia por la existencia de 3.500 proyectos inconclusos, con deudas a las 1.400 empresas vinculadas a la construcción.
“Hubo efecto inmediato en el empleo. La UOCRA tenía un padrón de 350.000 empleados y se perdieron 100.000 empleos directos”, continuó Herrera, quien estimó que la actual paralización impactó además de otros 15.000 del sector administrativo y financiero. “Necesitamos que el Gobierno detalle de qué manera considera revertir esta situación y pedirle cuál es el sistema de prioridades, porque no podemos desconocer que el Poder Ejecutivo nacional dijo que iba a avanzar en algunas obras”, concluyó.
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