Por la Cámara alta integrarán la bicameral, además del mencionado Pagotto, Luis Juez (Pro), Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal), Víctor Zimmermann (UCR), Anabel Fernández Sagasti (UP), Mariano Recalde (UP) y Teresa González (UP).
Los miembros por el Senado ya habían sido designados hace tiempo, pero la traba se encontraba en la Cámara de Diputados, donde el presidente de ese cuerpo, Martín Menem, y el bloque Unión por la Patria, dirigido por Germán Martínez, no coincidían en la cantidad de legisladores que le correspondía a la primera minoría.
Finalmente, este lunes Menem envió los nombres, con tres lugares para UP. Cabe resaltar que en el Senado, la bancada de José Mayans también había pedido cuatro lugares. Es decir, el peronismo reclamaba por ocho miembros y tendrá finalmente seis. Este será uno de los planteos que se escucharán en el encuentro que se realice este jueves en el Salón de las Provincias.
Por la Cámara baja estarán Oscar Zago (LLA), Lisandro Almirón (LLA), Hernán Lombardi (Pro), Francisco Monti (UCR), Nicolás Massot (HCF), Carolina Gaillard (UP), Ramiro Gutiérrez (UP) y Vanesa Siley (UP).
La reunión fue convocada para la elección de autoridades y fijar un cronograma de trabajo. Con el argumento de que la bicameral no emite dictámenes desde noviembre de 2021, el oficialismo, con la intención de estirar los tiempos, apoyado por el Pro, propondría considerar el análisis de más de un centenar de decretos de Alberto Fernández que quedaron pendientes de tratamiento. Incluso, fuentes legislativas dijeron a parlamentario.com que los bloques de la oposición no K evalúan emitir un rechazo a alguna de esas medidas del gobierno del Frente de Todos junto a LLA.
Esta comisión no sólo se aboca a estudiar los decretos de necesidad y urgencia, sino también los de delegación legislativa y los de promulgación parcial de leyes.
Sin embargo, desde Unión por la Patria insisten con que, vencido el plazo para que la comisión se expida, el DNU 70/23 de Javier Milei está en condiciones de ser tratado en el recinto. Para ello, en el Senado pidieron una sesión especial en tres ocasiones, pero la vicepresidenta Victoria Villarruel no accedió.
“En este momento tratar el DNU en comisión es totalmente extemporáneo. Por ley y por reglamento debe tratarse directamente en el recinto”, afirmó Mayans en la previa de la reunión.
La Ley 26.122, que regula los DNU, fija que el Ejecutivo tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el decreto para que sea analizado por la Bicameral de Trámite Legislativo que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir dictamen. Años anteriores, esos plazos no se han respetado a rajatabla.
Si dentro de ese plazo la comisión no analiza el decreto, el mismo puede ser tratado directamente en el recinto de cualquiera de las dos cámaras, sin tener dictamen. Para quedar avalado, un DNU requiere del voto de una sola cámara; pero para ser declarado inválido, se precisa que sea rechazado en ambas.
Por otro lado, un sector de la UCR tiene pensado plantear -habrá que ver si eso sucede este jueves- la posibilidad de analizar el DNU 70/23 “por partes”, algo que no tiene antecedentes, ya que hay reformas en las que coinciden. Vale aclarar que el análisis sobre el decreto corresponde a si se cumplió con la “necesidad y urgencia” para dictar el mismo, y lo que se estudia es su constitucionalidad. Es decir, no se discute sobre las medidas allí contenidas.
Desde UP también rechazan esta posibilidad. “La ley aclara que es un impedimento modificar o suprimir en cualquier parte el texto enviado por el Ejecutivo”, resaltó la diputada Carolina Gaillard en declaraciones radiales. Fue en alusión al artículo 23 de la 26.122, que establece que “las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes”.
El mega DNU 70/23 de Milei, que significó el primer paquete de medidas del Gobierno, estableció la derogación de la Ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Satelital, entre muchísimos otros puntos.
A partir de distintas cautelares presentadas, la Justicia suspendió el capítulo de la reforma laboral, los cambios en la Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la posibilidad de que los clubes de fútbol -si así lo quisieran- se transformen en sociedades anónimas. La Justicia de La Plata había hecho también lugar a una cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras, pero posteriormente el juez federal Alberto Recondo la dejó sin efecto.
A diferencia de la ambiciosa ley ómnibus, que se cayó en la Cámara de Diputados, gran parte del DNU 70/23 se encuentra vigente y, más allá de la puesta en marcha de la bicameral, la oposición más férrea continuará su presión para que el decreto sea rechazado en los recintos.
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