El Sindicato de Empleados Judiciales rechaza el Proyecto de Ley 21 41 porque busca atar el sueldo de los magistrados a la media nacional con actualizaciones trimestrales, dejando congelado el de los trabajadores. Además, tras las recientes medidas de fuerza, impulsan evaluaciones de liderazgo para frenar la violencia laboral en los juzgados.
Tras las recientes jornadas de paro que afectaron a los juzgados de la provincia del Chaco, el conflicto judicial mantiene una premisa atípica frente a los reclamos gremiales tradicionales. “No estamos pidiendo aumento”, aclaró Graciela Aranda, secretaria General del Sindicato de Empleados Judiciales, durante la emisión inaugural de CGT Chaco Stream.
El foco central de la disputa es el Proyecto de Ley 21 41, impulsado por el Ejecutivo provincial, el cual busca modificar el sistema histórico de equidad proporcional (Ley 28 95) para legalizar el “desenganche” salarial en el Poder Judicial.
Qué significa el “desenganche” en la práctica
Según la explicación técnica del sindicato, el proyecto establece que los jueces, magistrados y funcionarios alcancen el 100% de la media nacional. A partir de allí, contarán con un mecanismo de actualizaciones automáticas cada tres meses, dictadas por el propio Superior Tribunal de Justicia.
Sin embargo, para los empleados que sostienen la operatividad diaria y el sistema de expedientes digitales (abierto las 24 horas, de lunes a lunes), la ley estipula la eliminación de conceptos clave como el “ajuste por revisión”. En términos prácticos, al quedar desenganchados, los trabajadores perderán su base de cálculo histórica, dejando sus ingresos totalmente congelados frente al constante incremento en las tarifas de servicios y el costo de vida.
Aranda cuestionó duramente la medida, señalando que la misma es avalada por magistrados que actúan como “juez y parte”, modificando sentencias que ya eran “cosa juzgada” para garantizarse un beneficio económico exclusivo.
Evaluación de liderazgo para nuevos jueces
El desfasaje económico convive con una crisis de gestión interna que los pasillos de tribunales intentan contener. Ante un incremento sostenido de cuadros de estrés y licencias psiquiátricas en el personal operativo debido al maltrato laboral, el gremio decidió avanzar por la vía institucional y presentó un proyecto preventivo ante el Consejo de la Magistratura.
El sindicato advierte que la llegada de fiscales, defensores y jueces jóvenes (muchos en la franja de los 35 años) a puestos de poder ha incrementado los roces y los episodios de violencia verbal. Por ello, exigen que los postulantes a cargos jerárquicos no solo aprueben el tradicional examen psicofísico, sino que deban superar evaluaciones estrictas de capacidad de liderazgo y conducción de equipos.
El objetivo de la medida es modernizar el trato diario, garantizando que quienes imparten justicia tengan la preparación humana mínima para liderar personal.
Enlace al video: https://youtu.be/5rEhjTN8II4?si=9VhoVkR-zCwPyhEk