La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó los procesamientos de trece imputados en una causa por una presunta defraudación millonaria al Banco de la Nación Argentina en su sucursal Formosa, en un caso que incluye asociación ilícita, falsificación de documentos, lavado de activos y estafa contra la administración pública.
La resolución, fechada este lunes 16 de marzo, lleva las firmas de los jueces Enrique Bosch, Rocío Alcalá y Patricia García. La medida rechazó los recursos de apelación presentados por las defensas de los acusados, entre ellos los hermanos Iván Cruz y Nicolás Costa, considerados por la Justicia como los presuntos organizadores de la maniobra.
El caso
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en marzo de 2024 por el gerente de la sucursal Formosa del BNA, quien alertó sobre una deuda de la firma “Iván Costa e Hijos S.R.L.” que ascendía a más de 766 millones de pesos. Según la acusación, los hermanos Costa habrían presentado documentación apócrifa para obtener una calificación crediticia de 277 millones de pesos en noviembre de 2022, incluyendo un balance que declaraba falsamente la existencia de más de cinco mil cabezas de ganado. Entre octubre de 2022 y enero de 2023, la empresa accedió a quince préstamos bajo la modalidad de descuento de cheques de pago diferido por un total superior a los 257 millones de pesos, cheques que posteriormente fueron rechazados por falta de fondos.
Balances apócrifos
El tribunal de alzada valoró como elementos centrales de la maniobra la presentación de balances con resultados disímiles ante el banco y ante la justicia civil en el marco de concursos preventivos, la utilización de facturas apócrifas -15 de 18 resultaron falsas-, y la intervención de funcionarios del banco que habrían facilitado la operatoria. En particular, se confirmó el procesamiento del ingeniero agrónomo Christian Alzú, quien se desempeñaba en el Cuerpo de Apoyo Técnico de la entidad bancaria y suscribió informes de situación agropecuaria que avalaban la existencia del ganado declarado, pese a que las verificaciones mínimas no habrían sido realizadas.
En relación con los hermanos Costa, la Cámara rechazó los planteos defensivos que cuestionaban la tipificación de asociación ilícita y lavado de activos. Los jueces consideraron que la obtención fraudulenta del crédito mediante documentación falsa constituye un “vicio de origen” que afecta la licitud de la operatoria, y que la posterior constitución de la sociedad “El Henko S.A.S.” -integrada por personas cercanas a los imputados, como María Fernanda Flores Jara, pareja de Nicolás Costa- fue utilizada para canalizar y dar apariencia lícita a los fondos sustraídos. Los movimientos bancarios de esta firma superaron los 2.200 millones de pesos entre enero y noviembre de 2024, con un capital constitutivo de apenas 200 mil pesos.
El fallo también confirmó los procesamientos de los libradores de cheques sin fondos, entre ellos Mauricio Alejandro Molina, Nelson Javier Piza y Manuel Andrés Medina, quienes habrían emitido cartulares por más de 190 millones de pesos en conjunto. En el caso de Piza, se valoró como indicio particularmente relevante que el imputado reconociera haber dejado su chequera en poder de los Costa para que la completaran. También se mantuvo el procesamiento de Carolina de los Ángeles Torres, apoderada bancaria de las firmas investigadas, de quien se secuestró un mensaje de WhatsApp en vísperas de los allanamientos donde admitía haber borrado “todo”.
Respecto del contador Natalio Lorenzo Traghetti, la Cámara confirmó su procesamiento por asociación ilícita y lavado de activos, pese a que la jueza de grado lo había excluido de la imputación por fraude. Los magistrados consideraron que su asesoramiento para la constitución de El Henko S.A.S. apenas 22 días después de la primera presentación concursal del grupo, sumado a su participación en un grupo de WhatsApp denominado “EL HENKO FACTURACION” junto a los hermanos Costa y Flores Jara, y la discusión sobre un “plan B” societario ante eventuales contratiempos, resultaban indicios suficientes para sostener su intervención con conocimiento en la fase de reciclaje de los activos.
En cuanto a Guadalupe Firpo y Rafael Maximiliano Sierra, vinculados a la sociedad Arbolsolo S.A. -constituida, según la acusación, “ex profeso” para librar cheques sin respaldo-, el tribunal consideró que la prueba reunida acredita su participación funcional en la maniobra. Firpo, en su carácter de presidenta de la firma, suscribió cheques que fueron descontados por ICEH S.R.L., mientras que Sierra, apoderado de Arbolsolo y autorizado a conducir vehículos de titularidad de los Costa, operó ante el banco con documentación falsa y cumplió roles en El Henko.
La Cámara destacó que la resolución de primera instancia contiene una fundamentación minuciosa que satisface los requisitos legales, y que los agravios de las defensas se limitaron a proponer lecturas alternativas de la prueba sin lograr desvirtuar el cuadro indiciario reunido. El tribunal subrayó que el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso resulta suficiente para sostener los procesamientos, sin perjuicio de que la determinación definitiva de las responsabilidades corresponderá a instancias posteriores del proceso.
La causa, que tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Formosa, involucra a un total de trece imputados y continúa su curso con la investigación en etapa instructoria. El perjuicio actualizado al momento de la resolución superaría, según la querella del Banco Nación, los mil millones de pesos.