El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba condenó ayer al exintendente de la ciudad de Pilar, Diego Alejandro Bechis, y al exfuncionario de esa municipalidad, Paulo César Berón, como autor y partícipe necesario -respectivamente- del delito de lavado de activos agravado por su calidad de funcionarios públicos. En el debate, intervinieron el fiscal general Carlos Casas Noblega, a cargo de la Fiscalía General N°3 ante los TOF de Córdoba, y el auxiliar fiscal Augusto Richter.
La jueza Carolina Prado y sus colegas Julián Falcucci y Jaime Días Gavier le impusieron a Bechis una condena de 5 años de prisión, que se unificó en una pena única de 7 años de prisión con aquella impuesta por la Cámara en lo Criminal de 10° Nominación de la provincia de Córdoba, el 15 de septiembre de 2020, como coautor de los delitos de defraudación por administración fraudulenta calificada y abuso de autoridad. Por su parte, Berón recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión.
Ambos hombres también recibieron la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos -por el termino de 5 y 3 años, respectivamente-, y fueron condenados a abonar sendas multas equivalentes a 300 salarios mínimos, vitales y móviles conforme a su valor al 7 de febrero de 2018, accesorias legales y costas.
El tribunal también ordenó el decomiso de los bienes secuestrados que fueron objeto del delito y la restitución de los restantes a la Fundación PI.DE.PRO. (Pilar Desarrollo y Progreso), con la supervisión del Departamento Ejecutivo de la intendencia, que fuera designado como depositario judicial.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 15 de mayo a las 13.00.
El caso
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio formulado en septiembre pasado por la fiscal María Marta Schianni -a cargo de la Fiscalía Federal de Villa María- los imputados se valieron de sus roles de intendente y funcionario de la Municipalidad de Pilar para desplegar una serie de maniobras delictivas que les permitieron la obtención de ganancias ilícitas.
La pieza acusatoria indicó que, a fin de dotar de apariencia lícita a las ganancias obtenidas ilegalmente, Bechis y Berón crearon el 7 de noviembre de 2011 la Fundación PI.DE.PRO y, por su intermedio, el Museo Polifacético Costumbrista “Sergio Cachin”, una granja educativa y el Colegio Manuel Belgrano, que funcionaban en predios cedidos por el municipio pilarense.
En el requerimiento de elevación a juicio la fiscal de instrucción destacó que, con la fundación como pantalla, los imputados adquirieron diversos bienes, cuyos valores excedían ampliamente el poder adquisitivo con el que contaban y fueron abonados en efectivo o por transferencia, al tiempo que -con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos utilizados-, hicieron consignar en las facturas de compra y en calidad de adquirente a la Municipalidad de Pilar, como también simularon ser beneficiarios de ciertas donaciones.
En virtud de las pruebas recolectadas durante la investigación, la fiscal Schianni consideró que Bechis y Berón conformaron una estructura ilícita, la dotaron para su funcionamiento y adquirieron -con dinero espurio- bienes antiguos que resguardaron en galpones, que fueron donados por la Municipalidad a la Fundación, que también era parte crucial de la maniobra.
En su presentación, la fiscal también consideró como “infructuoso” el esfuerzo de los procesados por disimular que las compras en negro y de lavado irregular eran efectuadas por el mismo municipio, e hizo hincapié en el abuso de una situación de poder, la falta de control y regularidad en los procesos de compra, que las convirtieron en “operaciones de lavado de activos”.
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