La Justicia concluyó que utilizó su cargo para direccionar causas, cobrar sobornos y ocultar fondos de origen ilegal mediante un entramado familiar que operó durante más de una década.
El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza condenó este martes al exjuez federal Walter Bento por lavado de activos, falsedad ideológica y por encabezar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas, al concluir que utilizó el Juzgado Federal N° 1 como una herramienta para obtener y legitimar beneficios económicos ilegítimos.
El veredicto comenzó a leerse pasadas las 15 y avanzó durante la tarde, con el análisis de los hechos atribuidos al exmagistrado y a otros integrantes del entramado investigado. Para el tribunal, quedó probado que la corrupción judicial fue sistemática, organizada y sostenida en el tiempo.
Al ingresar al análisis del fondo de la causa, las juezas dieron por acreditado el delito de lavado de activos y señalaron que los acusados montaron un entramado familiar destinado a ocultar el origen ilícito del dinero y a incorporarlo al patrimonio con apariencia de legalidad.
Según expuso el tribunal, cada integrante cumplió un rol específico, coordinado y complementario, y la estructura familiar funcionó como soporte estable del esquema de lavado. En ese contexto, se remarcó que los hechos configuran un caso paradigmático de corrupción judicial, ya que la función pública fue utilizada como medio para la obtención y legitimación de fondos ilícitos.
El juicio oral comenzó en julio de 2023 y se desarrolló a lo largo de más de 130 audiencias, con alrededor de 300 testigos y un volumen significativo de prueba documental y digital. La acusación del Ministerio Público Fiscal se sostuvo finalmente sobre 25 imputados.
El rol central de Bento y su entorno
El fallo asignó a Bento un papel determinante dentro del esquema. Indicó que fue quien seleccionó inversiones, definió titularidades y canalizó fondos, utilizando a integrantes de su familia para dar cobertura formal a bienes y operaciones.
El tribunal mencionó de manera expresa a su esposa, Marta Boiza, como parte clave del engranaje patrimonial, y sostuvo que Luciano y Nahuel Bento participaron en operaciones cruzadas destinadas a justificar movimientos de dinero y titularidades. Incluso se acreditó que bienes fueron colocados a nombre de un hijo con discapacidad, lo que fue considerado una instrumentalización de su situación personal.
Al analizar el delito de asociación ilícita, el TOF adelantó que tiene por probado que la organización funcionó al menos desde 2007, con una estructura estable, división de roles y orientación permanente a delinquir.
En ese marco, Bento fue condenado como jefe de la asociación ilícita, al considerar que desde esa posición ordenaba el curso de las maniobras destinadas a obtener dinero a cambio de decisiones judiciales ilegítimas. El objetivo del engranaje, según el fallo, fue convertir resoluciones judiciales en una fuente de ingresos. El tribunal identificó además a Diego Alfredo Aliaga como el principal operador del esquema, señalado como el nexo entre los distintos integrantes y responsable de articular el circuito de sobornos.
El tribunal también condenó a Bento por falsedad ideológica. Uno de los hechos analizados fue la obtención, en 2011, de un crédito hipotecario subsidiado del Banco Nación, solicitado junto a su esposa pese a no reunir los requisitos legales, ya que el matrimonio era propietario de múltiples inmuebles.
Asimismo, se abordó la compraventa de un departamento en el complejo Premium Tower, en 2021, donde se insertó una declaración falsa al consignar que Boiza no era persona políticamente expuesta, pese al cargo que ejercía su esposo al momento de la operación.