El presidente del Tribunal Oral Criminal 5 de La Plata, Ezequiel Medrano, dio a conocer el martes 12 de noviembre la sentencia con las penas de 20 y 8 años de prisión para los dos ex jefes de la Unidad Penal 1 de Olmos -dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)- Rafael Herrera y Sergio Ceballos, respectivamente. Ambos uniformados, a fines de octubre pasado, fueron declarados culpables por un jurado popular.
Se determinó que los penitenciarios protagonizaron las torturas que sufrió el entonces detenido Gastón Ayala Aquino -de 26 años- que posteriormente falleció. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompañó y patrocinó a los familiares de la víctima desde que sucedieron los hechos. Fue una condena sin precedentes, porque además de reconocer las torturas que sufrió la víctima, también ordena una reparación para los familiares.
“El magistrado evaluó la manera indiscriminada en la que Herrera llevó a cabo las torturas sobre la víctima, que falleció instantes después, tal como lo indicó la autopsia, por asfixia mecánica. Además, el juez asumió como aumentativo de la pena la extensión del daño causado al entorno familiar y dispuso medidas reparatorias”, aseguró Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo.
Cipriano siguió relatando. “Los atenuantes solicitados por las defensas de los dos imputados fueron desestimados en la sentencia. Además, consideró culpable de torturas al exjefe penitenciario Herrera y de omisión de denunciarlas al ex subjefe Ceballos”.
“El magistrado consideró como agravantes las jerarquías de los imputados dentro de la estructura penitenciaria, en la que Herrera era jefe de Vigilancia y Tratamiento del penal de Olmos y Ceballos el subjefe de Vigilancia y Tratamiento”, señaló el secretario ejecutivo.
También sostuvo que, al momento de sufrir las torturas, “Ayala Aquino se encontraba atravesando un cuadro epiléptico seguido presumiblemente de un brote psicótico y no recibió ningún tipo de atención médica, fue reducido en el suelo y sus manos esposadas a la espalda”, detalló el abogado.
Ese estado de indefensión en el que quedó la víctima, “fue aprovechado de manera indiscriminada por Herrera para llevar a cabo las torturas de las que fue declarado culpable, las cuales Ceballos no impidió y también fue encontrado responsable del delito de haberlas omitido”, agregó.
Reparación sin precedentes
Además, “el magistrado consideró como aumentativo de la pena la extensión del daño causado por el hecho al entorno familiar de Aquino Ayala. Ordenó reparación para sus padres Norma Elvira Aquino y Ricardo Ayala. También para la entonces pareja, Natalia Paccielo, que está a cargo de sus hijos”, remarcó Cipriano.
En primer lugar, “el magistrado ordenó asistencia psicológica a quienes lo requieran dentro la familia. Y que Elvia reciba en forma integral y gratuita los medicamentos que necesite para su tratamiento de salud crónico que padece”, valoró el secretario ejecutivo.
También remarcó: “Que el magistrado condenó al ex jefe Herrera, a 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. Y dictó 8 años de prisión al ex subjefe Ceballos e inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cargos públicos y portar armas”.
El juez Medrano finalmente ordenó que, “una vez que la presente sentencia quede firme, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires difunda el fallo con el fin de promover el principio de prevención de actos tortura, tratos crueles y degradantes”, remarcó en relación a la importancia de la ejemplar sentencia.
Sobre la causa por torturas y muerte
“La instrucción de la causa la hizo el fiscal Fernando Cartasegna, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de La Plata, en agosto de 2016. Después pasó a la UFI 6, a cargo del doctor Marcelo Romero, quien actuó en conjunto con la Ayudantía Fiscal Especializada en Delitos Ocurridos en Cárceles”, contó el secretario ejecutivo.
En cuanto la investigación, “se hizo bajo la intervención del juez Pablo Raele, titular del Juzgado de Garantías 3 de La Plata. Semanas después de que ocurrió el crimen de Ayala Aquino, el magistrado convalidó el pedido de la fiscalía: que requería la detención de los nueve penitenciarios imputados”, repasó.
Luego, en mayo de 2019 la Sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata, confirmó la elevación a juicio, que había sido solicitada por el fiscal Romero: “También negó el cambio de calificación legal y el sobreseimiento que pretendían los penitenciarios imputados en este terrible caso de violencia institucional. Finalmente, el juez Medrano, este martes condenó a los imputados en tan aberrante hecho y reconoció a la familia”, finalizó el abogado.
Tiempo Argentino