Los tribunales federales de Mendoza dieron a conocer este viernes la sentencia, tras escuchar el jueves el pedido de los fiscales. La defensa de Bento había pedido prisión domiciliaria y una pena mínima. En sus últimas palabras, el ex juez dijo que la causa “fue una tragedia”.
El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza determinó este viernes el monto de las penas y la modalidad de cumplimiento para cada uno de los implicados en la megacausa por corrupción judicial en la que el ex juez federal Walter Bento fue señalado como el jefe de la banda criminal. Para el ex magistrado, la condena fue de 18 años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y una multa de 540 millones de pesos.
El fallo y los años de condena fueron resueltos por unanimidad por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra, quienes viajaron durante los 30 meses que duró el juicio desde sus provincias San Juan y San Luis, porque todos los jueces designados con anterioridad debieron excusarse por haber tenido relación directa con Bento.
“Está causa ha sido una tragedia. Como confío en la Justicia voy a seguir luchando, no voy a bajar los brazos”, dijo Bento en las últimas palabras que pronunció después de las 16 en la última jornada del juicio.
El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza condenó al ex magistrado por corrupción como el líder de una asociación ilícita, en la cual recibía coimas a cambio de favores procesales de contrabandistas y narcotraficantes.
Bento también fue condenado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en maniobras en las que participó su familia. Su esposa, Marta Boiza, era su secretaria privada y su hijo, Nahuel Bento, era secretario de la Cámara Federal.
Para Marta Boiza, la esposa del ex juez, la sentencia fue de 6 años en prisión y para Nahuel, de 5. Los integrantes de la Fiscalía habían pedido que quienes están en prisión efectiva y los que están con domiciliaria, sigan en la misma condición hasta que haya una sentencia firme. Por ahora, la esposa y el hijo del exjuez no irán a la cárcel.
“Mientras Walter Bento esté y Facundo esté, tienen que estar juntos. Y el hijo no puede ir a la cárcel”, argumentó el abogado Felipe Salvarezza, del equipo del abogado Mariano Fragueiro Frías.
La sentencia determinó que no se les quitará la vivienda familiar en el barrio privado Palmares, de Godoy Cruz, donde vive Facundo y su familia. Tampoco un auto en el que traslada al hijo discapacitado. El resto de las propiedades y los vehículos les serán decomisados por entender que los adquirió la familia del ex juez por coimas y corrupción.
Los defensores se habían opuesto al decomiso de los bienes inmuebles y los vehículos, en especial la casa del barrio privado Palmares por tratarse de una “vulneración al derecho” de domicilio de Facundo Bento. “Quieren dejarlos en la calle, una muestra del ensañamiento contra Walter Bento”, planteó la defensa del ex juez.
Los bienes que el tribunal determinó que serán decomisados son otros seis departamentos de lujo, siete locales comerciales, bauleras y vehículos, propiedades ubicadas en Villa Palmares, Bosques de Mayo, Vistacruz, y centro comercial Il Mercato. También le quitarán autos Audi, BMW, VW y dinero en efectivo. Los bienes decomisados quedarán bajo la custodia de un interventor judicial hasta que la condena quede firme.
La sentencia asegura que Bento diseñó, coordinó y supervisó las maniobras de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito: “Seleccionó oportunidades de inversión, planificó y canalizó fondos y transferencias de bienes a su familia, a partir de su conocimiento de la ley de lavado de activos. Su esposa fue un vehículo patrimonial primario, con donaciones y transferencias cruzadas de bienes con sus hijos Nahuel, Luciano y Facundo”.
Los otros condenados
El abogado Luciano Ortego fue declarado culpable del delito de asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario y el tribunal determinó una pena de 8 años de prisión, inhabilitación para ejercer la profesión por 5 años.
A Jaime Alba, también abogado, se lo condenó por asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario, 7 años de prisión e inhabilitación especial de 5 años para el ejercicio de la abogacía.
Al condenado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso se lo declaró culpable por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario 4 años de prisión. Como registra una pena anterior por narcotráfico, corresponde una pena única de 13 años y seis meses de prisión.
El comisario Gabriel Moschetti fue condenado por asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de violación de secretos, y violación de deberes de funcionario público, el tribunal dispuso 3 años y 6 meses de prisión.
Al abogado Martín Ríos lo declararon culpable por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario por dos hechos y recibió 5 años de prisión y la inhabilitación especial de 5 años para el ejercicio de la abogacía.
Al abogado Francisco “Chato” Álvarez se lo condenó por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario por un hecho, y recibió 3 años y 6 meses de prisión.
El abogado Matías Aramayo fue condenado por asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario por dos hechos. Le solicitaron 4 años y 6 meses de prisión, multa de 127 millones de pesos e inhabilitación del ejercicio de la abogacía por un plazo de 5 años.
La investigación que conmocionó a los tribunales federales de Mendoza comenzó a instruirse en marzo de 2020, a partir de dos hechos concretos: los datos que aparecieron en el teléfono del detenido Walter Bardinella Donoso, acusado de narcotráfico, y las declaraciones de Diego Barrera, el principal imputado por el secuestro y homicidio del empresario y despachante de Aduana Diego Aliaga, vecino del juez y quien hacía negociados a nombre de Bento.
El 8 de noviembre de 2023, el Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación votó la destitución del juez Walter Bento por mal desempeño de sus funciones, falta al decoro en su función y por haber “deshonrado a la justicia”.
La defensa de Bento intentará nuevamente conseguire el beneficio de prisión domiciliaria, por ahora el ex juez seguirá preso en la cárcel Federal de Cacheuta.
Clarin