El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó este martes los exverificadores de la ANSES, Luis Ángel Abadía y Hugo Raúl Cisterna, a las penas de 2 y 3 años de prisión en suspenso por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La sentencia, firmada por el juez Juan Manuel Iglesias, encontró a ambos responsables de haber participado de una compleja red que durante años defraudó al Estado a través del otorgamiento fraudulento de jubilaciones y pensiones.
El fallo, dado a conocer este martes, detalla que los acusados formaban parte de una organización criminal que, mediante ardides y documentación falsa, logró que la ANSES otorgara beneficios jubilatorios a personas que no reunían los requisitos legales. La maniobra consistía en la presentación de Declaraciones Juradas retroactivas y falsas ante la AFIP, creando empleadores y empleados ficticios para simular relaciones laborales inexistentes.
Según consta en los fundamentos del fallo, la red –liderada por una gestora identificada como Antonia Gladys Fernández, apodada “Betty”– captaba a personas, muchas en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles la posibilidad de acceder a una jubilación. Les solicitaban sus datos, clave fiscal y documentación, para luego inscribirlos falsamente como empleadores. Acto seguido, presentaban altas retroactivas de supuestos empleados a su nombre, con remuneraciones elevadas que generaban importantes deudas de aportes no pagados, pero que permitían a los “empleados” ficticios acceder a jubilaciones ordinarias o incrementar sus haberes.
El rol de los condenados, Abadía y Cisterna, fue crucial para dotar de apariencia de legalidad al fraude. Como verificadores del ANSES, su función era constatar en el terreno la existencia real de los empleadores y las relaciones laborales declaradas. Sin embargo, lejos de cumplir con su deber, falsificaron actas de verificación, avalando situaciones laborales que sabían que eran inexistentes. Abadía, por ejemplo, certificó falsamente los servicios de varios beneficiarios como choferes de empleadores que luego negaron conocerlos. Cisterna, por su parte, realizó verificaciones irregulares de la empleadora Norma Bernal, quien declaró que solo aceptó prestar sus datos a cambio de una recompensa que nunca recibió.
El perjuicio económico para el Estado nacional fue cuantioso. Solo en los casos analizados, se identificaron 87 situaciones fraudulentas, con un perjuicio estimado que supera los nueve millones de pesos. La investigación, iniciada a partir de denuncias de la AFIP y del mismo ANSES, logró desarticular este esquema que se valía de funcionarios públicos corruptos para perpetrar el fraude.
En un acuerdo de juicio abreviado, Luis Ángel Abadía aceptó su responsabilidad y fue condenado a 2 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer la función pública. Hugo Raúl Cisterna, por su parte, fue condenado a 3 años de prisión en igual modalidad y a la misma inhabilitación perpetua tras ser hallado culpable en un juicio común. Ambos deberán además abonar las costas del proceso y cumplir con reglas de conducta, como fijar residencia y someterse al cuidado de un Centro de Liberados.
La sentencia no solo sanciona a los exfuncionarios por el delito de “Fraude a la Administración Pública”, sino que también evidencia las graves falencias que fueron explotadas por una organización para defraudar al sistema previsional argentino.