Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal de Corrientes y las penas fueron de 7 y 4 años de prisión. La fiscalía anticipó que recurrirá a Casación. También se dispuso el pago de multas y el decomiso de dos vehículos utilizados en la maniobra. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 9 de junio.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó esta semana a dos hombres por haber transportado más de 280 kilos de marihuana en un auto que, luego de evadir un control vehicular, ocasionó un siniestro vial en el que falleció una docente que viajaba a bordo de una motocicleta. Los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2024 en la localidad de Santo Tomé, provincia de Corrientes.
Marcelo Raúl Ferreyra (51) y Miguel Ángel Da Rosa (57) fueron encontrados culpables del delito de transporte de estupefacientes en calidad de autor y partícipe secundario, respectivamente. El primero, recibió la pena de 7 años y el segundo, la de 4 años de prisión.
La sentencia fue dictada por el juez Eduardo Belforte, quien integró el tribunal de manera unipersonal. En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal general con funciones de coordinación del distrito Corrientes, Carlos Schaefer; la fiscal general subrogante Tamara Pourcel y el auxiliar fiscal Gabriel Romero Olivello, quienes habían solicitado para los dos acusados una pena más severa —de 14 años de prisión—, por lo que anticiparon que recurrirán el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó el pago equivalente a 45 unidades fijas para cada uno de los condenados y el decomiso de dos automóviles utilizados para concretar el transporte de la droga, en línea con lo requerido por el MPF en su alegato.
En julio de 2025, Ferreyra ya había sido condenado por la justicia penal ordinaria correntina a 5 años de prisión como autor del delito de homicidio culposo agravado de la docente Manuela Jaqueline Ponce, de 21 años, ya que fue el conductor del vehículo cargado con droga que, en su huida, embistió a la maestra jardinera.
El caso
De acuerdo a lo acreditado en el juicio, Ferreyra y Da Rosa partieron el 22 de mayo de 2024 desde la ciudad misionera de Leandro N. Alem en dos vehículos. Ferreyra conducía un Renault Fluence en cuyo interior transportaba en nueve bultos, unos 318 paquetes de marihuana con un peso de 280,675 kilogramos. En tanto, Da Rosa se desplazaba en un Chevrolet Prisma Joy que cumplía la función de “coche puntero”, es decir, según explicaron los fiscales en el alegato, “escanear la ruta, detectar controles de fuerzas de seguridad y dar luz verde” al vehículo que circula detrás con el cargamento de droga.
Los representantes del MPF exhibieron durante su alegato un mapa en el que, en función de cámaras de seguridad y otros elementos, se pudo reconstruir el recorrido de los autos. Ambos circularon por la ruta provincial N°4, (que une las localidades misioneras de Leandro N. Alem, con la de San Javier), luego atravesaron la ruta provincial N°2 con dirección a la localidad misionera de Azara, continuaron por la ruta provincial N°94 y a la altura puente del arroyo Itá Cuá, en la localidad correntina de Santo Tomé, Ferreyra evadió un control vehicular de la Prefectura Naval.
Dos kilómetros después, mientras circulaba a alta velocidad, el conductor realizó una maniobra de sobrepaso en un sector no habilitado y atropelló y mató a la docente Ponce, que se trasladaba en motocicleta.
Tras el hecho, Ferreyra abandonó el Renault Fluence y escapó junto a Da Rosa en el otro vehículo que oficiaba de “puntero” con dirección a la localidad de Gobernador Virasoro.
Poco después, personal de Prefectura encontró el Renault Fluence con signos del impacto y un total de nueve bultos en su interior, que luego se descubrió, eran los más de 280 kilos de marihuana incautados.
A partir del hallazgo, una investigación de la por entonces Fiscalía Federal —actual Sede Fiscal Descentralizada— de Paso de los Libres, a cargo del fiscal interino Fabián Martínez, permitió días después concretar la detención de Ferreyra, quien residía y tenía una farmacia en la localidad misionera de San Javier y, más tarde, de su cómplice Da Rosa.
El alegato del Ministerio Público Fiscal
Durante su alegato, Schaefer y Romero Olivello sostuvieron que los hechos investigados “pusieron simultáneamente en riesgo múltiples bienes jurídicos: la salud pública, la seguridad del tránsito y la vida de las personas que transitaban por esa ruta”.
Los representantes del MPF afirmaron que la maniobra desplegada por los acusados y el resultado fatal evidenciaron “un desprecio por la vida”, y remarcaron que la víctima era “una persona inocente, de 21 años, educadora, que estaba haciendo algo grande por esta sociedad, que es brindar educación a la comunidad”.
Asimismo, señalaron que, si bien Ferreyra ya había sido condenado por la justicia provincial por el homicidio culposo agravado, en este proceso se juzgó “la maniobra delictiva” vinculada al transporte de estupefacientes y el riesgo asumido durante la fuga.
“Decidieron igual emprender el transporte y, una vez perseguidos, huyeron con la posibilidad de que ocurra lo que ocurrió”, sostuvieron los fiscales, quienes también destacaron que los acusados “no dudaron nunca en el inicio de la actividad, sino que además se prepararon para cualquier eventualidad y darse a la fuga”.
En relación con la cantidad de droga secuestrada, remarcaron que “no es un transporte menor” y resaltaron que el principal acusado. Ferreyra, era propietario de una farmacia, por lo que “sabía el poder de daño del estupefaciente”.
“El accidente es parte de la ejecución del transporte del estupefaciente. La muerte es la consecuencia de la ejecución del transporte”, afirmaron.
Al fundamentar el pedido de pena de 14 años de prisión —uno menos que el máximo por el delito imputado—, el MPF consideró como agravantes la gravedad del hecho, el volumen del cargamento transportado (280 kilos), el uso de una “logística avanzada” mediante la modalidad del vehículo “puntero”, las maniobras evasivas y el riesgo ejecutado en función del impacto directo a la salud pública, la seguridad vial y el costo de una vida humana. También consideraron las acciones posteriores destinadas a obstruir a la justicia, entre ellas, el abandono de la escena del siniestro y la construcción de coartadas falsas.
Al cerrar el alegato, Schaefer pidió ante el tribunal que se dicte “una sentencia ejemplar, para que nunca más tengamos que lamentar una víctima inocente, por culpa de quienes deciden emprender una empresa criminal de narcotráfico”.
El fiscal general, tras conocer el monto de las penas, anunció que recurrirá el fallo en Casación. El TOF de Corrientes anunció que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 9 de junio.
Fiscales