El Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba condenó ayer, con voto mayoritario, a 10 años de prisión y a abonar una reparación económica de 6.208.176 pesos a un hombre por la explotación laboral de dos hermanas durante seis meses de 2014 en un tambo cerca de la localidad cordobesa de Ucacha, en sintonía con lo había solicitado en su alegato el titular de la Fiscalía Nº2 ante esos tribunales, el fiscal general Carlos Gonella.
El imputado Javier Alvarenga fue condenado por el delito de trata de personas agravada por violencia sexual y abuso de situación de vulnerabilidad en perjuicio de dos víctimas, ambas hermanas y una de ellas menor de edad al momento de los hechos.
En su sentencia, los jueces Carolina Prado, Noel Costa y Fabián Asis resolvieron, por unanimidad, la extracción de testimonios para que se investiguen los abusos sexuales denunciados por una de las víctimas durante el debate. Además, se le estableció a Alvarenga una restricción de comunicación con las víctimas y sus familias. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 20 de noviembre próximo.
En el alegato del 31 de octubre último, Gonella había destacado la asimetría de poder que existía entre las víctimas y los acusados -Celestino Alvarenga, padre de Javier, estuvo imputado y fue separado del proceso por incapacidad sobreviviente-, que en el caso de Javier Alvarenga incluyó actos de violencia sexual sobre la víctima menor de edad, respecto de lo cual se defendió en su declaración indagatoria indicando que mantenía con ella una relación de pareja.
De acuerdo a la acusación, los Alvarenga captaron, trasladaron, receptaron y dieron acogida a ambas víctimas en una finca rural que ambos arrendaban para explotar un tambo, ubicada 15 kilómetros al norte de la localidad de Ucacha, departamento Juárez Celman. El fiscal explicó que allí ambos acusados consumaron la explotación de la menor de edad, que fue llevada a ese campo por Javier Alvarenga, quien viajó a Formosa a buscarla y la acompañó durante su viaje en un micro de larga distancia el 26 de febrero de 2014, y de su hermana mayor, quien llegó a trabajar al lugar con dinero que le fuera girado por Celestino Alvarenga.
La denuncia
La causa se inició el 19 de agosto de 2014 -a casi seis meses de la captación-, cuando las dos hermanas escaparon del campo en un descuido de los imputados y se dirigieron hacia una fábrica de quesos cercana, cuyo propietario las auxilió llevándolas hacia la terminal de Ucacha, donde fueron abordadas por personal de Tránsito de la policía local. Al ser trasladadas a la comisaría, formularon la denuncia penal contra ambos hombres. Las mujeres indicaron que vivían en el campo explotado por Alvarenga, lo cual fue ratificado por el dueño del inmueble, que arrendaban los imputados.
De acuerdo al estudio socioambiental, las víctimas y su entorno estaban en situación de vulnerabilidad y eso fue aprovechado por los imputados al momento de su captación, con la falsa promesa de un buen trabajo con un salario digno con el que podrían ayudar a su familia. En esta situación, ambas mujeres no disponían de dinero para movilizarse, lo que fue aprovechado por ambos imputados, quienes les abonaron menos del 15 por ciento del importe que por ley les correspondía en concepto de salario y las obligaban a realizar trabajos pesados sin los correspondientes descansos y con alimentación poco adecuada.
El testimonio de las víctimas
En su alegato, Gonella repasó que en su declaración testimonial ambas víctimas manifestaron haber sido sometidas por los acusados a extenuantes jornadas laborales de 19 horas, que comenzaban cerca de la 1 de la madrugada y se extendían hasta las 20. Relataron que hacían todo el trabajo de explotación tambera, que incluía la colocación de boyeros y varillas en caminatas de extensas superficies, la alimentación de terneros con una sola mamadera, el acarreo de maíz para alimentar a otros animales, ordeñar las vacas, encerrar al ganado y recoger animales muertos, entre otras.
El fiscal explicó que, en este contexto, las hermanas eran sometidas a constantes malos tratos y realizaban sus actividades sin descanso, casi sin alimentos y viviendo en una casa precaria ubicada en el predio, donde dormían en el piso con escaso abrigo, sin tener la posibilidad de adquirir comida y elementos de higiene personal, ni poder comunicarse libremente con su familia.
Añadió que tampoco podían salir del lugar ya que, según relataron, eran encerradas bajo llave para que el dueño del campo y otras personas que frecuentaban el lugar no pudieran verlas.
Fiscales