Un matrimonio y su hijo fueron considerados culpables de haber captado, trasladado y explotado a una adolescente de 13 años en un contexto de violencia y vulnerabilidad. Además, la forzaron a mantener una relación con el joven como si estuvieran casados. El caso comenzó tras el intento de la joven de escapar de la situación en que se encontraba. La sentencia incluyó una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima.
Un matrimonio y su hijo de 24 años, integrantes de la comunidad gitana, fueron condenados a diez años de prisión por haber captado, trasladado y explotado a una adolescente entre sus 13 y sus 16 años. Además, la forzaron a “casarse” con el joven, que al momento del hecho tenía 20 años, cuando ella tenía siete años menos. El Tribunal Oral Federal de San Juan, integrado de forma unipersonal por el juez con funciones de juicio y ejecución, Daniel Roffo, dispuso una reparación de 75 millones de pesos, como había solicitado el MPF.
En el caso intervinieron el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos San Juan, representada por el fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez; el Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal San Juan, a cargo de Gabriela Ventimiglia; la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mángano; junto con la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), cuya titular es Fernanda Bergalli y la Dirección General de Recuperación de Activos (DGRADB) a cargo de María del Carmen Chena.
El juez Roffo consideró que Alberto (45) e Isabel Cristo (46) junto con su hijo Franco fueron responsables del delito de trata de personas consumada agravada por tratarse de una menor de edad, respecto de la que concedieron pago, ejercieron violencia en un contexto de vulnerabilidad y fueron sus convivientes.
Además, como había requerido el MPF, el magistrado federal ordenó una serie de medidas de reparación no económicas entre las que estuvo la decisión de comunicar en un lenguaje claro y accesible la sentencia tanto a la comunidad gitana de la provincia de San Juan (donde la mujer condenada cumple prisión domiciliaria) como a la de Santa Fe, donde la chica estuvo sometida y donde reside el grupo familiar de los condenados. Además, se dispuso que se comunique también a la familia de la víctima, quienes actualmente viven en Salta con la joven.
El caso
De acuerdo con lo planteado por el Ministerio Público Fiscal, Isabel y Alberto Cristo —integrantes de la comunidad gitana— sometieron a una unión forzada de hecho o matrimonio infantil a la víctima con su hijo Franco, que en ese momento tenía 20 años y ella 13. La situación se dio entre marzo y abril de 2022 en Neuquén. Para la concreción de ese matrimonio entregaron 825 mil pesos a los padres de la adolescente.
Por otro lado, la fiscalía le atribuyó a Franco Cristo haber llevado adelante actos sexuales con V.S.Y, que hasta ese momento no había tenido relaciones, por lo menos tres veces en el marco del rito de matrimonio desarrollado bajo las tradiciones gitanas. Una de esas situaciones derivó en un embarazo que llegó a término. Tras la celebración forzada de la unión de hecho, los tres acusados trasladaron a la adolescente a la provincia de Santa Fe, al domicilio de su grupo familiar. En ese lugar se concretó, hasta diciembre de 2024, la explotación investigada basada en reducción a servidumbre sexual, doméstica y laboral.
De acuerdo con lo que pudo reconstruir el MPF, en particular por el testimonio de la víctima, durante ese período el matrimonio golpeó, quemó con cigarrillos y agua caliente, insultó y amenazó a la joven. Además, la obligaron a realizar venta ambulante en condiciones extremas y a encargarse de las tareas domésticas de toda la familia conviviente. El dinero obtenido por esa actividad debía ser entregado en su totalidad a los imputados, bajo amenaza de dejarla sin comida y sin posibilidad de administrar recursos propios. Estas exigencias se le impusieron aún con mal clima, enfermedad e incluso durante sus embarazos.
En diciembre de 2024, la víctima se trasladó a la provincia de San Juan, junto a Franco Cristo y el hijo que tienen en común. Una vez allí, comenzaron a residir con la familia de origen de la V.S.Y, mientras que Alberto e Isabel Cristo arribaron al lugar el 5 de abril del 2025. Al día siguiente fueron al domicilio familiar y, aprovechando una distracción de los padres de la joven, la obligaron por la fuerza a subir a una camioneta con la intención de llevarla nuevamente a Santa Fe para someterla nuevamente.
Durante una detención en la localidad de Caucete, cerca de dos estaciones de servicio, la joven intentó escapar con su hijo en brazos y fue perseguida a pie por Isabel Cristo mientras el resto la seguía en la camioneta. Finalmente fue alcanzada por la mujer, que la forzó a subir nuevamente al vehículo, que se retiró a gran velocidad e infringiendo normas de tránsito. Estas circunstancias fueron denunciadas al 911 por una persona que se encontraba en la estación de servicio del lugar como también registradas por Centro Integral de Seguridad Emergencia y Monitoreo 911 de la provincia de San Juan, por lo que se dio aviso a la policía de la provincia, hasta que personal de la Unidad Rural N° 1 logró detener el vehículo en el que trasladaban a la víctima y rescatarla junto con su hijo.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Procedimientos Judiciales San Juan de Gendarmería Nacional Argentina y prestaron colaboración la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Delito de Trata de Personas y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de la provincia de San Juan.
La intervención del Ministerio Público Fiscal
En su alegato, el MPF destacó que casos de este tipo requieren “criterios metodológicos específicos al momento de la valoración de la prueba y atribución de la responsabilidad penal” para cumplir con las obligaciones internacional y nacionalmente asumidas en materia de erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres y de protección de la niñez y adolescencia. Al mismo tiempo, señaló que estas dos categorías deben ser “necesariamente interseccionadas” con la cultura minoritaria en la que se enmarcan estos hechos —, ya que todos los involucrados integran la comunidad gitana— y la situación de pobreza estructural que atraviesa este caso.
“No soslayamos que el rito de matrimonio infantil analizado se produjo en el marco de prácticas culturales propias de la comunidad gitana. Sin embargo, ello no resulta explicación suficiente para la violación de los derechos de V.S.Y en el territorio argentino. Nuestro país posee un amplio y destacado plexo normativo que reconoce y pretende resguardar los derechos de las mujeres y las infancias y adolescencias, ello no debe ser infringido bajo la justificación de prácticas culturales minoritarias”, afirmó el fiscal Alcaraz. En tanto que la fiscal Mángano recordó: “el matrimonio infantil está prohibido por los tratados de derechos humanos y el Convenio de OIT —mencionado por la defensa— en su artículo 69 respecto de culturas minoritarias justamente establece que nunca puede entenderse como ejercicio de una cultura algo que viole derechos humanos fundamentales”.
La víctima declaró primero en Cámara Gesell y luego fue entrevistada por personal de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia de la República Argentina. El informe presentado detalló la edad de la víctima al momento de los hechos al señalar que “a los 13 años una persona siendo aún adolescente no habría completado su madurez ni física, ni psíquica ni emocional, sino que estaría en pleno desarrollo de las mismas”. “De esta manera, el estar expuesta a una unión de este tipo –con todas sus implicancias (de desarraigo del núcleo familiar de origen, de readaptaciones)– a tan corta edad, podría muy factiblemente interferir con su buen desarrollo físico-psíquico-emocional por estar todavía forjando su identidad, su sexualidad y su transición a la adolescencia”, se indicó.
Según sostuvo la fiscalía, los implicados aprovecharon la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima por ser una mujer adolescente, a la que explotaron hasta sus 16 años. A ello le sumaron que la chica también pertenecía a la comunidad gitana, por lo que tenía “la obligación” de cumplir con ciertos mandatos culturales. Sin perjuicio de esto, y aun perteneciendo a la comunidad, fue la propia víctima la que buscó escapar y relató los padecimientos vividos. Además, los fiscales hicieron foco en que creció en un contexto de pobreza estructural, sin el aseguramiento de derechos fundamentales como la educación y la salud integral.
La reparación económica
En función de las reformas incorporadas por la ley 27.508, que establecen el carácter imperativo de la reparación económica en favor de las víctimas de trata y explotación de personas, los representantes del Ministerio Público Fiscal, con la asistencia de la SIFRAI-DGRADB, realizaron la cuantificación de cada rubro. Para ello, siguieron los lineamientos establecidos en la Resolución PGN N.º 34/2023, que aprobó la “Guía para fiscales sobre el funcionamiento del fondo de reparación a víctimas y gestión de bienes en casos de trata de personas”, destacando especialmente la necesidad de reparar el daño moral e inmaterial, considerado el más significativo en el caso. Asimismo, identificaron y valuaron los bienes necesarios para hacerla efectiva.
En su resolución, el juez hizo lugar a lo solicitado, fijando una reparación a favor de la víctima por 75 millones de pesos. A su vez, dispuso el embargo de los bienes necesarios para garantizar su cumplimiento, así como el decomiso del vehículo utilizado como instrumento del delito, el cual también será afectado a la ejecución de dicha reparación.