El Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por los jueces Luciano Lauría y José María Escobar Cuello, decidieron conceder la prisión domiciliaria al excomisario general de la Policía del Chaco, José Francisco Rodríguez Valiente, condenado en cuatro causas por su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
Para tomar su decisión, los magistrados se basaron en un dictamen del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación considerando que “la única forma posiblemente digna de tratamiento se puede llevar a cabo en el domicilio particular, mas no en su lugar de detención”.
En junio pasado, los mismos jueces habían rechazado la excarcelación de Rodríguez Valiente al considerar que podría existir riesgo de fuga y tras ponderar el “peso ineludible” de la opinión de una de sus víctimas. En aquella ocasión, el juez Rubén Quiñones había votado en minoría a favor de la excarcelación por considerar que se violaban los derechos humanos del condenado al negársele los beneficios que prevé la ley.
En su dictamen en contra del beneficio, los fiscales federales de Derechos Humanos pidieron a los jueces del tribunal que tengan en cuenta “la cercanía del domicilio propuesto para el cumplimiento de la prisión domiciliaria” con el de una de las víctimas del represor.
Para rever su decisión, en esta ocasión los jueces Lauría y Escobar Cuello tuvieron en cuenta el dictamen del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, firmado el 22 de septiembre último, que concluyó que “las patologías que padece no podrían ser debidamente tratadas en su lugar de detención, y que el contexto de encierro le impide acceder a una adecuada recuperación de éstas”.
Las condiciones de la domiciliaria
Rodríguez Valiente cumplirá la domiciliaria en la casa de su hija ubicada en el barrio Villa Palermo II de la ciudad de Resistencia. Con ese objetivo, previo al traslado deberá constituirse una comisión policial para realizar un completo informe socio ambiental, según dispuso el TOF en su resolución del 12 de octubre pasado.
Asimismo, se deberá requerir al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica de la Dirección Nacional de Readaptación Social –Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la pulsera electrónica para el control de la detención domiciliaria.
Por último, los tutores deberán suscribir un acta de compromiso con precisión de las pautas que deberá observar.