El Sindicato de Prensa SiPreBA y la Federación FATPREN expondrán este miércoles ante la CIDH lo que consideran un plan sistemático del Gobierno para hostigar a periodistas, limitar la libertad de expresión y debilitar a los medios públicos, en una audiencia que reúne a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) presentarán este miércoles 19 de noviembre a las 18.15 (hora argentina) una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia convocada en la Universidad de Miami de Estados Unidos, en el marco del 194º Período de Sesiones del organismo.
Las organizaciones sostienen que desde hace dos años el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei mantiene una política de ataque sistemático y planificado contra periodistas y trabajadores de prensa, afectando directamente el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Francisco “Paco” Rabini, secretario adjunto electo de SiPreBA y tesorero de FATPREN, explicó que uno de los ejes de estas políticas es “impedir que periodistas y trabajadores de prensa hagan su trabajo”. Señaló que estas agresiones se manifiestan en violencia digital, represión en protestas y situaciones extremas como la del fotógrafo Pablo Grillo, quien “quedó al borde de la muerte” tras recibir el impacto de un proyectil de gas en la cabeza mientras cubría una manifestación.
Rabini será uno de los representantes que tomará la palabra en la audiencia, junto a delegados de otros colectivos.
La audiencia unifica pedidos impulsados por Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ARGRA, FOPEA, SiPreBA y FATPREN, además de organizaciones sindicales, académicas, profesionales y de derechos humanos. Todas las entidades reclaman al organismo internacional que intervenga frente a lo que describen como un deterioro acelerado de las garantías democráticas para el ejercicio periodístico en el país.
Las entidades denunciantes señalaron que los ataques incluyen denuncias penales contra periodistas, represión durante coberturas, la reducción del rol de los medios públicos, el intento de cierre de la Agencia Télam, la intervención prolongada del ENACOM, la paralización de fondos FOMECA y el vaciamiento de la Defensoría del Público, medidas que – afirman – afectan la pluralidad informativa y la diversidad de voces.
En el último año, el presidente Javier Milei denunció por calumnias e injurias al menos a ocho periodistas y comunicadores: Carlos Pagni, Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico, Nicolás Lantos, Ari Lijalad y Julia Mengolini. También el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó denuncias contra Nancy Pazos y Darío Villarruel.
El secretario general de SiPreBA, Agustín Lecchi, afirmó que durante movilizaciones y protestas “más de cien periodistas y trabajadores de prensa fueron heridos o detenidos”, citando los casos de los fotógrafos Leandro Cruzado, Tomás Cuesta y Javier Iglesias, entre otros.
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