El Gobierno de Javier Milei definirá antes de fin de año un nuevo esquema de asistencia, con el objetivo de recortar la cantidad de beneficiarios, especialmente de ingresos medios, y avanzará en la desregulación del sistema eléctrico, según se desprende de la letra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los datos del RASE reflejan que actualmente hay en total 16.375.270 de usuarios de electricidad en todo el país. Según el esquema vigente, los usuarios se agrupan en tres niveles: ingresos altos (Nivel 1), que pagan la tarifa plena; ingresos bajos (Nivel 2) que reciben asistencia; e ingresos medios (Nivel 3) con un nivel de descuento menor y un bloque de consumo subsidiado más bajo.
Los N1 son 6.918.821 de hogares (42% del total), los N2 son 6.244.657 de hogares (38,1%) y los N3 son 3.211.792 de hogares (19,6%). Es decir, el 60% de los usuarios residenciales de la Argentina reciben subsidio. El servicio de energía eléctrica es el más representativo porque está presente en todo el país -muchas regiones no tienen red de gas natural- y explica casi dos tercios del gasto en subvenciones que hace el Tesoro.
El gasto en subsidios al sector energético sumó el año pasado el equivalente a USD 6.252 millones, un 35% menos que en 2023, según la consultora Economía y Energía. “Su incidencia sobre el PBI fue del 1%, el nivel más bajo desde 2009. Mientras que en 2014 los subsidios a la energía representaban el 12,1% del gasto primario, en 2024 esa incidencia se redujo al 6,5%”, detallaron.
“Entre enero y marzo de 2025, la tendencia a la baja continúa: los subsidios fueron de USD 370 millones, 44% menos que en el primer trimestre del año pasado. Se proyecta que en 2025 los subsidios totales del sector bajarán a MUSD 4.433 y representarían 0,7% del PBI, el nivel más bajo desde 2007″, proyectó Economía y Energía.
El Gobierno definirá antes de fin de año un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de electricidad y gas natural, con el objetivo de acelerar el recorte del gasto público. La intención es reemplazar la actual segmentación por ingresos en tres niveles por una única asistencia destinada exclusivamente a hogares vulnerables, según surge del acuerdo con el FMI.
El nuevo sistema excluirá a cerca de 3,2 millones de usuarios de clase media en el caso de la luz, y también a parte de los incluidos en el universo vulnerable que, por falta de acreditación, quedarían fuera del beneficio. Son los que comenzarán a pagar más cara la energía que consuman. Desde el área energética reconocen que el Estado no cuenta con información suficiente y que el cruce de datos resulta muy complejo, especialmente en los casos de beneficiarios no registrados formalmente.
No obstante, el proceso de modificación del régimen será gradual. En principio, no se prevén cambios en lo que resta del año, a menos que se requiera acelerar el ajuste fiscal, según indicaron fuentes oficiales. En las últimas semanas, la Secretaría de Energía aplicó una reducción escalonada en los descuentos que reciben los usuarios residenciales sobre el precio de la energía en sus facturas. La aceleración de la inflación en los últimos meses y la cercanía del calendario electoral son factores clave para la toma de decisiones.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, estará a cargo de poner en marcha el nuevo esquema. Ahora se suma la incógnita de si un tipo de cambio más alto, después de la salida del cepo, implicará que se reconozca un costo de la energía más alto que sea trasladado a las facturas finales o que sea cubierto con más subsidios.
Desde diciembre de 2023, las tarifas de electricidad aumentaron un 264% y las de gas un 622%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA-Conicet. Estos incrementos corresponden a hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no reciben subsidios.
La eliminación del actual esquema también es clave para cumplir otra meta establecida en el acuerdo con el FMI: avanzar en la reforma del mercado mayorista de electricidad para noviembre de 2025, con el objetivo de mejorar la competencia y aliviar la presión sobre la cadena de pagos del sector energético.
En ese sentido, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 21/2025, que habilita a las empresas a celebrar contratos libremente, sin la intermediación de la compañía estatal CAMMESA. La intención es recuperar un esquema de libre contratación similar al de los años noventa, aunque genera tensiones dentro del propio oficialismo y plantea interrogantes sobre el futuro de los subsidios.
CAMMESA se volvió un actor central en el sistema energético en las últimas dos décadas, al comprar energía a las generadoras y vendérsela a las distribuidoras, que cobran a los usuarios. Como muchos hogares no pagan el costo real de la energía, el Tesoro compensa la diferencia mediante transferencias a la empresa estatal.
El nuevo modelo apunta a canalizar los subsidios directamente a los usuarios en sus facturas, lo que permitiría que compradores y vendedores celebren acuerdos libremente. Sin embargo, para que eso funcione, será necesario que las tarifas reflejen el costo real del suministro.
Paralelamente, la Secretaría de Energía está finalizando el proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) con transportistas y distribuidoras. Este mecanismo definirá un sendero de inversión, aumentos tarifarios y un esquema de actualización mensual. Se prevé una suba en términos reales, que se aplicaría en tres tramos. A cambio, Energía pedirá, especialmente, a las distribuidoras del AMBA -Edesur y Edenor- mejoras en los índices de cortes de suministro.
Infobae