El 6 de noviembre de 2017, Antonella González murió en el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires. Tenía nueve años y era de Gualeguaychú. Desde hacía un tiempo estaba en tratamiento por una leucemia provocada por la exposición al glifosato. Poco después, su familia y otros ciudadanos de la ciudad entrerriana se organizaron para impulsar una ordenanza contra el uso del herbicida, que finalmente se aprobó en 2018. Pero la semana pasada, el Concejo Deliberante local derogó la prohibición.
“Es una pesadilla vivirlo otra vez, volver a la lucha de nuevo, nosotros estuvimos en el Concejo cuando la derogaron. Fue angustiante”, se lamentó este martes la madre de la niña, Natalia Bazan, en comunicación con la 750.
La derogación de la ordenanza cosechó el apoyo de siete concejales de Juntos por Entre Ríos y uno de La Libertad Avanza. En oposición se manifestaron tres representantes de Más Entre Ríos y un libertario. Hubo una ausencia.
“No vamos a bajar los brazos”, aseguró la mamá de Antonella. “Yo perdí a mi hija, pero no quiero que otras madres pasen lo mismo que yo, el glifosato y el cáncer hacen estragos en el ser humano”, agregó Bazan con Gustavo Campana.
Según la mujer, muchos concejales desconocen los efectos del herbicida porque los hospitales no realizan el estudio de glifosato en sangre de los pacientes, a pesar de que es vox populi dentro de las instituciones que los casos de leucemia probablemente tienen origen en la contaminación. “Fue lo primero que me dijeron, que no sienta culpa, porque uno como padre se pregunta qué hizo mal”, se lamentó.
Respecto de la negación de la dirigencia política frente a esta problemática, Bazan dijo que, si bien el estudio de sangre no se realiza en nuestro país, el impacto del herbicida en la salud está debidamente probado, pero los concejales “no leen” la información que es enviada a su despacho. “Levantan la mano y se llenan los bolsillos”, cuestionó la mamá de Antonella.
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