La entidad denuncia el cobro de peajes ilegales, la ausencia de control por parte del Estado y malversación de fondos. Las políticas del Ejecutivo para el área, aseguran desde la entidad civil, son “contrarias a los principios de legalidad, equidad y eficiencia administrativa, afectando tanto a los usuarios como al interés público”.
La Red Federal de Concesiones (RFC), que creó el Gobierno Nacional para la gestión de las rutas, quedó en el centro de las críticas. Javier Milei promueve beneficios a las concesionarias mientras los usuarios corren riesgos de accidentes fatales y los sectores productivos se quejan por el abandono de las redes viales en las que tienen que trasladar mercaderías.
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) denunciaron situaciones de irregularidad como la ausencia de caminos alternativos obligatorios por ley, el cobro de “falsos peajes y triplicados en costo”, la nulidad de garantías sobre inversión en infraestructura para evitar accidentes y la malversación de fondos.
”Para transitar no hay libertad”
En el documento titulado “Contradicciones del Gobierno Nacional – Falencias del Régimen de Concesiones Viales Nacionales por ‘falso peaje’”, la entidad también exigió que la gestión pública de las rutas vuelva a manos de Vialidad Nacional. Si bien se anunció en distintas oportunidades la disolución, la empresa estatal que en la actualidad está a cargo de la administración se llama Corredores Viales S.A.: “opera como una estructura paralela de Vialidad, limitándose al cobro de peajes, sin realizar obras, y claramente funcionando como una caja política”, remarca el informe.
La libertad de tránsito por el país, establecida en la Constitución, fue puesta en jaque con esta iniciativa. “La política de peajes contradice el principio de libertad de tránsito al imponer un cobro obligatorio”, explican desde la organización. Con el Impuesto a los Combustibles, los usuarios pagan por el mantenimiento para la utilización de los corredores, “por lo que el cobro del peaje constituye una doble imposición de carácter confiscatorio, en contravención al principio de razonabilidad tributaria”, agregan.
Malversación ”modo Milei”
El tributo a los combustibles agrega al fisco más de 3.000 millones de dólares al año. El fundamento oficial sobre la falta de recursos para el mantenimiento, entonces, resulta inverosímil. Los fondos devenidos del Impuesto a los combustibles deberían ser destinados exclusivamente a la infraestructura vial pero “son desviados hacia otros fines presupuestarios, configurando una forma de malversación de su objeto específico”, cuestionaron desde la Conaduv.
“Lo que se cobra es un impuesto al tránsito, que afecta el costo del transporte y por ende a todos los precios de la economía. Cuando uno compra un kilo de yerba está pagando el peaje. Es mentira que el peaje lo paga sólo quien usa el camino, lo paga toda la comunidad”, explicó a PáginaI12, Ricardo Lasca, miembro del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y coordinador del Conaduv.
Mientras la narrativa libertaria denosta al Estado y lo ubica como el principal obturador de la vida cotidiana, los proyectos licitados – como los Tramos Oriental y Conexión – prevén el uso de fondos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), ambos dependientes del Ministerio de Economía que encabeza Luis “Toto” Caputo, con tasas subsidiadas.
La medida “contradice las declaraciones oficiales y traslada nuevamente la carga financiera al Estado Nacional”, remarcan en el reporte. Otra falacia: el Ejecutivo había anunciado que las nuevas concesiones serían financiadas mediante inversión privada. Si no es malversación de fondos públicos, de mínima se malversa la palabra pública desde una de las instituciones más importantes para el país: la presidencia de la nación.
“A pesar de las críticas del Presidente hacia determinados sectores empresariales – a los que denominó ¨Cámara Argentina de la Corrupción¨-, las empresas que actualmente se postulan para las nuevas concesiones pertenecen, en su mayoría, a los mismos grupos económicos vinculados históricamente a la patria contratista y al ¨club del peaje¨”, detallan en el documento.
Otra vuelta a los ’90
Durante la presidencia de Carlos Menem – el mandatario que Milei toma como referencia de buen gobierno en Argentina – se implementó un esquema de concesiones similar. “En consecuencia, se repite un sistema históricamente fallido”, que se caracterizó por “su ineficiencia, falta de control estatal y ausencia de resultados concretos en materia de infraestructura vial”, analizan.
Como parte de la “ola privatizadora”, cuando se utilizaba una frase que en la actualidad cobró nueva vigencia: la reforma del estado, Menem otorgó la concesión de alrededor de 8.000 kilómetros de ruta a cambio de un sistema de peajes para financiar el mantenimiento. La norma generó un amplio descontento social y abrió denuncias de corrupción por coimas, sobre lo que fue uno de los negocios más rentables para la época.
Nuevos viejos pliegos
A pesar de que la administración libertaria sólo licitó tareas básicas de conservación y mantenimiento (corte y limpieza), las nuevas concesiones viales anticipan un aumento tarifario de más del triple y la instalación de nuevos peajes: uno cada 97 kilómetros en promedio, con el agregado de 54 estaciones de cobro, en los 9000 kilómetros que se privatizan por hasta 30 años.
Por ejemplo, el corredor de Capital Federal al Puerto de Bahía Blanca va incluir 8 peajes en 600 kilómetros y la Ruta Nacional 11 entre Chaco y Santa Fe tendrá 5 peajes durante 500 kilómetros. “Esta medida, que no contempla inversiones ni ampliación de la red, inevitablemente elevará los costos de transporte y mermará la competitividad económica nacional”, advierten.
Lasca también recordó que “Corredores Viales S.A. es una vialidad paralela creada durante la gestión de Mauricio Macri, que se limita a cobrar el peaje. Es hasta ilegal porque estamos pagándole a una empresa que no le alcanza la plata ni para cortar el pasto, debido al reducido caudal de tránsito. El promedio es de 7 mil vehículos por día, entonces no se llega a recaudar para volcar plata al camino. Se gasta en la estructura operativa para cobrar el peaje, nada más. La prueba está en lo que ocurrió desde los 90´a la fecha: no hicieron ni un camino, todo se resolvió con recursos públicos”.
Descontrol
Las distintas audiencias públicas que se llevaron a cabo durante el proceso fueron en el marco de formalismos y de carácter no vinculante. En los encuentros se plantearon requisitos para la licitación que luego anularon.
“Las concesiones viales tienen carácter de servicio público -como la luz, el gas, etc- pero no existe un ente regulador. Ese sería otro motivo que estamos analizando para evitar la operación defraudadora. Acá estamos a la buena de Dios, a pesar de lo que prometieron”, recordó Lasca.
Página 12