El juicio oral contra ocho agentes penitenciarios por la muerte de un preso en la Unidad Penal Nº6 de Corrientes en octubre de 2021, comenzó este lunes con los planteos de cada parte y sus alegatos de apertura, dos de los acusados están detenidos, mientras que otros seis llegaron al debate en libertad.
En el Tribunal de Juicio N°1, ubicado en el Edificio Patono, los jueces Ana del Carmen Figueredo, Darío Alejandro Ortíz y María Mercedes Leconte dieron inicio al debate contra ocho efectivos penitenciarios provinciales por la muerte de Héctor Ezequiel García, quien falleció el 13 de octubre de 2021 tras un episodio ocurrido en la Unidad Penal Nº6.
Víctor Molina y Héctor Ortíz son los únicos que se encuentran detenidos y están imputados por tortura seguida de muerte, mientras que Ramón Gómez, Ricardo Páez, Marcelo Alegre, Rubén Camaño Castillo, Francisco Gómez y Lucas González están en libertad porque son acusados como participes no necesarios del delito de tortura seguida de muerte.
Las autoridades, según destaca el parte del Poder Judicial de Corrientes al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, indicaron que el juicio continuará el 16, 17, 18 y 19 de diciembre y solo declararán siete testigos.
Primera audiencia
En el primer día de audiencia, el abogado de dos de los acusados, Rodolfo Cochia, tomó la palabra y planteó la nulidad del juicio, a lo que adhirieron todos los otros defensores.
El mismo planteo fue acompañado por la fiscalía, a cargo de Carlos Lertora, y rechazado por la querella integrada por Hermindo González, como abogado por parte de la madre de la víctima, y los doctores Sofia Domínguez y Jorge Isetta, miembros del Comité de Prevención de la Tortura de Corrientes.
Tras un cuarto intermedio, el Tribunal resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa ya que expresó que; “no puede volver a revisar actos que son cosa juzgada” y agregó; “este es el momento procesal oportuno para que con las pruebas se debata si los acusados son responsables del hecho”.
El caso
Según la acusación, el interno habría sido agredido por personal penitenciario durante un procedimiento en el sector de adaptación, sufriendo lesiones de extrema gravedad que derivaron en su posterior muerte, luego de ser trasladado al Hospital Escuela.
El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como tortura seguida de muerte, una figura de máxima gravedad prevista en el artículo 144 ter del Código Penal.