El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzó este lunes el juicio que tiene como único acusado al pastor evangélico y responsable de un supuesto centro de rehabilitación de adicciones Roberto Tagliabué, imputado por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral agravada, privación ilegal de la libertad, ejercicio ilegal de la medicina, comercialización de fauna silvestre y maltrato animal.
El Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal federal Laura Mazzaferri y las auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Diana Arias de la Unidad Fiscal Mar del Plata, y por la auxiliar fiscal Victoria Sassola, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), quien asistió de manera remota a la audiencia.
Mazzaferri abrió el debate con la exposición de la teoría del caso para la fiscalía: detalló los sitios involucrados para el acogimiento de las víctimas, el modus operandi “sistemático” desplegado por el acusado para su captación y la explotación laboral a la que fueron sometidas. Luego, fue el turno de la defensa para su alegato de apertura.
El debate, que está presidido por el juez Roberto Falcone, continuó con la declaración de dos víctimas, a quienes se las escuchó a puertas cerradas. El juicio se reanudará el lunes próximo, cuando está prevista la declaración del pastor -de acuerdo a lo solicitado por la defensa-, y también la de cerca de 70 testigos a lo largo de las audiencias a realizarse los días lunes.
Un “hacer sistemático”
En la presentación del caso, la fiscal reparó en que se está ante un “un hacer sistemático” por parte del acusado, que -entendió- va mucho más allá de las nueve víctimas que hoy llegan a instancia de juicio, y a las que apuesta a su reparación integral.
Mencionó que durante la investigación se obtuvo evidencia que indicaba la existencia de muchos más jóvenes que podrían haberse alojado en el “Programa Cristiano de Rehabilitación de las Adicciones” que manejaba el pastor Tagliabué.
A su vez, anticipó que no se descarta desde el Ministerio Público Fiscal la posibilidad de ampliar la plataforma fáctica, en los términos del artículo 381 del Código Procesal Penal de la Nación, en caso de que del curso del debate surjan elementos que lleven a ese camino, en tanto se logre individualizar nuevas víctimas. En ese punto, hizo saber que se encontraban trabajando con las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas en el marco de un expediente residual.
En concreto, Tagliabué está acusado de haber captado y acogido, valiéndose de su calidad de pastor de la iglesia El Shaddai -ubicada en el barrio Pueyrredon, a unos seis kilómetros del centro de Mar del Plata hacia el suroeste-, y utilizando engaños y violencias a una multiplicidad de personas -nueve son las víctimas de este caso elevado a juicio- en situación de “suma vulnerabilidad”.
Según la acusación fiscal, los hechos se encuadran entre el 2001 y agosto de 2022 cuando se realizó el último allanamiento por orden de la Justicia Federal. En su mayoría, las víctimas son varones jóvenes, en un caso un menor de edad y otro con una situación de discapacidad, que atravesaban serios problemas de adicciones, habitacionales y/o económicos, y en algunos casos también tenían conflicto con la ley penal.
Muchos fueron derivados incluso por la justicia provincial para cumplir con normas de conducta que les permitieran acceder a la suspensión de sus procesos o tener un régimen morigerado de prisión, situación que era aprovechada por el imputado, a fin de captar a las víctimas o mantenerlas en situación de explotación.
La finalidad de las maniobras investigadas, según estableció la fiscalía, era la explotación laboral, que se daba a través de la venta ambulante, la atención de dos negocios que tenía el pastor en la zona o bien con tareas de mantenimiento en la iglesia.
El circuito de captación y explotación
Para la fiscalía, se había armado un circuito para la captación, el posterior acogimiento y la explotación laboral como fin. Al analizar el mecanismo utilizado por el acusado, la representante del MPF indicó que su rol de pastor fue clave para el despliegue de sus conductas. “Dentro de un discurso espiritual y de ‘ayuda al prójimo’ (…) impartía órdenes y ejercía un absoluto control en los aspectos cotidianos de las víctimas”, dijo Mazzaferri y añadió que “ese vínculo claramente asimétrico generaba un completo sometimiento a su voluntad, coartando la autodeterminación de las víctimas, a punto tal que incluso generaba agradecimiento hacia el acusado”.
Esta desigualdad, planteó Mazzaferri, se profundizaba a través de vínculos de dependencia como los establecidos a través del Programa Cristiano para la Rehabilitación de Adicciones, que coordinaba el propio Tagliabué y que no contaba con ningún profesional de la salud para la asistencia a las personas que se acercaban ni estaba habilitado. “En lugar de brindar herramientas para lograr la autodeterminación, instituía métodos de dependencia y sumisión a la autoridad que restringían la libertad de las víctimas en lugar de fomentar la autonomía”, sostuvo la fiscal.
En relación a la captación de las personas, para la fiscalía se articulaban distintos canales en relación a las instituciones que el acusado tenía a su cargo: la iglesia, el comedor comunitario que se encontraba en el terreno anexo del templo y el denominado por el pastor como centro de rehabilitación de adicciones, que también era identificado como “el hogar”. El modo de llegar hasta allí se daba por medio de folletería, una página web e incluso, de acuerdo a la acusación, algunas de las víctimas concurrían a villas cercanas en busca de menores por indicación del propio pastor.
Además, el hogar era promocionado por Tagliabué en instituciones carcelarias y ofrecido a los tribunales de la justicia provincial para la derivación de personas en diversas situaciones legales, a fin de desarrollar tareas comunitarias y/o cumplir pautas de conducta. De esta manera, podrían fundamentar la aplicación de morigeraciones de medidas cautelares, de condiciones alternativas a la prisión o suspensiones del proceso a prueba. Al ser Tagliabué el encargado de acreditarlo, esto era utilizado -según evaluó la fiscalía- como “instrumento de sujeción de las víctimas”.
En este marco, la dinámica indicaba que aquellas víctimas que eran alojadas en el hogar se encontraban sujetas a distintas normas de conducta y condiciones, como la prohibición del uso del celular y el manejo de dinero. En este contexto, la fiscal sostuvo eran privadas de su libertad por el imputado bajo una “pseudointernación” que tenía un plazo de, cuanto menos, 45 días, período en el cual les impedía todo contacto con el exterior y se les prohibía la salida del lugar.
La explotación laboral como fin
Todas estas maniobras tenían, para la fiscalía, la finalidad de explotar laboralmente a las víctimas en distintas tareas: la venta ambulante de panificados, productos de limpieza y plantas de los emprendimientos comerciales que tenía el pastor; tareas de mantenimiento y albañilería para terceros y en sitios del circuito de captación y acogimiento –incluida la iglesia y el comedor adyacente-; y tareas comerciales en establecimientos del pastor, como un minimercado y una forrajería ubicada en la planta baja del hogar o supuesto centro de rehabilitación.
Según el MPF, más allá de que ninguna de esas actividades estaba registrada ante los organismos pertinentes, las jornadas “terminaban comprendiendo prácticamente todo el día”, y los ingresos –cuyos montos las víctimas desconocían casi en absoluto- eran administrados por el imputado, que incluso les retenía las percepciones que recibían por pensiones por discapacidad o planes sociales. Y sin perjuicio de que se publicitaba el lugar como “gratuito”, les descontaban gastos de alimentación y alojamiento, además del diezmo.
Por otro lado, se había montado un sistema de multas, como sanción económica, para aquellas víctimas que incumplían alguna de las normas que eran impuestas, y también se les descontaba importes bajo el concepto de “vale o fiados”, en relación con sumas que el acusado habría entregado a las víctimas para comprar objetos que necesitaran y que, en general, se adquirían en el minimercado de propiedad del imputado y su familia.
Finalmente, se hizo mención a situaciones de violencia que se habrían dado en el contexto de trata de personas, como así también, a situaciones de acoso sexual que, si bien no han sido imputadas en particular como casos de abuso sexual, resultan relevantes en el contexto de violencia que el pastor ejercía respecto de las víctimas, sometidas a una situación de trata de personas.
Sobre el final del alegato de apertura, la fiscal Mazzaferri reparó en la comercialización de animales exóticos y en peligro de extinción, en infracción a la Ley Nacional de Fauna. Al momento de los allanamientos, se encontraron en la forrajería de su propiedad 97 especies, además de otros 154 animales, por los cuales está acusado también de maltrato animal.
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