“Estamos en presencia de un planteo de nulidad absoluta que solo busca entorpecer una investigación en curso sobre hechos que –de momento– resultan ser de especial importancia para la sociedad en su conjunto y, en especial, para un sector poblacional como lo son las personas con discapacidad”, dictaminó el fiscal Franco Picardi, en la causa sobre las presuntas coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Fue al rechazar un pedido para anular toda la causa que había hecho el abogado de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina. Picardi defendió la validez de los audios difundidos, sostuvo que la denuncia que dio origen a la causa señalaba datos precisos sobre posibles maniobras y personas involucradas, aseguró que son asuntos de interés público y remarcó que el propio Gobierno decidió apartar de sus funciones al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, protagonista en las grabaciones, y al exencargado de Acceso a los Servicios de Salud, Diego Garbellini, con el argumento de propiciar una investigación judicial.
Hasta ahora había opinado sobre el pedido de nulidad sólo la querella de Poder Ciudadano, que solicitó rechazarlo. Entre otras cosas esa organización sostuvo que los funcionarios públicos tiene una intimidad limitada frente al “escrutinio de la sociedad” y más aún en un caso de posible corrupción, a lo que sumaron que las grabaciones habrían sido realizadas en un lugar público. Las defensas de Spagnuolo y Garbellini dijeron que no podían opinar mientras hubiera secreto de sumario, pero tampoco sumaron nada una vez que pudieron acceder a la causa. En el caso del extitular de Andis, ya pasó por distintos abogados y ahora tiene una nueva defensora oficial, que es Florencia Plazas, quien está estudiando el expediente. La última palabra la tiene el juez Sebastián Casanello, y la lógica indica que seguiría la misma línea que Picardi.
Contradicciones
El abogado Martín Magram, que representa a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker –presidente y vice de la Suizo Argentina, así como a su padre, Eduardo, principal accionista–, había planteado la nulidad con críticas a la utilización de los audios: decía que podían ser grabaciones adulteradas o creadas con Inteligencia Artificial, que habían sido obtenidas en forma ilícita en caso de que fueran reales, que la denuncia tenía “tinte político” y que si bien los audios podían motivar el inicio de una investigación penal, esto no debió ser así porque en este caso existió –según su mirada– una “excursión de pesca” que afectaría el derecho de defensa.
Según Picardi el argumento es “errado, contradictorio, carente de sustento” y solo quiere “entorpecer el desarrollo de una investigación –incipiente– que se ha llevado a cabo y se lleva, y llevará respetando las reglas constitucionales y procesales vigentes”. Entonces muestra que la defensa dice cosas contrapuestas “por las dudas”, como que los audios pueden ser inventados pero si son verdaderos se violó la intimidad.
La fiscalía se queja de que la defensa de los Kovalivker “se desliza entre afirmaciones tales como que los audios son producto de una grabación de alguien que participa en la conversación; que pudieron ser creadas por inteligencia artificial; que Spagnuolo habría sido engañado; o grabado por agentes de inteligencia y que todo conlleva a la nulidad por afectación al principio de intimidad”. “¿Cómo es posible afirmar que se viola el principio de intimidad, encima de un funcionario público con conocimiento de actividades criminales que debió denunciar, cuando se realizan puras especulaciones contrapuestas y sin fundamento?”, pregunta. Tampoco es cierto, alega, que se haya “puesto en riesgo por esta investigación la distribución de medicamentos en el país”.
La familia Kovalivker no se caracterizó hasta ahora por colaborar con la causa. Como ya informó Página/12 el día del primer allanamiento a su vivienda en Nordelta, Jonathan se escapó y probablemente se haya llevado dinero porque quedó una de tres cajas de seguridad abierta, con dólares y bandas elásticas desparramados. Cuatro días después entregó un celular reseteado de fábrica; su hermano fue atrapado a bordo de su auto con 266.000 dólares repartidos en sobres y 7 millones de pesos. La droguería Suizo Argentina no quiso entregar sus correos electrónicos corporativos y la policía se tuvo que llevar servidores. El jefe de sistema terminó denunciado.
Más que audios
Según la fiscalía, la denuncia del abogado Gregorio Dalbón tenía todos los elementos necesarios para iniciar una investigación, más allá de que luego el periodista Mauro Federico haya entregado los audios. La presentación original puntualiza el posible esquema de corrupción, las características y los personajes bajo sospecha. A su entender no se violó ninguna garantía.
Describe: “Los audios mencionados, luego replicados y difundidos por distintos medios de comunicación, darían cuenta del conocimiento de Diego Spagnuolo acerca de la posible existencia de un entramado de corrupción vinculado a las adquisiciones y contrataciones que realizaba la Andis. Al respecto, estos incluyen alusiones a diversas droguerías, entre ellas la Suizo Argentina S.A (…) este entramado, sería además gestionado y/o promovido, desde las altas esferas del Gobierno Nacional, en particular, por funcionarios/as públicos/as de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Así, en los audios difundidos, se hace mención al Presidente de la Nación, a la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, y al Subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de Presidencia, Eduardo “Lule” Menem. También, se hace referencia genérica a ‘los Menem'” y “se alude a Daniel Garbellini, ex funcionario de ANDIS; y a otros sujetos que se desempeñaron en anteriores gestiones…”
En el comienzo del expediente, dice Picardi, había más que audios. Ya existían informes periodísticos que daban cuenta de compras abultadas y dudosas a la Suizo Argentina. Las grabaciones se difundieron porque aluden a información de interés público. Pero además el propio Poder Ejecutivo Nacional el 21 de agosto apartó de sus funciones a Spagnuolo y Garbellini. En el decreto 599 señaló que el objetivo era que “el Poder Judicial de la Nación efectúe las investigaciones que resulten necesarias….”. Decía que “la prevención de conductas contrarias a la integridad pública constituye un compromiso ineludible del Estado Nacional”. Era una forma de reconocer que lo denunciado es verosímil. Las medidas impulsadas por la fiscalía fueron posteriores. El día que comenzaron, el gobierno intervino el organismo.
“¿Si el propio PEN reconoce y da entidad pública a las informaciones difundidas a partir de dos actos administrativos, qué se espera que haga la justicia penal frente a tales hechos denunciados? Hechos que, reitero, se corresponden con actos de corrupción, con afectación a la sociedad en general, y en particular, a la población destinataria de las políticas públicas sobre discapacidad”, postula el fiscal. Describe una “plataforma fáctica” de posibles “maniobras de corrupción entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. Insiste en el presunto rol de la Suizo Argentina y “otras droguerías en la recaudación o erogación de pagos indebidos, destinados a funcionarios/as públicos/as del Gobierno Nacional” en contrataciones de ANDIS.
Repara también en una entrevista que le había hecho Alejandro Fantino el 8 de julio del año pasado a Spagnuolo en el streaming “Neura”, donde deja entrever que ya se conocían “irregularidades”. “No te dejes usar porque se te nota, e incluso lo noté en tu nerviosismo, que sos un tipo que realmente sufre lo que está viendo, no estabas preparado para ver lo que viste, te asomaste a un abismo, pero ojo, no te dejes usar…”, le dice en un momento Fantino. Spagnuolo le contesta: “Yo estoy muy comprometido con ordenar esta cuestión (…) estoy obsesionado con resolver esto, no me importa si me usan o no,…”. El conductor le comenta: “Pasa esto en provincia de Buenos Aires o puede pasar en Lule, Tucumán; en cualquier localidad; te entiendo, hay que tener cuidado que no pase en Totora, Santa Fe ni en Lule, Tucumán porque vivos hay en muchísimos lados…”. Esto fue interpretado como una alusión a “Lule” Menem. En Tucumán hay una localidad llamada San Isidro de Lules.
En la causa declaró Agustín Rodríguez, que trabaja en Neura con Fantino, y dijo que Spagnuolo le había mostrado frustración por su papel en ANDIS. Le dijo que “Lule” Menem “manejaba todo”. Picardi recordó que otro testigo, el consultor y fundador de la Derecha Diario Fernando Cerimedo también dijo que Spagnuolo le describió a lo largo de 2024 el mismo esquema que aparece en los audios. Aludió los porcentajes de lo facturado que irían a la Casa Rosada y señaló a “Lule”. O sea, el extitular de ANDIS les comentaba lo mismo a varias personas, por lo tanto, dice, no tenía una “expectativa de intimidad”, más allá de que “se trata de un funcionario público con el deber de denunciar”. En los audios “habla en un ámbito público (parece un bar) con al menos otra persona” y sus interlocutores son potenciales denunciantes o testigos.
En defensa de la investigación Picardi dice que no es una opción “una reacción lenta o la inacción, mucho menos conforme los mandatos internacionales establecidos al Estado respecto de actos de corrupción”. Defendió todo lo que hizo hasta ahora.
Página/12