A pedido del titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, el fiscal subrogante Marcos Romero, la jueza federal de Garantías de esa ciudad salteña, Ivana Hernández, dio por formalizada una investigación penal seguida contra cinco gendarmes que quedaron imputados por el delito de homicidio en riña agravado por el uso de armas, por la muerte de un trabajador informal de 27 años que fue alcanzado por un disparo de escopeta en un incidente registrado hace cuatro meses en la localidad salteña de Aguas Blancas.
La imputación -formalizada en una audiencia realizada el 1° de abril pasado- recayó sobre los sargentos Néstor Ortiz y Jonatan Franco, y los cabos Marcelo Vega, Mauro Cuña y Andrés Vázquez, todos integrantes de la Sección Núcleo del Escuadrón 20 de Orán de Gendarmería Nacional.
En la presentación del caso, la fiscalía explicó que la muerte de Fernando Gómez (27) ocurrió a las 2.53 del 18 de diciembre último en el sector conocido como “Coca Quemada”, una zona rural a la vera del río Pescado, a unos 500 metros del puesto de la Sección 28 de Julio de la fuerza federal, sobre la ruta nacional 50, en Aguas Blancas.
Según llamados registrados al Servicio de Emergencia de la Policía de la Provincia 911, en ese lugar se había producido un enfrentamiento entre personal de Gendarmería y trabajadores informales, circunstancia en la que resultó fallecido Gómez.
El representante del MPF sostuvo que, de entrevistas mantenidas con diversos testigos, surgió una versión que sitúa en el escenario de los hechos a un grupo de esos trabajadores que circulaba de norte a sur desde las márgenes del río Bermejo distribuidos en varios grupos y con bultos.
Al llegar hasta el sector de “Coca Quemada”, un grupo de mujeres -conocidas como “campaneras”- divisaron al personal de Gendarmería y alertaron al resto de los trabajadores informales, tras lo cual se escucharon varias detonaciones.
En esas circunstancias, es que Gómez recibió dos proyectiles que le perforaron la tráquea y afectaron sus pulmones, lo que derivó en su deceso en cuestión de minutos, a la vez que alteró al resto de sus compañeros que, en un nuevo encontronazo con los gendarmes, atacaron a los mismo con piedras y otros elementos contundentes.
La versión de los gendarmes
En un sumario preventivo de la Sección Núcleo del Escuadrón 20, la Gendarmería se desligó de la muerte de Gómez al asegurar que dos de los efectivos realizaron diez disparos persuasivos, pero con munición antitumulto (no letal) y con el fin de liberar la zona. Además, sugirió que el joven fallecido habría sido víctima de una disputa entre los distintos grupos de trabajadores informales, supuestamente, por la mercadería que transportaban.
El reporte indicó que aquella madrugada la zona era patrullada por tres equipos. Uno de ellos, integrado por Cuña y Vázquez, fue asignado al sector conocido como “Camino pistola”, mientras que el segundo, en el que iban Franco y Vega, debía patrullar la zona de “El arbolito”; y el tercero incluía a Ortiz y quedó asignado al puesto 28 de Julio.
Según la versión dada en dicho sumario por los gendarmes, el primer equipo escuchó detonaciones de arma de fuego en cercanías del río Pescado, por lo que se dirigió hasta dicho lugar, donde había un grupo de 80 personas que se acercaba desde el cauce de agua.
Siempre según este descargo, ante ese cuadro es que le dieron la voz de alto, pero las personas hicieron caso omiso y adoptaron una actitud hostil, pues comenzaron a arrojar piedras y otros elementos contundentes. A raíz de ello, requirieron la intervención del equipo 2 (Franco-Vega), quienes realizaron los disparos persuasivos, presuntamente, con munición antitumulto.
Explicaron que realizaron un rastrillaje por la zona y hallaron 23 bultos que contenían 216 kilos de hojas de coca, 741 cartones de cigarrillos y 48 kilos con 730 gramos de cocaína, y que esa mercadería sería la que ocasionó la disputa de la cual resultaría la muerte de Gómez.
La investigación del MPF
La Sede Fiscal Descentralizada de Orán, con la intervención de la y el auxiliar fiscal María del Carmen Núñez y Francisco Valencia, y de la investigadora Analía Cabral, llevó adelante una compleja investigación, de la cual se destacaron varias medidas de pruebas que culminaron con la imputación a los gendarmes.
En la audiencia, el fiscal subrogante Romero destacó los peritajes a las armas secuestradas a los gendarmes, realizados por el personal especializado del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, dependiente de la Procuración General de la Provincia de Salta, como así también la autopsia y los informes forenses que ayudaron a establecer la causa de muerte de Gómez.
En tal sentido, señaló que a partir de todas estas medidas probatorias se pudo determinar que las causas del deceso de la víctima fueron las lesiones generadas por “dos municiones esféricas de plomo” disparadas por una escopeta, tipo de arma que, al momento de los hechos, portaban los gendarmes imputados.
También resaltó la tarea de campo realizada por investigadores de la División Homicidios de la policía salteña y una inspección ocular realizada en la escena de los hechos, la que fue encabezada por el mismo fiscal.
En razón de ello, es que formalizó la imputación contra los cinco gendarmes por el delito de homicidio en riña agravado por el uso de arma de fuego. En materia de medidas de coerción, el representante del MPF requirió a los imputados la promesa de colaborar con el proceso, la comparecencia periódica y la prohibición de salir de la provincia.
Al momento de resolver, dichos planteos fueron aceptados por la jueza Hernández, quien dio por formalizada la investigación penal y, a la vez, autorizó otras medidas de pruebas que la fiscalía lleva adelante en busca de esclarecer por completo las circunstancias y las responsabilidades de los imputados en el deceso de Gómez.
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