Daniel Fontana, integrante de la comisión directiva de la Sociedad Rural El Zapallar y presidente de Chafor, expresó el respaldo de la entidad a las medidas de reducción impositiva anunciadas por el Gobierno nacional, aunque advirtió que el alivio económico para el productor será gradual. También se refirió al impacto de los costos de producción, la situación de la ganadería, el futuro de las retenciones y la preocupación por el ajuste en el INTA.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa (Chafor) manifestó una postura favorable ante los recientes anuncios económicos del presidente Javier Milei orientados a reducir la presión impositiva sobre el sector agropecuario, aunque advirtió que las medidas todavía tienen un alcance limitado frente al aumento de costos productivos.
En diálogo con CIUDAD TV, Daniel Fontana, integrante de la comisión directiva de la Sociedad Rural El Zapallar y presidente de Chafor, sostuvo que “todo anuncio de rebaja impositiva es bien recibido por toda la producción agropecuaria”, al señalar que el sector arrastra desde hace años una carga tributaria elevada.
En particular, remarcó el impacto de los derechos de exportación y cuestionó su continuidad. “Las retenciones producen un gran problema en la producción y hacen retroceder todo el sistema productivo argentino”, afirmó, y consideró que esa política tributaria tiene una fuerte incidencia especialmente en la agricultura.
Fontana explicó que las primeras reducciones comenzarán a aplicarse en junio para el trigo y la cebada, cultivos que requieren una elevada inversión en insumos, especialmente fertilizantes y combustibles, cuyos costos aumentaron en los últimos años producto de la situación internacional y los conflictos bélicos en Medio Oriente.
Respecto de la soja, indicó que el esquema de reducción anunciado prevé una baja gradual desde enero de 2027. Según explicó, al cierre de un eventual segundo mandato presidencial podrían acumularse reducciones de entre tres y seis puntos porcentuales, dependiendo de la evolución del esquema fiscal.
“Son medidas que hacen que el sector productivo tenga una esperanza de mediano y largo plazo de mejorar su rentabilidad, pero el impacto en el bolsillo se va a ver en el largo plazo”, señaló el dirigente rural.
“No alcanza a cubrir ni el 50% de los aumentos”
Al ser consultado sobre si las medidas resultan suficientes para compensar los incrementos en insumos como agroquímicos y combustibles, Fontana sostuvo que el alivio todavía es insuficiente.
“Lo real es que el impacto en el bolsillo es poco, teniendo en cuenta el aumento del costo de los insumos”, afirmó. Incluso mencionó informes económicos vinculados a la producción triguera según los cuales la rebaja de retenciones “no alcanza a cubrir ni el 50% de los aumentos” registrados recientemente.
Si bien destacó el gesto del Gobierno nacional, insistió en que el beneficio concreto dependerá también de factores externos, como una eventual reducción de los precios internacionales del petróleo y sus derivados.
“Todo lo que sea rebaja impositiva hay que reconocer que el Gobierno lo viene haciendo en distintos impuestos, pero evidentemente tenemos que esperar que se acomode el equilibrio fiscal y supongo que empezará progresivamente la reducción de las retenciones”, planteó.
Consultado sobre las críticas de algunos sectores respecto de que la baja gradual de retenciones en soja coincida con tiempos electorales, Fontana reconoció que podría existir esa lectura política.
“Es probable que así sea”, respondió, aunque destacó que, más allá del momento elegido, considera positivo que exista un cronograma para comenzar a reducir impuestos al sector.
“La realidad económica del país hace que evidentemente no puedan reducir de un solo golpe todas las retenciones. Es discriminatorio para el sector, pero creo que es positivo que en algún momento se empiece a revertir esto”, expresó.
También cuestionó prácticas de administraciones anteriores. “Que no pase como en otros gobiernos, donde ante el primer manotazo se recurría a las retenciones porque es un ingreso de dinero fresco y no coparticipable”, señaló.
Ganadería: reclamos por falta de políticas y comparación con Brasil
Desde su experiencia como productor ganadero y médico veterinario, Fontana remarcó que la carne no fue alcanzada por las recientes rebajas y sostuvo que la ganadería continúa siendo una de las actividades más afectadas.
“La ganadería es la producción más castigada, no solo por las retenciones, sino por la falta de políticas públicas que apuntalen a la producción”, afirmó.
En ese sentido, comparó el desarrollo argentino con el de Brasil, al que definió como un modelo de crecimiento regional. Recordó que Argentina perdió entre 10 y 12 millones de cabezas de ganado tras el cierre de exportaciones aplicado entre 2005 y 2006, y aseguró que aún no logró recuperar esos niveles.
“De 60 millones de cabezas que teníamos, hoy en el mejor de los casos estamos en 52 millones”, señaló, al tiempo que vinculó esa situación con problemas de rentabilidad y falta de previsibilidad.
Para Fontana, mejorar la rentabilidad del productor y sostener una política exportadora estable permitiría aumentar la producción y ampliar la oferta de carne para el mercado interno.
“Me interesa como productor de alimentos que el consumidor pueda acceder. La carne vacuna sigue siendo uno de los alimentos más baratos, pero impacta mucho en el bolsillo”, sostuvo.
Respecto de la preocupación por el ingreso de carne desde Brasil, relativizó su incidencia y aseguró que Argentina tiene capacidad para abastecer tanto el consumo interno como las exportaciones.
La preocupación por el INTA y el rechazo a un posible desmantelamiento
Otro de los temas abordados fue la situación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en medio de retiros voluntarios y reducción de estructura.
Fontana manifestó preocupación por el futuro del organismo y destacó su rol estratégico, especialmente para las regiones del NEA y NOA.
“Queremos un INTA eficiente que siga generando toda la información e investigación que ha venido desarrollando a través de los años”, expresó.
Si bien consideró necesario adecuar el funcionamiento del organismo a la situación económica del país, marcó un límite respecto de posibles recortes más profundos.
“No estamos de acuerdo con que el INTA se desmantele o se cierre”, afirmó, y sostuvo que esa postura es compartida “en líneas generales” por las entidades rurales que integran Chafor.