El proyecto de cabecera de este combo de iniciativas fue el de autoría del diputado del bloque NUECHI, Juan José Bergia, el 1861/2024, sobre un despacho que incluyó como agregados al 3586/24 del Ejecutivo provincial y al 3719/24 de diputados del interbloque Chaco Merece Más.
En la votación en general, se contabilizaron 16 votos a favor sobre 4 por la permanencia en cartera de los diputados Rubén Guillón, Rodrigo Ocampo, Paola Benítez y Rodolfo Schwartz (bloque Chaco Merece Más), y una abstención de Josefina González (bloque Primero Chaco). Hubo modificaciones en la votación en particular, sobre el artículo referido a la utilización de madera secuestrada que había sido cuestionado por sectores ambientalistas en los días previos.
La normativa sancionada establece multas que van de cuatro a 10 salarios mínimo vital y móvil por desmontes ilegales.
También suma agravantes cuando el desmonte se efectúe en zonas determinadas con el color amarillo en el mapa del OTBN y por la quema de productos forestales. En este caso, las multas van de seis a 12 salarios mínimo vital y móvil. Y un segundo agravante cuando se utilicen cadenas, para lo que se establece una base de 10 salarios sin techo a la hora de establecer la multa.
Asimismo, se subraya la obligatoriedad de la restauración de los bosques nativos afectados por desmonte ilegal a cuenta del infractor.
Y se incorporó el artículo 45 bis a la ley 2079-R, el que sufrió finalmente modificaciones a partir de planteamientos de organizaciones ambientalistas y de manera puntual, del diputado del PTP, Rodolfo Schwartz. En este sentido, el artículo plantea que el Estado provincial se hará cargo de la madera secuestrada por tala ilegal y deberá disponer de ella para destinarla a personas físicas o instituciones, siempre con un sentido de ayuda social.
El debate
El jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, Sebastián Lazzarini, obró de miembro informante del despacho. Aseguró que la intención de la gestión de Gobierno es “poner reglas claras y trabajar con orden. Así lo demostramos con el tratamiento de la ley OTBN que posteriormente se trabajó con la modificación de su artículo 5 por un trabajo en conjunto entre legisladores de muchos sectores, con la mesa técnica, equipo de Producción y funcionarios nacionales. Pudimos avanzar en esa modificación. El compromiso fue el de seguir avanzando y hoy tenemos la posibilidad de hacer más severas las multas”, sostuvo.
Remarcó que, durante 2022, se desmontaron de manera ilegal entre 22 mil y 23 mil hectáreas de bosque nativo. Y que en 2024 fueron más de 60 mil hectáreas. Cuestionó a la gestión de gobierno anterior y aseguró que “siempre se manejaron con irregularidades. Inventaron hasta colores para pintar los mapas, generalmente en el departamento Brown y Güemes; hoy, tenemos esta posibilidad. Creo que los profesionales de la crítica y poco trabajadores, no quieren esta ley. Esto es un pasito más para combatir este flagelo de los desmontes, hoy contamos con una gestión que quiere estar con el trabajador foresta que trabaja por derecha y quiere salir adelante”, sostuvo y adelantó el acompañamiento al despacho “para darle una herramienta fundamental a Producción, a los pequeños productores forestales. Con este sistema de OTBN no se otorgó ni un permiso y estamos trabajando para que eso se pueda solucionar, para que todos los órganos de contralor puedan trabajar”.
Desde el bloque Chaco Merece Más, Rubén Guillón recordó que en abril del año pasado se intentó avanzar en una sanción de un proyecto inconsulto, sin la participación de las organizaciones ambientalistas. Lo dijo en razón de la aprobación, en aquella oportunidad, del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), hoy judicializado.
“Nuevamente la historia se quiere repetir, creo que no es prudente ni conveniente”, planteó. Informó que, en la Comisión de Recursos Naturales, los ambientalistas de manera unánime plantearon su rechazo a la aprobación de este proyecto de ley con un conjunto de razones por el que aconsejaron no avanzar. “Dijeron que aprobar este proyecto convalidaba mecanismos de impunidad, lo dijeron abogados ambientalistas. ¿No les parece raro que al menos un ambientalista, una asociación, no acompañe este proyecto? Ninguno acompaña, todos advierten serias deficiencias en su redacción y contenido”.
“Quiero dejar clarísima mi posición, defiendo y acompaño a los productores y trabajadores forestales que lícitamente trabajan y dan trabajo a cientos de familias chaqueñas. Acompaño la actividad forestal, defiendo a los productores, pero a los que andan a la luz del día y se ajustan a la ley. De ninguna manera defiendo a los depredadores que destruyen nuestros montes, que impulsan mecanismos tramposos y no claros, que permiten atajos, cortadas administrativas. Dada la advertencia de los ambientalistas se seguirán destruyendo nuestros montes, clara es la advertencia”, sostuvo.
“Nací en un paraje, El Palenque, soy campesino, conozco las bondades del monte. Esto nos hace pasibles de sanciones incluso de orden internacional. Ningún mecanismo de consulta hubo a ninguna asociación de pueblos originarios, no fueron consultados. Debe primar la cordura y la prudencia. Llamo a la reflexión y que se hagan las cosas como se deben hacer, que se respeten los tratados internacionales. No puedo ser parte de una Cámara de Diputados que conciencia la transgresión”, dijo Guillón.
Apeló por la sanción del proyecto 3719/24 de autoría conjunta entre disputados de su bloque. “Nuestro proyecto es integral y complejo y pedimos que se someta a la consideración y consulta de nuestros pueblos originarios, existen derechos convencionales que deben ser respetados”. “En este proyecto proponemos multas extraordinarias para los que desmontan ilegalmente. de uno a 10 salarios mínimos vital y móvil. Y proponemos mecanismos de control y participación ciudadana, de asociaciones ambientalistas”, sostuvo.
Bajo esta extensa justificación, pidió que los proyectos vuelvan a comisión para que se instrumenten los mecanismos de escucha y participación del campesinado.
Desde el bloque NUECHI o NEPAR, Juan José Bergia, autor de la iniciativa de cabecera, aseguró que las iniciativas “no van en contra de nadie”. Destacó el trabajo del INTA junto con otra serie de organizaciones. “Amigos del poder siempre habrá”, advirtió.
Recordó que en 2011 presentó y se sanciono la ley 279-R del NEPAR. Reparó en que se aumentaron las sanciones del 100% hasta 400% por desmontes en tierras fiscales, por quema en zona amarilla y roja, que se incorporó como agravante la utilización de cadenas no prevista en la ley original, y que se planteó un régimen especial para que se restaure lo que se dañó en la iniciativa impulsada.
Sostuvo su rechazo explícito al proyecto del Ejecutivo que planteó que se le quite la recaudación a la Dirección de Bosques, “que se lo desfinancie con trabajadores precarizados a los que se le paga honorarios con lo recaudado”.
Mencionó que el otro proyecto, del CHMM, planteaba el incremento de multas por desmonte, pero ponía en pie de igualdad al aprovechamiento por los desmontes y creaba un comité especial.
“Pensar que hay que darle al Estado herramientas para combatirlo, crear más comisiones va a traer más problemas, equiparar al infractor con el que está dentro de la ley es complicado. En 2023, 50 mil hectáreas de desmonte; en 2024, 40 mil. Los especuladores van a seguir haciendo negocios”, aseveró.
Defendió la postura de que el Estado se adueñe de la madera proveniente de la tala ilegal, no para comercializarla, “para dársela a una escuela”, subrayó como ejemplo. “El Estado no le va a dar la madera al infractor, lean el último despacho”, subrayó. “Este diputado trabajó para leyes de la agricultura familiar, para que los consorcios ladrilleros estén en el Instituto de vivienda; trabajé para que no haya más desmontes ilegales. No tengo campos, no me interesa. Y si un ciudadano conocido debe pagar culpas, que las pague”, advirtió.
Adelantó además que va a presentar denuncias a quienes lo difamaron por el proyecto en los días previos a su tratamiento.
Posteriormente, el diputado Rodrigo Ocampo del bloque Chaco Merece Más, cuestionó que se convoque a extraordinaria y no se traten en ordinarias las leyes. Cuestionó también la falta de inclusión de sectores ambientalistas en el debate de esta en particular. Se preguntó por el exministro de Producción Hernán Halabacs, implicado en una de las causas que hoy radican en la Justicia. Recordó que está judicializada la ley de OTBN y consideró que, “lo que están buscando, a mi entender, es legalizar la ilegalidad, darle un aval al uso de madera que hoy se encuentra bajo la justicia. La mafia del desmonte existe y hay que traducir esta norma en el marco de una investigación judicial que ya empezó”.
Dijo que, desde su punto de vista, “hay que sancionar con cárcel efectiva a quienes delinquen con esto. Queremos ponerle voz a los que no tiene voz. Para quienes fumigan, desmontan, cometen delitos ambientales ya no alcanza con discutir multas sino una penar real de los responsables de lo que sucede en la provincia del Chaco”, y planteó su pleno rechazo al proyecto 1861.
Desde el Partido del Trabajo y el Pueblo, Rodolfo Schwartz, también observó la norma y adelantó su rechazo. Apeló a una planificación para “tocar los bosques” acorde a un equilibrio entre la explotación y la no destrucción de la naturaleza.
“Estoy de acuerdo en que se le cobre más por desmontes ilegales, quién no lo estaría. Pero en el artículo 45 bis de la ley dice que deberán presentar un contrato de aprovechamiento forestal. Hay que plantear las cosas con seriedad, no hay que mentir”, reprochó a sus pares.
“Estamos en desacuerdo, no solo porque no se consultó. No estoy de acuerdo con el OTBN, con los colores. No tenemos el brazo enyesado, nos debemos a la necesidad de nuestro pueblo y ahí sí hay que tener coraje. No me digan que no hay intermediarios, recontra intermediarios oficiales, no jodamos”, refutó el legislador apuntando a expresiones previas de sus pares oficialistas.
“Creemos que esto, por la seriedad que hay que darle, está legalizando los desmontes, que se pague la multa y que explote la madera”, exhortó.
Desde el interbloque de JxC. Francisco Castelán, cuestionó las razones “de quienes se oponen y dicen que se favorece al desmonte”. Recalcó que no hay delitos ambientales vigentes, sino que hay que ir a delitos alternativos para sancionarlos. “Yo hubiese puesto un poco más de rojo a la ley de OTBN. No puedo entender quien está en contra de un agravante por la utilización de cadenas, no lo entiendo”, subrayó.
Reiteró que es el Congreso de la Nación el que debe dejar expresamente determinados los delitos ambientales que hoy no existen y que desde una Legislatura provincial “no se puede hacer nada” al respecto. “Esta ley es protectora del ambiente, es todo lo contrario a lo que refieren. Si se sanciona a quien tala, se aumenta la multa ¿cuál es el problema? Tendremos que trabajar con diputados nacionales para que haya delitos ambientales. No los hay. Mi voto es afirmativo”, cerró.
Por el bloque Primero Chaco, Juan Carlos Ayala, con fuertes críticas dirigidas a la anterior gestión de gobierno, pidió por la sanción de una ley que es una alternativa y que también generará trabajo. “No se ha reforestado una hectárea”, advirtió.
“Queremos acompañar esto, nuestro bloque votará dividido, pero con las convicciones de siempre porque es necesario poner un tope a los desmontes ilegales y que de la madera se haga cargo el gobierno”, apuntó
Cerró el diputado Lazzarini de JxC y recordó el debate sobre la ley para incrementar las sanciones. Recordó las audiencias públicas por el OTBN en Los Frentones, Villa Ángela y Castelli, todas muy concurridas.
Recordó que está incluido en la ley la participación de organizaciones ambientalistas e indígenas “con un sentido más de protección y lo conseguimos con 27 o 28 votos”. Celebró también la presencia de los diputados de la “oposición fuerte de Capitanich”, para dar este debate.
“Los profesionales de la crítica poco hacen para tener propuestas superadores para trabajar. Estoy convencido que es un paso y que falta mucho por hacer y más en cuestiones de contralor”, dijo el diputado y concluyó: “Voy a acompañar convencido esta ley que es una herramienta fundamental para empezar a trabajar en serio por los desmontes ilegales en nuestro Impenetrable”.