Adrián Bellomi, cosecretario general de la CGT Chaco, y Ángel Herrera, secretario general de UATRE, recorrieron la planta de la empresa instalada en Sáenz Peña. Constataron la falta de pago de sueldos a 48 familias desde el mes de mayo, mientras evalúan medidas de fuerza por la ausencia de respuestas de la gerencia.
Ante la crítica situación que atraviesan los trabajadores de la empresa Tres Arroyos en Presidencia Roque Sáenz Peña, dirigentes sindicales provinciales se hicieron presentes en la planta. El objetivo principal de la jornada fue dialogar con el plantel y buscar alternativas para sostener las fuentes de trabajo frente a un severo atraso salarial.
La recorrida estuvo encabezada por el cosecretario general de la UATRE, Ángel Herrera y el delegado regional de la CGT Chaco, Adrián Bellomi. Ambos referentes constataron de primera mano la realidad de las 48 familias afectadas, quienes continúan sin percibir sus ingresos debido al contexto económico que impacta directamente en la operatividad del predio.
Pese a los intentos del sector sindical por establecer un canal de negociación, la gerencia local de la firma no brindó soluciones inmediatas. “Lamentablemente por parte de la empresa y de quienes están a cargo de la empresa en la provincia del Chaco no dan respuestas positivas a una necesidad tan básica como lo es afrontar los salarios de estas 48 familias”, explicó Bellomi.
Frente a este escenario de incertidumbre, las entidades gremiales priorizan las conversaciones formales, pero advierten sobre una posible escalada en el reclamo si no se regularizan las erogaciones correspondientes.
“Se ha adoptado como primera medida buscar solucionar esta situación a través del diálogo, pero de ser necesario veremos la posibilidad de llevar a cabo acciones para sensibilizar a quienes tienen la responsabilidad de velar por que estas familias cobren como corresponde”, remarcó el gremialista.
De mantenerse la falta de respuestas por parte de los gerentes de la firma, los gremios avanzarán en el corto plazo con medidas de presión directa en las instalaciones para garantizar el cumplimiento de los compromisos salariales atrasados desde mayo.