El nuevo intento del gobierno de Javier Milei de ir en contra del derecho a huelga será resistido por las centrales obreras en la Justicia. Es que equipos jurídicos de la CGT, las dos CTA y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya trabajan en presentaciones judiciales para que se declare la inconstitucionalidad del decreto 340 publicado el miércoles en el Boletín Oficial.
Con la excusa de la aprobación del Régimen de Excepción de la Marina Mercante, el gobierno nacional reeditó sus intenciones de limitar al extremo un derecho consolidado por las legislaciones locales e internacionales. Y buscó hacerlo de forma solapada a través de la modificación, mediante esa norma, de artículos de la ley de Régimen Laboral N° 25.877. Básicamente, la modificación amplió el abanico de actividades caracterizadas como esenciales y de importancia trascendental, e impuso la obligación de que los trabajadores garanticen coberturas mínimas del 50% y del 75% de prestación del servicio normal durante los conflictos laborales.
El miércoles, tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial, la CGT sacó un comunicado en el que avisó que resistiría judicialmente los alcances que tiene el decreto en la práctica del derecho a la protesta.
Desde la central obrera ratificaron a Tiempo que el equipo jurídico ya trabaja en la estrategia judicial y que a más tardar la semana que viene habría una presentación en la Justicia. Uno de los que interviene en la discusión es el abogado Pablo Topet, el mismo que patrocinó el amparo promovido a comienzos del 2024 contra el capítulo laboral del DNU 70/2023, que está en manos de la Corte Suprema.
Por otro lado, la Central de Trabajadores Autónoma y la de los trabajadores, lideradas respectivamente por Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, trabajan por estas horas en una presentación judicial unificada. Uno de los abogados que interviene aseguró a este medio que la idea es pedirle a la Justicia Laboral que declare, por vía de amparo, la inconstitucionalidad de la medida firmada por Milei en Acuerdo de Ministros.
El fino de la presentación se terminará de cerrar este viernes en una reunión entre representantes de las dos organizaciones. Entre los argumentos buscarán plantear que tanto los tratados internacionales como sus órganos de control establecen que el Estado debe garantizar el derecho a huelga y no eliminarlo. También se mencionará que solo se aceptan restricciones en actividades que puedan poner en riesgo la vida, la salud y la seguridad de las personas, algo que ya está en la legislación vigente.
“Este decreto es una copia fiel del capítulo laboral del DNU 70/2023 que fue rechazado por la Justicia en primera y segunda instancia. Por lo tanto, vamos a volver a hacer una presentación judicial unificada entre las dos CTA y estamos viendo si presentamos una denuncia conjunta de las tres centrales ante la Organización Internacional del Trabajo”, aseguró “Cachorro” Godoy a Tiempo.
En la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también decidieron redactar una presentación dirigida al Fuero Laboral. Así lo confirmó a este medio el secretario general, Rodolfo Aguiar. “Nuestro equipo jurídico está trabajando en una presentación contra el decreto 340, que no tiene ninguna posibilidad de prosperar porque vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Es un decreto que está destinado a fracasar y nosotros no lo vamos a acatar”, afirmó el dirigente.
Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y abogado de esa asociación, confirmó a este medio que irán al Fuero Laboral, y sostuvo que el decreto “es totalmente inconstitucional por el fondo y por la forma”.
“La medida implica una reglamentación irrazonable de un derecho humano fundamental como es la huelga, por un lado, y el presidente tiene prohibido arrogarse facultades legislativas, por el otro. Así que esperamos que la Justicia laboral lo declare inconstitucional a la brevedad”, expresó.
Bien podría decirse que el decreto 340 de esta semana tiene una vinculación estrecha con el capítulo laboral del famoso DNU 70/2023 que firmó Milei unos días después de asumir. Fue la primera gran batalla judicial que dio el movimiento obrero con la CGT a la cabeza y que tuvo como resultado un fallo de la Cámara del Nacional del Trabajo que declaró la inconstitucionalidad del capítulo laboral, que quedó suspendido. No obstante, como el Estado nacional apeló, la decisión final todavía está en manos de la Corte Suprema.
Tiempo Argentino