El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, Hugo Maldonado, se refirió al fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia en el marco de la sentencia 183/25, en la cual se hizo lugar parcialmente al habeas corpus presentado por la Defensora General Adjunta y el Comité Provincial de Prevención de la Tortura. El fallo exhorta a implementar la ley provincial 4033-J conforme a criterios establecidos en la sentencia, y declara la inconstitucionalidad de la inhibición permanente establecida en su artículo 2.
“El fallo por mayoría confirma la vigencia de la ley que prohíbe los celulares a personas privadas de la libertad”, interpretó Maldonado en diálogo con CIUDAD TV.
Detalló que “se puso en vigencia la ley y, cuando empezó a operar, la Defensoría General, acompañada por el Comité contra la Tortura, presentó un habeas corpus pidiendo la nulidad de la ley y planteando la inconstitucionalidad”. “Yo participé como representante del Poder Ejecutivo en los debates que se dieron oportunamente en el Superior Tribunal de Justicia”, indicó.
En relación a las críticas recibidas por la normativa, señaló que “se alude a que esta ley cercena el derecho a la comunicación de las personas privadas de la libertad”. Sin embargo, planteó que “lo que se modifica es la tecnología con la que se da el derecho a la comunicación”.
El funcionario sostuvo que el derecho a mantener contacto con familiares y defensa legal debe garantizarse por otros medios. “Tengo que bregar para que las personas privadas de la libertad tengan consagrado este derecho de comunicarse con sus familiares, como así también comunicarse con su defensa”, afirmó.
Sobre el alcance de la ley, aclaró que “en este caso, prohíbe la tenencia personal de dispositivos”. Agregó que “lo que se está discutiendo es que las personas privadas de la libertad, los presos, tengan a su disposición un dispositivo de telefonía móvil”.
Por último, explicó que “la intención o el espíritu del proyecto de ley enviado por el gobernador de la provincia y aprobado por la Cámara de Diputados pretende frenar esta tecnología al servicio de las personas privadas” de la libertad, pero sin suprimir su derecho a la comunicación mediante otros canales institucionales.