En esta nota de opinión, Pedro Peretti analiza el caso de la supuesta “cesión” de tierras a una comunidad indígena de Santiago del Estero por parte del padre del presidente Norberto “Beto” Milei.
Los medios hegemónicos titularon casi unívocamente que Norberto “Beto” Milei, padre de Javier Gerardo (tal como lo llama el ex canciller Bielsa), a la sazón, Presidente en ejercicio de la Argentina, cedió más de 3.000 hectáreas a una comunidad indígena. Lo primero que me vino a la memoria fue la anécdota de Jorge Cafrune cuando le contaron que la Duquesa de Alba había donado una propiedad, ¿donó o devolvió?, se preguntó con sorna el astuto y talentoso jujeño. Acá claramente no se cedió nada.
Lo otro que recordé fue la excelente exposición del abogado ambientalista Enrique Viale, cuando se discutió el DNU 70/ 23, y la ley Bases, en la comisión de la Cámara de Diputados de la Nación. Viale expresó que “Eduardo Elsztain, el padrino del presidente, donde está alojado, ( hotel Libertador), es el dueño de CRESUD, el mayor terrateniente de la Argentina, ¿saben cuánto desmontó?, 120.000 hectáreas, 6 veces la ciudad de Buenos Aires. En los Pozos, Salta, tiene 150.000 hectáreas pedidas más, para seguir desmontando; si sale esta Ley, las destroza, a medida de Elsztain…otro beneficiado Mauricio Macri ,su finca Yuto ya desmontó 10.000 hectáreas, y quiere 6.000 más. Y Luis Caputo el ministro de Economía de la Nación en el departamento Copos de Santiago del Estero ya desmontó 500 y quiere 1.000 hectáreas más.” Lo que no sabía Viale, ni el Mocase, ni nadie, es que la familia Milei, tenía fuertes intereses en tierras donde se aplica la ley de bosques, que Javier Gerardo modificó.
Adolfo Farías, miembro del Mocase, (acuerdista), explica en qué momento se conoció quién era el dueño del campo en disputa. “Nunca se supo bien quién era el dueño y después que ganó las elecciones Milei, se supo de la titularidad, porque la posesión siempre fue de estas 19 familias, era de esta persona, del ‘padre de la criatura’, como le digo yo”. Después de 30 años de disputa apareció el dueño, todo más oscuro que nieblas del riachuelo. O sea, el Poder Ejecutivo Nacional que preside el hijo de “Beto” Milei, modifica una ley que le beneficia directamente a él; y hay otras 300 empresas, algunas que directamente lo esponsorizan; y son las mismas, que en los últimos 30 años, han deforestado casi 7 millones de hectáreas de bosques nativos, para poner soja y vacas. Hay claramente un notorio conflicto de intereses. Son la nueva oligarquía diversificada, que en contubernio con los gobernadores, verdaderos felpudos del poder terrateniente, dilapidaron más tierra pública que Julio A Roca…El latifundio es una rémora feudal, que en Argentina está más viva y rozagante que nunca.
Javier Gerardo Milei no puede alegar desconocimiento de esta operación inmobiliaria, porque esas tierras, su familia las “adquirió” en 1995, a nombre de una empresa: “La Ponderosa”, de la cual como vimos, su padre resultó ser el principal accionista ¿habrá otros, quienes serán? Le pusieron el mismo nombre del rancho de los Cartwright, los terratenientes norteamericanos de la serie Bonanza. Son cipayos desde la cuna y en todos los detalles.
El “acuerdo” con las familias se firmó en septiembre de 2024 y consistió en la cesión de 3.300 hectáreas de un campo de 7 mil hectáreas. En el paraje de Pampa Atún, el territorio en disputa, viven las familias de la comunidad “Sentimiento de mi Tierra”, desde antes de la conformación del Estado argentino.
Dos cuestiones importantísimas. La comunidad Sentimiento de mi Tierra es preexistente al Estado Nacional; por lo tanto la sospecha de que fue una compra amañada es casi una certeza. La otra, es que el acuerdo se firma luego de sancionada la Ley Bases, y una vez asumido Milei. Hasta ahí, nadie sabía quién era el que reclamaba la propiedad de esa tierra. Se puede sospechar, con fundamentos, que se hace uso del poder del Estado a los efectos de condicionar a una parte de la comunidad para que firmen el acuerdo, aprovechando que el presidente es el hijo del que reclama las tierras, ¿no es muy descabellado, no?
Se equivocan quienes analizan que las familias de Pampa Atún, ganaron 3.300 hectáreas; los que ganaron las 3.300 hectáreas son los Milei; que compraron un campo “flojo de papeles” y lograron legalizar la mitad. El campo debe ser restituido en su totalidad a los legítimos dueños, y digo todo, no la mitad.
Ésto no significa juzgar malamente la actitud de la parte de la comunidad que aceptó. Los entiendo, en semejante ofensiva contra la “propiedad privada” de los pueblos originarios, “más vale pan duro, que ninguno”. Pero no todos los involucrados en el conflicto están conformes con el acuerdo. El ex cura Ángel Strappazzon, legendario líder campesino, co fundador del MOCASE, que recorrió la comunidad por más de 30 años, tiene una mirada totalmente distinta a la del MOCASE ( acuerdista). Sostiene que: “…la consulta nunca se hizo y la comunidad aborigen, Sentimientos mi Tierra, tiene al menos 500 miembros y sólo firmaron 19 miembros”. Strappazzon nos cuenta que sufrió dos “aprietes violentos” cuando visitaba la comunidad; uno, de encapuchados vinculados a La Ponderosa; y otro, de matones al servicio de un terrateniente-empresario español, que tenía buenas migas con Emilio Rached, ex intendente de Pintos y uno de los senadores que votó contra la resolución 125, junto a Cobos. Las tierras que quedaron para Milei son humedales muy valiosos y bosques naturales, que siguen ocupados por los habitantes originarios, quienes no reconocen la validez del acuerdo, por lo que el conflicto va a seguir”…Strappazzon sostiene que “…Farías y Aguirre, los dos operadores del acuerdo, han subarrendado una parte de las tierras que recibió Norberto Milei y han actuado en connivencia con él y no al servicio de la comunidad”.
Los medios hegemónicos ponen en primera línea la “generosidad” del padre del victimario, y después reivindican el “sospechoso” consentimiento del Mocase (acuerdista). Ambos hechos no son ni los más relevantes para el análisis, ni se corresponden con la verdad de lo sucedido. Lo primero a considerar debería ser el conflicto de intereses que se suscita cuando el hijo presidente legisla en favor del padre terrateniente. Ésto no es más que un vulgar despojo de los tantos que sufren las comunidades de campesinos y originarios, y que el campo nacional y popular no puede convalidar, ni desentenderse de ninguna manera. No hay forma de justificar o explicarlo. Está mal desde donde se lo mire.
La otra clave, es que está invisibilizada la apropiación de las tierras a las comunidades aborígenes. El sistema funciona así: se las usurpa violentamente, luego se “legaliza” en escribanías amigas, todo con la complicidad de la policía y la política lugareña, después viene el desmonte y así surgen las nuevas estancias. Las 3.300 hectáreas blanqueadas por Beto Milei son un auténtico latifundio. No se puede relativizar semejante cantidad de tierra en una sola mano y apropiada en forma “non sancta”. Sólo los estúpidos pueden alegar que el latifundio no existe o lo divide la herencia.
Por último ¿Ustedes creen que si esta disputa entre Milei (p) y el MOCASE se hubiese dado en el marco de los gobiernos de Nestor y CFK, el final sería igual o parecido?; ¿ Qué hicieron los K diferente? Sancionaron la ley N°26.160, (2006), la cual fue prorrogada en 4 oportunidades por CFK. Esta ley declaró la emergencia territorial indígena, suspendió los desalojos y ordenó un relevamiento técnico jurídico catastral para determinar las tierras ocupadas por las comunidades originarias. La misma fue derogada por Milei mediante el DNU: 1083/2024. Bingo para la familia. En el 2007, CFK sanciona la ley de Bosques Nativos, que busca frenar la deforestación.En el 2011, después del asesinato de Cristian Ferreyra, el gobierno resolvió impulsar una serie de disposiciones parlamentarias a favor del campesiando, con el objetivo de poner freno a la violencia de los sojeros en Santiago del Estero. Entre ellas, recuerdo, la convocatoria a la Comisión de DDHH de la HCDN, iniciativa que motorizó el ex diputado Edgardo Depetris. Ésto permitió llevar a juicio al autor material del asesinato, Javier Juarez, quien fue condenado a 10 años de prisión; y también al empresario sojero Javier Ciccioli, presunto instigador, inexplicablemente absuelto. Ese año, y en el mismo sentido político, se sanciona la Ley de Tierras N°26.737, que pone límites a la compra por extranjeros. Y en diciembre del 2014, se sanciona la Ley de reparación Histórica de la Agricultura familiar, la 27.118, que nunca se reglamentó, ni durante el gobierno de Mauricio Macri, ni con Alberto Fernández. En un gobierno popular serio y comprometido, como el de Cristina, no había margen para este tipo de maniobras, como la de la familia Milei, a nadie se le hubiese ocurrido usar el gobierno para cederle la mitad de un campo a un comprador trucho, y menos celebrarlo como un triunfo. Nada que festejar entonces, perdimos 3.300 hectáreas. ¡Qué pavura le tiene la política, (salvo excepciones), al latifundio !
Este conflicto de tierras, de paso, ayuda a entender,(al que quiere), por qué CFK está presa. Está recibiendo el vuelto de la derecha y el imperialismo nortemaericano por su posicionamiento a favor del pueblo y en defensa de los recursos naturales comunes, ese es el origen del odio hacia su persona. No le perdonan lo que hizo bien. Oligarquía e imperialismo son las dos palabras más certeras y modernas para describir este momento de país. Es así, sin vueltas ni eufemismos.
El odio de los terratenientes, a lo que representa CFK, se patentizó en la efusividad de las tribunas de la rural, cuando Milei se adjudicó su detención. Tenían motivos para festejar, encarcelaron a la única líder popular viva, que los enfrentó y les puso límites. El odio de la oligarquía es una cucarda, que sólo la pueden lucir con orgullo los grandes líderes populares: Perón, Evita, Néstor y Cristina.
Por eso, luchar por su libertad, es un deber moral ante la historia, como lo fue luchar por el regreso del Gral Perón.
Página/12