La concejal Lucila Masin explicó a CIUDAD TV por qué no avanzó el tratamiento del proyecto para reglamentar el uso de Uber y otras plataformas digitales. Cuestionó la falta de consenso, el alcance de las modificaciones al Código de Tránsito y Transporte y la ausencia de participación de los sectores involucrados.
La concejal de Resistencia, Lucila Masin, confirmó que no prosperó el tratamiento del proyecto para reglamentar el uso de Uber y otras plataformas digitales de transporte de pasajeros, al no haberse dado el debate necesario dentro del Concejo Deliberante ni los consensos requeridos para avanzar con una modificación de ese alcance.
“Efectivamente es un hecho y es una realidad que no prosperó el debate y la discusión respecto a la modificación del Código Único de Tránsito”, sostuvo Masin. En ese marco, cuestionó que desde la presidencia del Concejo se responsabilice a la oposición por la falta de acuerdos. “Me parece muy poco original por parte del presidente del Concejo que una vez más responsabilice a la oposición de la falta de consenso que también se genera en el cuerpo para poder aprobar una modificatoria”, afirmó.
Según explicó, el proyecto en debate implicaba la derogación de una parte sustancial del Código de Tránsito y Transporte de la ciudad. “Estas modificaciones lo que hacían es suprimir y derogar 77 artículos del Código de Tránsito y Transporte de nuestra ciudad”, señaló, y remarcó que los concejales tomaron conocimiento del alcance de esos cambios recién en la audiencia pública. “No hubo una presentación previa, no hubo el tiempo para analizarla y para identificar cada uno de estos aspectos”, agregó.
Masin indicó que algunas observaciones planteadas por su bloque, particularmente vinculadas al transporte escolar, podían incorporarse, pero no ocurrió lo mismo con otros reclamos. “No así cada uno de los reclamos también que han hecho otros sectores como por ejemplo el de taxis y remis”, precisó.
Otro de los puntos cuestionados fue la delegación de facultades al Ejecutivo municipal. “Nosotros teníamos una perspectiva respecto a la arbitrariedad o al menos a dejar abierta la ordenanza para la aplicación por parte del Ejecutivo y, por tanto, prácticamente estábamos firmando un cheque en blanco”, advirtió. En ese sentido, mencionó como ejemplo la posibilidad de que el Ejecutivo determine a futuro un cupo para las habilitaciones de plataformas digitales. “Entendemos que eso tiene que estar prefijado o al menos analizado con anterioridad”, afirmó.
La concejal también hizo referencia a antecedentes de otras jurisdicciones. “Tenemos antecedentes de otros municipios y de otras localidades de nuestro país que han regulado de manera distinta el uso de plataformas”, señaló, al mencionar los casos de Santa Fe, donde se establecieron tributos a las empresas, y Salta, donde se fijaron alcances específicos para su aplicación. “Hay una multiplicidad de antecedentes y no lo hemos visto reflejado en esta ordenanza”, remarcó.
Masin insistió en la necesidad de construir acuerdos amplios. “Hay que discutir en torno a las ideas y en torno también a los consensos y no a las imposiciones”, expresó, y sostuvo que cuando no se alcanzan esos consensos “lógicamente no tiene legitimidad” una ordenanza de este tipo. Por ese motivo, consideró necesario “darnos el tiempo para poder discutirlo y masticar un poco más cada uno de estos aspectos”.
Además, recordó que su bloque presentó una propuesta propia en agosto de 2024. “Nosotros hemos tenido la voluntad de poder discutir desde agosto del 2024 a diciembre del 2025”, indicó, y cuestionó que se haya intentado avanzar con el tratamiento en el último mes del año. “Nos parecía oportuno que volvamos a rediscutir cada uno de estos aspectos”, dijo.
Entre los puntos de esa iniciativa, mencionó la posibilidad de desarrollar una plataforma con mano de obra chaqueña. “Habíamos planteado también la posibilidad del diseño de una plataforma que sea con mano de obra chaqueña y que podamos revalorizar nuestro trabajo local”, explicó, y lamentó que esas propuestas no hayan sido consideradas.
Finalmente, Masin vinculó el debate con otras decisiones tomadas por el Concejo, como la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Estamos hablando en definitiva de una multinacional que usufructúa con el trabajo y el esfuerzo de nuestra ciudadanía y, sin embargo, no hay ningún tipo de exigencia a empresas que se quedan con recursos económicos del trabajo de los choferes”, concluyó.