Este lunes – en esa localidad – se concretó una reunión de productores autoconvocados del sector forestal, que nuclea a productores de carbón vegetal, artesanos, pulidores, fabricantes de muebles y aserraderos, quienes manifestaron una profunda preocupación por la medida cautelar dictada por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco.
En contacto con este medio, el diputado provincial (MC) Juan José Bergia señaló que, ”en este encutro los productores expresaron que dicha resolución no dimensiona el impacto económico y social que genera en el territorio, ya que afecta de manera directa a miles de familias que dependen del aprovechamiento forestal como principal fuente de trabajo y sustento”.
”Se trata, en su mayoría, de pequeños y medianos productores y pymes locales que desarrollan una actividad histórica, legal y regulada”, agregó.
Indicando que, como resultado de la reunión y en consenso con distintas Asociaciones de Productores Forestales, Cámaras de Comercio y otros sectores vinculados, se resolvió solicitar una audiencia urgente con el gobernador de la Provincia, el Ministerio de la Producción y el Fiscal de Estado.
”El objetivo es ser parte del expediente judicial y avanzar en una solución de fondo que permita reanudar la tramitación de los permisos forestales de aprovechamiento, garantizando controles adecuados y seguridad jurídica”, precisó el legislador.
Recalcando que los presentes consideraron imprescindible que se solicite la modificación de la medida cautelar para adecuarla a la realidad productiva de la provincia, diferenciando claramente dos situaciones que hoy están siendo tratadas de manera uniforme: por un lado, el aprovechamiento forestal sustentable que realizan productores e industrias locales; y por otro, el desmonte con fines agrícolas, generalmente llevado adelante por grandes empresas con objetivos y escalas totalmente distintas.
”La actividad forestal genera empleo, valor agregado local y arraigo en numerosas localidades del interior chaqueño. Proteger al productor y al industrial forestal no significa avalar prácticas ilegales, sino reconocer una economía regional que necesita reglas claras y decisiones equilibradas”, insistió Bergia.
Resaltando que, ”es necesario que la Justicia, el Estado provincial y los sectores productivos encuentren un camino común que contemple el cuidado ambiental, pero también la realidad social y económica de miles de chaqueños y chaqueñas”.