La resolución, firmada por el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, expone un escenario crítico: la empresa no tiene caja, acumula una deuda posconcursal de más de $30.000 millones, y sus principales plantas industriales fueron cerradas por decisión de sus directivos.
“La justicia concursal no ha sido pensada para gerenciar empresas, pero resulta necesario intervenir para prevenir daños mayores”, señala el magistrado en el fallo.
La intervención fue dispuesta en los términos del artículo 17 de la Ley de Concursos y Quiebras y busca evitar la “aniquilación total de la actividad productiva” y proteger “una empresa económicamente viable”. La resolución fija tres objetivos centrales: prevención del daño en curso, protección efectiva de la empresa y anticipación ante una eventual quiebra liquidativa.
El juez también dictó una medida inhibitoria anticautelar, ordenando que ningún proveedor podrá cortar servicios esenciales como electricidad, gas, seguridad o transporte. Incluso ordenó el restablecimiento de los que ya hayan sido interrumpidos. La medida también alcanza a organismos estatales como la AFIP y gobiernos municipales, aunque no impide el inicio de ejecuciones, sí suspende medidas cautelares que afecten el giro operativo.
Directorio desplazado y plan de intervención
Los directivos Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain quedaron suspendidos sin goce de sueldo y deberán colaborar con los nuevos interventores. Estos, por su parte, tienen un plazo de diez días para presentar un plan de trabajo, identificar áreas críticas, convocar equipos de gestión y articular con la sindicatura y acreedores.
La medida se fundamenta en la inacción del directorio ante el agravamiento de la crisis, la falta de propuestas para frenar la caída y la decisión unilateral de cerrar las plantas de Ricardone, Avellaneda y San Lorenzo sin prever medidas alternativas. “El actual directorio naturalizó la parálisis societaria, abrazando como única certeza la espera pasiva de un salvataje”, sostiene la resolución.
Reactivación parcial y presión sindical
La medida judicial se conoció apenas días después de que la empresa lograra reactivar parcialmente las plantas de Avellaneda y Ricardone, gracias a un acuerdo con la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías S.A., que anticiparon pagos por fasones de girasol y etanol. Ese esquema permitió abonar el 40% de los salarios adeudados de marzo y comprometió otros pagos para fin de mes. Los trabajadores aceptaron un cronograma que prevé cobrar el 80% en total, aunque el 20% restante sigue sin garantía.
Pese a ese avance parcial, Lorenzini concluyó que la estructura actual no podía continuar. “Se ha tornado evidente la falta de condiciones mínimas de previsibilidad y responsabilidad por parte del directorio, lo que impone esta intervención como única salida razonable para proteger los intereses de todos los involucrados”, escribió el juez.
Además, se señala la necesidad de evitar “el deterioro del patrimonio, la deserción de clientes y la posible pérdida de los pocos contratos aún vigentes”. En ese marco, los interventores deberán presentar un plan de acción urgente y rendir cuentas mensualmente.
Causa penal, deuda millonaria y presión política
Vicentin arrastra un default por más de u$s1.500 millones desde diciembre de 2019. En febrero de este año, la Corte Suprema de Santa Fe revocó la homologación del acuerdo preventivo aprobado en primera instancia, tras las apelaciones de varios acreedores, entre ellos el grupo Grassi. La decisión judicial volvió a foja cero el concurso e hizo latente la posibilidad de un cram down, aunque esa etapa aún no se formalizó.
En paralelo, cuatro exdirectivos de la empresa – entre ellos Roberto Gazze – continúan detenidos con prisión preventiva. La fiscalía los acusa de asociación ilícita y estafa, por presuntas maniobras de vaciamiento durante la gestión del default. Días atrás, Gert-Jan Mulder, exdirector del Rabobank Argentina, difundió una carta pública en defensa de Gazze, donde cuestionó “el tono mediático del caso” y alertó sobre el “riesgo de criminalizar la gestión empresaria”.
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