El juez federal Sebastián Casanello procesó y embargó a Héctor Martínez Sosa y Cía SA en la causa por presuntas irregularidades en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante la gestión de Alberto Fernández. También fue procesado el exadministrador general de la Quinta de Olivos, Hugo Rodríguez.
Casanello procesó a la empresa de Martínez Sosa como partícipe necesaria de negociaciones incompatibles con la función pública, mientras que Rodríguez es señalado por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe secundario, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor”.
Al exaministrador de Olivos se lo acusa por facilitar reiterados encuentros entre el broker y el Presidente en la Residencia Presidencial sin dejar constancia alguna y a sabiendas del presunto “plan criminal”.
El fallo de Casanello
“Los hechos ilícitos tuvieron como marco el escenario generado tras el dictado del decreto 823/2021 por parte del entonces presidente de la República Argentina Alberto Ángel Fernández, que imponía la obligación al sector público de contratar sus seguros en forma exclusiva con “Nación Seguros S.A.”, dice la resolución de Casanello.
En ese marco, agrega que eso fue “aprovechado por funcionarios infieles para contratar de modo irregular -y desviando el interés general- a ciertos productores de seguros (bajo las figuras de asesores directos, organizadores y masters) en las pólizas contratadas con Nación Seguros S.A.; así como a empresas de seguros como coaseguradoras en las pólizas contratadas con Nación Seguros S.A.“.
Un reciente fallo de la sala II de la Cámara Federal porteña apuntó que desde la asunción de Fernández, Héctor Martínez Sosa percibió el equivalente al 59,6 por ciento de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales.
Según el juez Casanello, la empresa del broker cercano a Alberto Fernández habría sido beneficiaria de comisiones por $416.546.348,81.
El magistrado dispuso también el procesamiento de otras empresas, entre ellas Bachellier S.A., San Germán Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.
Página/12