El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, solicitó este martes que se revoque el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en el reparto de seguros durante su gestión en organismos públicos. Consideró insuficientes las pruebas que implicarían al expresidente. La defensa también solicitó levantar las restricciones y cuestionó el embargo millonario.
Agüero Iturbe consideró que aún faltan medidas de prueba antes de avanzar con la imputación. Entre ellas, pidió la declaración del excanciller Santiago Cafiero, para “verificar todo lo necesario que respalde el rol que se le atribuye” al expresidente, según explicaron fuentes judiciales.
En paralelo, el fiscal propuso dictar la falta de mérito de Fernández. La decisión final dependerá de los jueces de la Sala II de la Cámara, Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun, quienes deberán resolver no solo la situación de Fernández, sino también la de otras 32 personas procesadas en el mismo expediente. No están obligados a seguir el criterio fiscal y pueden fallar en cualquier sentido.
El procesamiento de Fernández fue dictado en julio por el juez Sebastián Casanello, quien consideró que existían elementos suficientes para imputarlo por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Según el magistrado, Fernández habría intervenido para favorecer los negocios del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, vinculado a su círculo íntimo, cuya pareja, María Cantero, trabajaba como secretaria del expresidente.
Sin embargo, el fiscal Agüero Iturbe sostuvo que los elementos existentes son “insuficientes” para sostener la acusación, según indicaron fuentes judiciales. La defensa de Fernández, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, presentó un escrito en el que se alinea con el fiscal y pidió la revocación del procesamiento.
Barbitta argumentó que el proceso vulneró el principio de congruencia, ya que habría diferencias entre los hechos que motivaron la indagatoria ordenada en noviembre por el juez Julián Ercolini y el procesamiento dictado por Casanello en julio, que introdujo nuevas calificaciones. Además, recordó que el juzgado donde tramita el expediente estuvo vacante tras el fallecimiento del juez Claudio Bonadio y cambió de subrogancia.
Por último, la defensa solicitó levantar la prohibición de salir del país y el embargo de más de 14 mil millones de pesos, considerándolo “desproporcionado”. Según el procesamiento de Casanello, las comisiones de Martínez Sosa durante el gobierno de Fernández ascendieron a 2.252 millones de pesos, casi el 60% del total pagado por Nación Seguros.
C5N