Darío Gómez, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, adelantó que el organismo apelará la sentencia de la Cámara del Crimen de Charata que este martes resolvió absolver a los cuatro agentes policiales que llegaron a juicio imputados por los delitos de tortura seguida de muerte y falsedad ideológica. El tribunal dio por acreditada la versión policial y consideró que la víctima falleció por sus condiciones de salud previa.
“Nos sorprendió mucho, si bien no esperábamos el máximo de pena que se había solicitado por parte del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Gómez y apuntó que al delito de tortura seguida de muerte corresponde perpetua y también el crimen de falsedad ideológica en el caso de uno de los imputados.
Para el titular del Comité, “por cómo se fueron dando las seis audiencias del juicio era evidente que el juez y el tribunal que integraba no iban hacia esa dirección”. Si bien aseguró que durante las audiencias del juicio ocurrieron “una serie de situaciones que nos hicieron un cierto ruido de alerta”, se mostró desconcertado por la sentencia atento a la contundencia de “todas las alegaciones, de los testimonios, las documentales, más de 60 o 70 videos de vecinos de Cámara de Seguridad”, entre otras pruebas.
“A Leo lo suben a la camioneta de la Policía con vida y a los 20 minutos llega muerto al hospital. Eso se llama, en cualquier lugar del mundo, muerte en custodia, es responsable el Estado por lo que le pasó y, sin embargo, este tribunal se dedicó a buscar lo que se conoce como la mala víctima, no investigó a los policías y sí a la víctima”, acusó Gómez sobre el desempeño de los jueces Juan Carlos Clauster, Lorena Cimbaro Canella y Sergio Benito y remarcó que la sentencia fue “tremenda, con un lenguaje estigmatizador, discriminatorio y sin elementos”.
En ese contexto, reiteró la denuncia realizada en otras instancias del juicio frente a la “presión ejercida por el jefe de la Policía”. “Recordemos la visita a los imputados cuando estaban detenidos, la foto, las declaraciones públicas, la presión que eso significa para los ciudadanos que tienen que testimoniar. Todos necesitamos de la Policía, pero cuando la misma actúa de manera corporativa, la gente retrocede en los testimonios y esto lo vemos en los casos que nos toca trabajar y querellar; realmente nos preocupa que estas actitudes sigan permitiendo la impunidad de la brutalidad policial en la provincia del Chaco”, advirtió.
“La familia de Leo la tomó muy mal, muy dolidos y compungidos porque esperaban como una actitud reparatoria por parte del Estado, al hijo lo perdieron y no lo recuperan y se encontraron con un pedido de absolución”, aseveró Gómez y recordó que “primero fue el sopapo de la fiscal Rinaldis, la fiscal de Villa Ángela que se hizo conocida por no acusar, y eso fue tremendo”.
“Hoy la sentencia del juez Clauster que toma y adhiere a los alegatos de la propia fiscal y de la defensa de las policías, es algo que no estamos acostumbrados a ver, una sentencia que pone en pie la igualdad las argumentaciones dadas por los defensores de la policía y la representante del Ministerio Público Fiscal, que fue el ministerio que armó esta causa y que hizo la elevación de la misma. Da indignación”, expresó.
Gómez anticipó que trabajarán en la apelación y para eso resta ver la sentencia completa. “Por otro lado, vamos a hacer un pedido y en queja también de las filmaciones. Esa otra barbaridad de este juez, es un juicio oral y público y no nos permitió acceder a las filmaciones para poder armar bien la acusación y ahora la apelación, así que otra irregularidad que también encontramos en el accionar de este tribunal”, señaló.
“Si esto no es tortura seguida de muerte, como bien calificó la doctora Silvia Slusar (fiscal de Derechos Humanos adjunta) cuando hizo la elevación a juicio, no sabemos qué es. A Leo, después de correr más de una hora aproximadamente porque lo sigue la Policía, lo suben a la camioneta en buen estado, sin golpes; cuando él llega al hospital minutos después, llega sin vida y con toda una serie de laceraciones que quedaron demostradas sobre todo en el informe de la re-autopsia y que fueron muy bien expuestas por la directora del propio IMCIF, que es nuestro instituto de mayor prestigio”, detalló el titular del Comité.
“El hecho de que se le permita a la Policía hacer las declaraciones que están haciendo, propias de una figura política, no de una persona que de manera técnica tiene que conducir una fuerza de seguridad, demuestran que hay un aval político y vientos que soplan que avalan estas actitudes”, apuntó.