Daniel Pitón aseguró que le exigieron hablar de pagos y que terminó incriminándose para evitar una detención. Hasta ahora, esa acusación solo había sido sostenida por los abogados defensores.
En el marco de la causa Cuadernos, que investiga una presunta red de sobornos durante el kirchnerismo, un empresario sostuvo ante el tribunal oral que su declaración en la etapa de instrucción fue falsa y que la realizó bajo presión para evitar una detención. Se trata de Daniel Claudio Pitón, quien aseguró que en el juzgado que encabezaba el fallecido juez federal Claudio Bonadio fue inducido a incorporar en su testimonio referencias a supuestos pagos que, según afirmó ahora, nunca existieron.
Durante su exposición, Pitón relató que desde hacía tiempo buscaba declarar para explicar las circunstancias en las que prestó testimonio en la instrucción. Según reconstruyó, al momento de ser citado junto a su hermano José Luis, entonces presidente de la empresa familiar, la defensa no contaba todavía con las pruebas de la imputación. En ese contexto, describió un clima de temor entre los empresarios convocados a Comodoro Py, quienes, dijo, llegaban con “los mismos miedos e incertidumbre” ante la posibilidad de quedar detenidos ese mismo día. “Nos vimos en la obligación de mentir para no ir presos”, remarcó.
El empresario explicó que concurrieron al juzgado con un escrito preparado por sus abogados, en el que, según señaló, intentaban responder a lo que entendían que interesaba al magistrado sin faltar a la verdad. “Hay una línea fina entre decir la verdad y direccionar una declaración”, sostuvo, al tiempo que remarcó que incluso ofrecieron voluntariamente sus teléfonos celulares al finalizar la presentación. Sin embargo, indicó que tras entregar el documento fueron obligados a esperar cerca de una hora y media mientras un empleado lo llevaba al despacho del juez para obtener su aprobación.
De acuerdo con su relato, luego de esa espera el abogado de la familia fue informado de que el escrito “no era suficiente” y que debían referirse específicamente a pagos. “Estábamos en shock”, afirmó Pitón, quien señaló que en ese momento entendieron que, si no modificaban la declaración, podían quedar presos. Según dijo, fue entonces cuando decidió asumir personalmente la exposición oral para permitir que su hermano evitara consecuencias procesales más graves.
Pitón afirmó que, a raíz de esa decisión, terminó procesado, mientras que el procesamiento de su hermano posteriormente fue revocado. En uno de los pasajes más delicados de su declaración, sostuvo que el acta labrada en aquella audiencia “no refleja la verdad” y que lo que dijo entonces fue únicamente para retirarse del juzgado sin quedar detenido. “Lo que dije fue para no ir preso”, aseguró ante los jueces, en línea con una estrategia defensiva que hasta ahora había sido planteada por varios abogados, aunque sin que sus clientes la ratificaran personalmente en audiencia.
El empresario también se refirió al origen y dimensión de la firma familiar, dedicada históricamente al transporte, movimiento de suelos y construcción, con base en Entre Ríos. Remarcó que se trata de una empresa de escala mediana, con participación en siete obras públicas, todas en su zona de influencia y de menor porte respecto de otros expedientes incluidos en la causa. En ese sentido, negó haber cometido delito alguno y afirmó que las obras cuestionadas eran “irrelevantes” dentro del volumen general del expediente.
En otro tramo de su declaración, Pitón se refirió a su vínculo con Ernesto Clarens, uno de los nombres centrales en la investigación. Según relató, en medio de demoras en los pagos de obras públicas acudió al organismo correspondiente para consultar por la situación, donde le sugirieron hablar con el financista. Aseguró que Clarens le ofreció servicios financieros, seguros de caución e incluso alquiler de equipos, pero negó de manera terminante haberle entregado dinero. “Yo a Clarens no le di ni un peso”, afirmó.
La declaración de Pitón adquiere relevancia porque, hasta ahora, varios defensores habían sostenido que sus clientes fueron presionados o extorsionados para acogerse al régimen del arrepentido, aunque los propios imputados evitaban ratificar esa versión ante el tribunal. Su testimonio abre así un nuevo frente en el debate oral sobre la validez de algunas de las declaraciones recogidas durante la instrucción de la causa.
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