El testigo detalló ante el Tribunal del caso Cuadernos cómo fueron las tratativas, admitió que participaron funcionarios del kirchnerismo pero dijo no haber sabido sobre pedidos de dinero.
Un directivo de la empresa Techint negó este jueves haber estado al tanto de pedidos de dinero por parte de funcionarios argentinos o venezolanos para interceder en las negociaciones por la nacionalización de Sidor en este último país, al declarar como testigo en el juicio de los “cuadernos de la corrupción”, ante el Tribunal Oral Federal 7.
Se trata de Pablo Brizzio, directivo de Techint, quien dio detalles del proceso de nacionalización en 2008 y el clima de tensión en el cual un centenar de empleados argentinos con sus familias tuvo que dejar Venezuela durante el chavismo. Dijo que los contactos a nivel político estuvieron a cargo de Luis Betnaza, responsable de Relaciones Institucionales de la siderurgica.
Betnaza y el ex director de Techint Héctor Zabaleta declararán como testigos en el juicio el martes próximo. Ambos estuvieron procesados en la investigación del caso Cuadernos por el pago de sobornos en el kirchnerismo pero fueron sobreseídos porque la Justicia entendió que lo hicieron por motivos “humanitarios”, para que funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner intercedieran ante Hugo Chávez y lograran la salida del país de los empleados argentinos.
Brizzio dijo este jueves que uno de los participantes en las negociaciones fue el acusado José María Olazagasti. Mencionó que la gestión ante Venezuela fue exitosa porque se evitó tener que recurrir a un tribunal internacional a reclamar la compensación por la nacionalización y comenzó en cambio una negociación que terminó en un acuerdo económico. Sin embargo, aseguró que nunca supo de pedidos de dinero a cambio de ello.
En las anotaciones del remisero arrepentido Oscar Centeno -los “cuadernos”- figuran ocho supuestos episodios de pago de sobornos y presuntos contactos de directivos de Techint con el ex funcionario de Planificación Federal del kirchnerismo Roberto Baratta, quien sí está procesado por estos pagos ilegales.
Estaba previsto escuchar en esta jornada a cuatro testigos, pero al inicio de la audiencia y cuando el primero de ellos ya estaba presente en Comodoro Py 2002 la fiscalía anunció que desistía de su testimonio y de otros dos convocados. Ante ello se dispuso un cuarto intermedio para esperar la llegada del único testigo que quedó para la jornada.
En el debate se juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho, a ex funcionarios de su gestión y a empresarios. En total hay 86 acusados.
La declaración del testigo concluyó poco antes del mediodía. Antes Brizzio recordó que uno de los funcionarios que intervino en las negociaciones durante el intento para evitar llegar al CIADI por el conflicto por la nacionalización de Sidor dispuesta por el gobierno de Hugo Chavez fue el ex secretario privado del ex ministro de Planificación Julio De Vido, José María Olazagasti.
La gestión “fue exitosa” porque comenzó una negociación que permitió llegar a una compensación para Techint, recordó y negó que en ese marco le hayan pedido dinero.
El juicio seguirá el martes próximo con más testigos en relación a la nacionalización de Sidor.
El ingeniero de Techint respondió preguntas del abogado Marcos Aldazábal, defensor del ex funcionario del kirchnerismo y ex jefe del remisero Oscar Centeno, Roberto Baratta.
Sidor “era una pata muy importante para nosotros. Industrialmente producía un producto que usábamos en México y en Argentina. Perder esa compañía generaba un problema operativo bastante fuerte, habíamos invertido muchísimo tiempo, muchísima plata. La intención era seguir operando”, dijo el testigo sobre lo ocurrido durante el chavismo.
Consultado por la fiscal Fabiana León, Pablo Brizzio explicó que tras la privatización y compra de Sidor en Venezuela se enviaron muchísimos trabajadores argentinos.
“Más de cien personas de Argentina fueron a trabajar en Sidor. Era una compañía que no estaba muy bien manejada antes de nuestro ingreso: producía menos de dos millones de toneladas de acero por año. Uno de los objetivos y condiciones de la privatización era que la empresa produjera más de dos millones y medio. Al momento de la nacionalización, producíamos más de cuatro millones y medio de toneladas. Mucha gente fue a Venezuela desde todas las áreas para llevar a la compañía al nivel al que llegó”
“¿Pudieron retirarse sin ningún problema?“, quiso saber la fiscal. ”Se retiraron todos, pero no fue sencillo. Había mucha animosidad por parte del gremio y de algunas autoridades contra los funcionarios argentinos, y tampoco fue un proceso inmediato. La entrega fue a fines de junio de 2008. Ese período no fue sencillo porque ya estaban en proceso de tomar posesión. El gremio estaba muy a favor de eso y quería hacerlo muy rápido. Había muchas manifestaciones contra los argentinos, incluso públicas”., respondió el testigo.
Infobae