Osuna aclaró que entre los procesamientos con prisión preventiva, dictados por la jueza federal Zunilda Niremperger días atrás, “hay imputados que ya se encontraban condenados por delitos de lesa humanidad juzgados por otras causas, como por ejemplo las anteriores Causa Caballero I, Caballero II, Caballero III y otros sí que se están sumando a esta nómina de imputados”.
Cabe señalar que la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia procesó en la semana con prisión preventiva a once oficiales y suboficiales del Ejército, la Policía del Chaco, la Alcaidía y la Unidad Penitenciaria Federal N°7 de Resistencia (ex cárcel Federal U7), por privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados en perjuicio de 23 víctimas, ocurridos el Chaco durante la última dictadura cívico-militar. Además, trabó embargos sobre sus bienes por sumas de entre diez y noventa millones de pesos.
“Las causas que se han denominado Causa Caballero tienen que ver con, mayoritariamente, delitos cometidos en la Brigada de Investigación de la Policía del Chaco. Caballero se llama básicamente porque Humberto Lucio Caballero era la persona que encabezaba la lista de imputados, por una cuestión de orden alfabético de su apellido. Pero, nosotros habitualmente la llamamos Causa Brigada porque investiga sobre todo esos delitos cometidos en la ex Brigada de Investigaciones, que es justamente donde funciona la Casa por la Memoria de Resistencia, Marcelo T. Alvear 32”, explicó el expresidente de la Comisión Provincial Por la Memoria.
Para Osuna, “es una causa importante porque se juzgan nuevos hechos, nuevas víctimas, hay algunos imputados nuevos” y porque se da en “un contexto tan complejo como el que se está viendo, donde un gobierno nacional está atacando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, está desmantelando espacios de memoria y algunos gobiernos provinciales deciden alinearse con esa línea política”.
“Como siempre y como lo hemos hecho durante muchísimos años, apostamos al camino de la memoria, el camino de la verdad y el camino de la justicia y parte de ese camino tiene que ver justamente con los procesos judiciales. Todo lo que lo que hemos dicho, todo lo que le hemos transmitido y todo la información de la cual el pueblo argentino se ha hecho carne, tiene que ver naturalmente con un proceso de prueba, con un proceso de que esa verdad salga a la luz y además en un proceso judicial garantizando todos los derechos que le asisten a cualquier imputado en el caso de estos genocidas, derechos que ellos nunca le dieron a ninguna de las personas que fueron víctimas de ellos”, planteó y advirtió que se está a la espera de que el Poder Judicial eleve a juicio oral Caballero IV.
El integrante de HIJOS Chaco también apuntó a la necesidad de expandir las investigaciones y llegar a todos los partícipes de los delitos cometidos durante la dictadura: “Estas causas mantienen vivo todo lo que ha sucedido pero también creemos muy importante poder profundizar la investigación”. “Lamentablemente en este gran proceso de juicio y castigo que hubo en la República Argentina, si bien se han podido condenar a más de mil genocidas por delitos de lesa humanidad a lo largo y ancho del país, sabemos que hay una deuda pendiente que tiene que ver con poder avanzar sobre los civiles que fueron parte clave de la dictadura y que el Poder Judicial no ha podido, no ha querido, no ha sabido avanzar en ese sentido”, expuso.
“Más allá de estas causas es importante también poder seguir profundizando las investigaciones porque no es ni más ni menos que la verdad que necesita saber el pueblo argentino y la justicia que tiene que haber para las víctimas”, expresó.
En cuanto al rol de los gobiernos y ante una gestión nacional en contra de las políticas de memoria, Osuna recordó que el “Estado ha asumido su responsabilidad y por ende ha llevado adelante las querellas tanto desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia como de la Secretaría de Hechos Humanos de la Nación”. Y reconoció que actualmente desde Nación “esa continuidad no está garantizada porque entre la suspensión de contratos que hubo se encuentran abogados querellantes en causas por delitos de lesa humanidad y obviamente que va a complicar el proceso”.
“En el orden provincial si bien existe un compromiso por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de continuar con las querellas, al día de la fecha no hemos podido tener el diálogo institucional pertinente, pero sí se han continuado en otros casos y que esperamos que en ese sentido el gobierno provincial pueda cumplir algunos de los compromisos que ha hecho para con nosotros”, señaló.
No obstante, el militante de derechos humanos aseguró que “en el caso que decidan no hacerlo, arbitrarias la forma de poder llevar las causas adelante porque, de alguna manera, siempre intentamos sobreponernos a las distintas situaciones, sabemos que estamos en un contexto muy complejo desde el punto de vista de que hay un gobierno nacional que ataca directamente a las políticas de memoria”.
“Estamos abiertos al diálogo, siempre y cuando haya voluntad de dialogar de las otras partes, poder consensuar y continuar con estos procesos que no tienen que ver sólo con quienes somos familiares o tenemos una historia con víctimas de la última dictadura sino que tiene que ver con que el pueblo argentino pueda conocer la verdad de lo que ha sucedido y que lo podamos seguir transmitiendo de generación en generación para que realmente estos hechos no sucedan nunca más”, concluyó.