Tras los procesamientos, la causa por fraude y sobornos en el área de Discapacidad avanza sobre más maniobras y posibles responsables; esta semana toma el caso el juez Lijo, con un pedido de la Cámara Federal que podría desencadenar en la caída de todo el caso
Un testigo de identidad reservada declaró durante cuatro días en la fiscalía de Franco Picardi, que tiene a su cargo la investigación de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y aportó detalles sobre cómo funcionaban los negocios de Miguel Calvete, uno de los procesados de la semana pasada en esta causa por asociación ilícita, fraude y sobornos.
Fuentes del caso relataron que la declaración de esta persona -que fue hace semanas, pero se había mantenido en reserva, en un legajo que no integra el expediente principal- es parte de la prueba que sirvió de base para los procesamientos dictados la semana pasada por el juez federal Sebastián Casanello contra el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, Calvete y otros 17 acusados, y que el testigo dio pistas para analizar registros de transacciones sobre los que trabajan los investigadores, que están convencidos de que el caso tiene interrogantes por resolver que podrían demostrar que la maniobra fue aún mayor: que hubo otros hechos delictivos y otros responsables aún no identificados. En palabras del juez, hay elementos para creer que “el esquema delictivo parecería no agotarse” en lo detectado hasta ahora.
¿Cómo sigue la investigación?
Por un lado, la fiscalía está analizando lo obtenido en allanamientos a ortopedias que les vendieron insumos a la Andis y que – según surge de comunicaciones telefónicas – tenían lazos con Calvete, informaron fuentes de la causa. En el fallo de los procesamientos, Casanello alude a una serie de ortopedias cuando dice que Calvete “habría obtenido pagos de terceras empresas por su actuación como intermediario con el organismo”. Es un rubro en el que se está explorando.
Además, está pendiente el capítulo del presunto lavado de dinero obtenido de la Andis: el juez ordenó la indagatoria de supuestos lavadores y el Ministerio Público, con intervención de la procuraduría especializada en delitos económicos (Procelac), está detrás de otros posibles hechos de lavado.
También se sigue investigando a la Droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, que por el momento quedó fuera del reparto de responsabilidades que plantearon juez y fiscal. Los investigadores quieren ver qué encuentran cuando accedan a todo el contenido de los servidores de la droguería – hay un peritaje previsto para el mes próximo – y todavía intentan abrir el teléfono Samsung de Emmanuel Kovalivker, que era uno de los directivos de la Suizo Argentina, aunque quien estaba al frente era su hermano Jonathan, que entregó un teléfono que “estaba vacío”, relataron fuentes oficiales.
Además, los investigadores pretenden hacerse de los correos corporativos de los altos ejecutivos de la compañía. Como la empresa no entregó las claves, están pidiendo la información a la prestadora del servicio en Estados Unidos, pero es un tipo de solicitud que lleva tiempo y rara vez da resultado.
Los Kovalivker tuvieron un rol central en las primeras horas de la investigación, cuando a pedido del fiscal Picardi se allanaron sus domicilios y se les secuestraron sus teléfonos. En el fallo de los procesamientos, que no los incluyen, Casanello hizo alusión a Sebastián Nuner Uner, a quien describió como un alto ejecutivo de la Droguería Suizo Argentina con “marcada influencia en el grupo” que habría hecho negocios a costa de la Andis.
Según Casanello, Nuner Uner sería “el Helvético” nombrado en un chat de audio de Pablo Atchabahian dirigido a Calvete (ambos procesados en esta causa). Se trata del mensaje, desconocido hasta esta semana, que parece aludir a la interna política libertaria entre Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem (aliados de Karina Milei).
En esa comunicación, Atchabahian dice querer “alinear” a todos los jugadores, cerrar filas y evitar la indeseada “torpeza” del “pelado” (apodo con el que llamaban a Spagnuolo). Dice que ya le informó de sus temores “al Helvético” que ese mismo día “se lo iba a informar a Rioja”.
La llegada de Lijo
Casanello tuvo a su cargo esta causa hasta el miércoles pasado como juez suplente del juzgado donde está radicado el expediente, el federal 11, vacante desde la muerte de Claudio Bonadio. El miércoles, la Cámara Federal sorteó al nuevo subrogante: Ariel Lijo, a quien el Gobierno había propuesto para integrar la Corte Suprema, que todavía no asumió el caso porque vuelve esta semana de vacaciones. Fue reemplazado jueves y viernes pasado por María Servini. El primer interrogante es si Lijo mantendrá la delegación de la investigación en el fiscal o la asumirá él.
Cuando llegue a Comodoro Py, Lijo se encontrará en la causa con una orden de la Cámara Federal para investigar si fueron manipulados los audios sobre la corrupción en la Andis adjudicados a Spagnuolo en los que se apoya la denuncia que dio origen a este caso. Varios de los acusados reclaman que la supuesta adulteración de esos audios arrastre todo el expediente y la causa se declare nula.
La primera en plantearlo fue la defensa de los Kovalivker, encabezada por el abogado Martín Magram. No le fue bien con Casanello, que esta semana volvió a rechazarle ese planteo sin peritar los audios, pero los dueños de la droguería Suizo Argentina apelaron ante la Cámara, donde es posible que su suerte sea otra.
Esta semana, con las firmas de Martín Irurzun y Roberto Boico, el tribunal hizo lugar a un viejo reclamo de Spagnuolo, anuló un fallo de Casanello y le recordó al juez que no había cumplido con la instrucción que le habían dado de que rastreara el “origen y veracidad” de aquellos audios y precisara “qué otros elementos abonaron la actividad jurisdiccional desarrollada si, como alegó la fiscalía, se ha omitido su utilización” (Picardi sostiene que su investigación fue independiente de los audios y que no los usó como prueba).
El reproche de la Cámara al juzgado fue un día después de los procesamientos, que también deberán ser revisados por el tribunal.
La Nación