El planteo se da en una causa desprendida del expediente que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El fiscal federal Carlos Rívolo solicitó la indagatoria del jefe de Sistemas de la Droguería Suizo Argentina S.A., Daniel Díaz, por haberse negado a realizar el blanqueo de claves de directivos de la empresa, lo que impidió que la Justicia pudiera acceder a los correos corporativos requeridos en el marco de una investigación judicial.
El planteo se da en una causa desprendida del expediente que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), según supo la Agencia Noticias Argentinas.
La negativa del responsable del área informática habría bloqueado el acceso judicial a los correos electrónicos cooperativos de directivos de la compañía, considerados una prueba relevante dentro de la investigación. El expediente busca determinar si existieron maniobras para obstaculizar el acceso a información que podría resultar clave para el avance de la causa.
El caso forma parte de una investigación más amplia que analiza el vínculo entre la droguería Suizo Argentina y contrataciones realizadas por la ANDIS. La empresa pertenece a la familia Kovalivker, un grupo empresario que controla la firma desde hace décadas y que actualmente está bajo la lupa judicial por su participación en operaciones vinculadas al sistema de salud pública.
Dentro de ese entramado aparece Jonathan Simón Kovalivker, uno de los accionistas relevantes de la compañía junto a su padre Eduardo y sus hermanos, quien habría ocupado una posición estratégica en la relación entre la droguería y el organismo estatal.
La causa ANDIS se inició en 2025 tras la difusión de audios atribuidos al entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, que mencionaban presuntas irregularidades en la contratación de medicamentos y posibles pagos indebidos vinculados a empresas proveedoras. A partir de esas revelaciones, la Justicia abrió distintas líneas de investigación que involucran a funcionarios y empresarios del sector.
En ese contexto, el pedido de indagatoria apunta ahora a determinar si hubo un intento de entorpecer la investigación judicial al impedir el acceso a comunicaciones internas de la empresa, una medida que podría resultar clave para reconstruir las decisiones y vínculos entre los directivos de la firma y los contratos investigados.