Una investigación de El Destape reveló que el gobierno de Catamarca ordenó pagos a clínicas y entidades vinculadas por servicios de salud. El circuito de fondos provinciales, las prestaciones médicas financiadas por el Estado y los antecedentes de denuncias por presuntos negocios cruzados entre el poder político y el clan familiar.
Entre enero y el 23 de octubre de 2026, el Ministerio de Salud de Catamarca firmó 435 resoluciones que ordenan pagar 1.773,7 millones de pesos a tres empresas y una fundación vinculadas a la familia del gobernador Raúl Jalil. El dato surge de un relevamiento propio sobre los 85 boletines oficiales y sus anexos publicados este año, donde consta cada pago con número de resolución, fecha y monto a favor de Sanatorio Pasteur S.A., Sanatorio Junín S.A., Instituto Médico Privado S.A. y la Fundación Dr. José Guido Jalil. La mayor parte de esos pagos se destinó a presuntos pacientes sin cobertura de salud, por 1.350,2 millones de pesos, en tanto que una porción -396,4 millones de pesos- cubrió con fondos provinciales un plan nacional, y en otros seis casos, por 27,1 millones de pesos, se decretó el pago sin precisar la cobertura de los presuntos pacientes beneficiados.
Un imperio heredado
El Sanatorio Pasteur nació en 1959, cuando el médico José Guido Jalil, conocido como “Tío Guido”, lo fundó junto a otros catorce socios. Tenía veinte camas. Jalil padre fue intendente de San Fernando del Valle de Catamarca entre 1987 y 1991 y murió en diciembre de 2010, a los 83 años. La dirección del sanatorio pasó a su hijo Raúl, quien amplió el negocio familiar: sumó la Clínica San Javier y creó la Fundación Dr. José Guido Jalil, que lleva el nombre del fundador. En 1988, la neuróloga Silvia Jalil, hermana de Raúl, completó la estructura empresarial que agrupa hoy al conjunto de instituciones. En sus prospectos promocionales, el propio sanatorio se define como la red de salud privada “más grande” de la provincia y uno de sus mayores empleadores.
La descripción más precisa de esa estructura la realizó el propio gobernador, obligado por ley a declarar su patrimonio. En la declaración jurada correspondiente al ejercicio 2019, cuando accedió a la gobernación, Jalil reconoció una participación del 12,5% en cinco firmas del sector salud: Sanatorio Pasteur S.A., Sanatorio Junín S.A., Instituto Médico Privado S.A., Red Colón S.A. -una cadena de farmacias- y Droguería Mitre. Instituciones que se repiten en los decretos donde constan los pagos ordenados por el gobernador.
Sanatorio Pasteur S.A. concentra el grueso de los pagos: 311 resoluciones por 1.238,8 millones de pesos. Le sigue la Fundación Dr. José Guido Jalil, con 81 resoluciones por 456,4 millones. Sanatorio Junín S.A. suma 37 resoluciones por 76,2 millones, e Instituto Médico Privado S.A. registra un pago de 2,29 millones. Los montos individuales más altos rondan los 20 y los 30 millones de pesos por resolución, casi siempre bajo la fórmula “reconocer la deuda contraída” por prestaciones de alta complejidad: radioterapia, artroscopias, centellogramas óseos, cirugías cardiovasculares. El mecanismo administrativo se repite: una resolución ministerial reconoce una deuda o aprueba un subsidio “Ad Referéndum del Poder Ejecutivo Provincial” y ordena a la Tesorería pagar de modo directo al prestador, con cargo al Tesoro provincial. Agosto concentra el pico del año, con 688,4 millones de pesos, seguido por abril, con 282 millones, y septiembre, con 257 millones, en los tres casos por tandas de reconocimiento de deudas acumuladas durante 2025.
Cobertura nacional, factura provincial
Los documentos permiten seguir la ruta del dinero, que en ocasiones tienen recorrido nacional. Ochenta y una de las 435 resoluciones, por 396,4 millones de pesos, identifican de modo textual a los pacientes atendidos como “beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud”, el esquema nacional que cubre a jubilados sin aportes y a personas con determinadas pensiones no contributivas. En varios casos el propio texto precisa el mecanismo: las resoluciones ordenan pagar “con cargo a la Fuente de Financiamiento F.F. 1.1 Fondos Provinciales” servicios que en teoría corresponden a la fuente nacional, o que autorizan sin rodeos “el cambio de Fuente de Financiamiento de origen Nacional 1.4” hacia fondos de la provincia. Dicho de otro modo: prestaciones pensadas para financiarse con presupuesto federal terminan pagadas con el Tesoro de Catamarca, y ese dinero llega a empresas que administra la familia del gobernador que firma la reasignación.
No todos los pagos responden al mismo sistema. Trescientos cuarenta y cinco resoluciones, por 1.350,2 millones de pesos, consignan de modo expreso que el paciente atendido carece de cobertura social: es la situación inversa a la anterior y la que concentra la mayor parte del gasto individual del año. Un grupo menor, seis resoluciones por 27,1 millones de pesos, nombra a un paciente puntual sin consignar su situación de cobertura, o corresponde a contratos publicitarios ajenos a una prestación médica. Tres resoluciones, sin impacto monetario, no corresponden a una prestación puntual: una ratificación administrativa interna, un aval a un programa de residencia médica y la aprobación de un convenio marco de diálisis con prestadores adheridos a Incluir Salud.
El antecedente de OSEP
El circuito del Boletín Oficial no es el único punto donde se cruzan la salud pública catamarqueña y el negocio privado de los Jalil. En junio de 2025, el diputado radical Tiago Puente presentó una denuncia penal por irregularidades en OSEP, la obra social de los empleados públicos provinciales. El caso que activó el escándalo fue el de una paciente de 17 años que necesitaba una cirugía ortognática: OSEP rechazó la derivación a un centro de Tucumán que cotizaba 13 millones de pesos y, según la denuncia, terminó derivando a la familia al Sanatorio Pasteur, donde la misma cirugía costó más del doble: 30 millones de pesos. Entre los denunciados figuran el entonces director de OSEP, Leopoldo Marchetti; la representante del Sanatorio Pasteur ante la obra social, Silvia Jalil; y el entonces gerente general de OSEP, Horacio Campazzo, que contaba paso previo por el propio sanatorio. Para la misma época el sitio ADN había publicado que el 80% de las farmacias de la provincia integra el Grupo Jalil a través de Red Colón, con 25 bocas repartidas en el territorio, y que los descuentos obligatorios a los aportantes de OSEP se dispararon hasta diez veces de un mes a otro.
Los escándalos que rodean al clan Jalil no se limitan a los negocios sanitarios. En 2019, cuando Raúl todavía era intendente de la capital provincial, la entonces diputada Paola Bazán y la concejala Silvia Fedelli lo acusaron de peculado y malversación de fondos públicos por usar recursos municipales para mejorar la infraestructura en zonas donde el Grupo Jalil tiene desarrollos comerciales, entre ellos el propio Sanatorio Junín. Tiempo más tarde, en septiembre de 2026, legisladores de la Unión Cívica Radical -Alfredo Marchioli, Alicia Paz y María Alejandra Pons- denunciaron al gobernador por una obra de costanera de más de 46 hectáreas que, según sostuvieron, encarece de forma artificial terrenos de la familia en San Fernando del Valle. La denuncia menciona además a Huasi Construcciones, empresa de Aldo Salgado, esposo de Silvia Jalil, como una de las firmas beneficiadas por contratos de obra pública.
El expediente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia identificado como “Conducta 366”, que involucra a la Federación de Clínicas y Sanatorios de Catamarca junto al Sanatorio Pasteur y la Fundación Guido Jalil, confirma que la concentración del sector sanitario provincial en pocas manos tampoco pasó inadvertida para el organismo nacional de defensa de la competencia.
El largo historial de operaciones sospechosas que involucran al Clan Jalil incluye la venta de vehículos al Estado y convenientes permisos de importación de autos eléctricos. En ese recorrido, el pago por mano propia a las clínicas de la familia desbloquea un nuevo nivel: un negocio a sola firma.
El Destape