El Gobierno argentino presentó este lunes un escrito ante la jueza de Nueva York Loretta Preska en el que le solicitó que no establezca una fecha puntual para comenzar con los eventuales embargos en caso de no presentar garantías, en el marco de la causa por la nacionalización de la petrolera YPF concretada en 2012.
El estudio de abogados que representa al país -Sullivan & Cromwell- pidió de esta forma que no se reconociera la fecha del 10 de enero como tope para que el Gobierno argentino presente garantías y, de esa manera, evitar eventuales embargos que pueda sufrir por parte de los litigantes.
En primera instancia, la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de 16.000 millones de dólares a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park.
El pedido presentado por la Argentina obligará a la jueza Preska a reconfirmar o modificar el fallo en el que estableció al 10 de enero como fecha límite para que los demandantes puedan comenzar a hurgar sobre algún activo, si la Argentina no presenta garantías.
“Mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos”, sostiene el texto presentado por el estudio Sullivan & Cromwell al que accedió Télam.
Esta presentación muestra cierto cambio de estrategia de parte del nuevo gobierno, si bien mantuvo al mismo estudio de abogados que lleva adelante la causa.
Los litigantes tendrán tiempo para expresar su opinión respecto al nuevo planteo argentino hasta el mediodía de este martes.
En diciembre ultimo, Preska accedió a eximir el pago de una fianza por el monto total del juicio, a la espera de una sentencia firme para el fallo que obliga a la Argentina a abonar un resarcimiento de 16.100 millones de dólares a Burford Capital.
“Hay un problema, porque la plata no la tenemos, pero sí tenemos la voluntad de pagar. Una de las ideas en las que estamos trabajando, es crear la ‘tasa Kicillof’; que es pagarle a este fondo con un bono perpetuo. La idea es que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof”, dijo hace un par de semanas el presidente Javier Milei, en una entrevista con LN+.
En los primeros días del corriente mes de enero, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que “la Argentina está en una situación muy complicada” respecto del juicio por la expropiación de YPF.
“Son montos que exceden a lo que uno puede suponer como un traspié menor; entendemos el desastre que se ha hecho y el desastre que la administración en aquel momento, con tal vez el exabrupto de Axel Kicillof, ha desembocado en este gran desastre que es este fallo”, completó Adorni.
El pasado 27 de noviembre, en plena transición de gobierno, Argentina solicitó a la jueza Preska una postergación del plazo de ejecución de la sentencia para la presentación de garantías.
El motivo del pedido fue que el nuevo Gobierno aún no había asumido, lo que sucedió como estaba previsto el 10 de diciembre pasado.
En ese marco, la jueza Preska concedió la prórroga.
“Esta breve prórroga le daría a la nueva administración treinta días para evaluar las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 21 de noviembre de 2023”, indicó el estudio Sullivan & Cromwell en esa oportunidad.
En la nueva presentación realizada este lunes, los patrocinantes de la Argentina señalaron que “la República no puede aceptar esta condición porque privaría a la nueva administración de la capacidad de evaluar la totalidad de la Orden del Tribunal. En particular, acelerar el cronograma de presentación de informes sobre la apelación sería un desafío debido a que los demandantes presentaron una apelación cruzada, e YPF, en respuesta, presentó una apelación cruzada, lo cual requerirá información adicional”.
Por otro lado, Preska concedió al nuevo gobierno -en otro escrito paralelo- plazo hasta el 22 de febrero para presentar los primeros argumentos contra el fallo que condena al país a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF concretada en 2012, cuando la fecha original fue fijada para el 23 enero.
Télam